Equilibrar los derechos y la ley

Los movimientos piqueteros en Argentina son una forma de expresión político-social del hecho de que en este país se ha destruido la sociedad salarial. Constituyen un universo de aproximadamente un 10% de los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar. Va a ser un fenómeno de larga duración porque su desaparición sólo se justificará cuando descienda la tasa de desempleo.
Por lo tanto, se trata de buscar un compromiso político del Gobierno, los sindicatos y los movimientos piqueteros, de manera tal de garantizar que las movilizaciones sean pacíficas y ordenadas, de que haya la posibilidad de aplicar medidas de prevención para proteger tanto la seguridad de los que participan como los derechos de quienes no son piqueteros y se sienten afectados por estas movilizaciones, que son diarias y que necesariamente tendrán que entrar en un cauce de negociación.

Andrés Gil Domínguez
Profesor de Derecho Constitucional de la UBA y de la Universidad de Salamanca. La eventual solución del problema de la protesta social de los piqueteros presenta dos aristas bien diferenciadas. La primera es macro y a futuro: desarrollar un programa económico y social sustentable que como política de Estado revierta las variables impuestas en la década del 90. La segunda es micro y actual: la aplicación judicial del mecanismo de la ponderación de derechos fundamentales para establecer en cada caso cuál derecho tiene más peso que el otro, y de esta manera poder establecer reglas que permitan diseñar pautas de actuación del Estado. Por ejemplo,

Roberto Gargarella
Profesor de Teoría Constitucional en la UBA y en la Torcuato Di Tella. protestar en la vía pública por condiciones de vida digna no es lo mismo que arremeter contra la propiedad privada o pública.
Intentar que el Congreso a priori establezca cuáles son los derechos fundamentales que prevalecen no es un camino idóneo porque carece de razonabilidad.
En primer lugar, resulta alarmante que, a la hora de pensar en la situación de los piqueteros, el debate quiera girar en torno a los niveles de represión que ellos merecen y no, por caso, en torno al especial resguardo jurídico que le corresponde a todo sector vulnerable.
El Estado tiene derecho a prevenir y reprochar las conductas constitucionalmente impermisibles.
Sin embargo, el reproche jurídico no significa, necesariamente, el recurso al derecho penal. Por otro lado, debe marcarse también que, a la hora de definir cuál conducta es permisible y cuál no, el Estado debe reconocer la responsabilidad que tiene y ha tenido en socavar el status constitucional de algunos grupos. Es el respeto por la igualdad el que exige que el Estado haga diferencias al examinar las modalidades con las que se expresan distintos grupos.

Marcelo Lascano
Economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Estas irrupciones de protesta apelando a mecanismos no convencionales, como son los cortes de rutas, bloqueos de calles, interferencias en la vida de los negocios, no pueden encuadrarse fuera de las categorías normativas que rigen en una sociedad. La más legítima protesta no puede encararse sino en el contexto normativo que regula las relaciones sociales. Querer justificar acciones fuera del marco legal, so pretexto de coartar legítimos derechos, no aporta sino la incentivación de nuevos conflictos. Decía un celebre jurista francés: de un derecho se puede usar pero no abusar.El derecho cesa donde el abuso comienza. Se abusa de la palabra represión cuando se la confunde con sanciones legales establecidas para evitar malsanos desequilibrios.

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La historia de un odio
–Víctor, ¿estás en la CTA?
–Sí, ¿por qué?
–Estoy a unas cuadras y hay un temita que me gustaría hablar con vos.
Minutos después, el auto de Eduardo Duhalde estacionaba frente a la CTA, en Independencia al 700. Víctor De Gennaro supo de inmediato el motivo de la visita: quería saber quién era y a quién respondía ese desconocido concejal de La Matanza que, por primera vez, había llevado los cortes de ruta hasta las puertas de la Ciudad de Buenos Aires.
Terminaba el 2000 y Fernando de la Rúa recién comenzaba su caída. El Presidente no sabía cómo actuar ante ese grupo, que decían llamarse "piqueteros" y llevaban diez días cortando la ruta 3, a la altura de Isidro Casanova. Al frente de ellos, los negociadores eran dos desconocidos: Luis D’ Elía, por entonces concejal del Frepaso, y Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa.
Por primera vez, los piquetes dejaban de ser propiedad exclusiva del interior y llegaban hasta el conurbano bonaerense. A la cabeza de ellos, sus líderes reclamaban para sí la distribución de los planes sociales: toda una osadía, ya que el reclamo implicaba disputarles poder a los viejos punteros políticos del PJ.
Duhalde fue el primero en advertir que los piqueteros venían a disputarles el poder territorial a las arcaicas estructuras partidarias. Y eso lo llevó hasta las oficinas de De Gennaro.
Los años pasaron, lo que nunca pasó fue la desconfianza infinita entre Duhalde y D’ Elía.
Mariana García