Una justicia con escasa credibilidad
<P>Muy poco ha mejorado la imagen que tiene la sociedad tanto de los tribunales como de los magistrados</P>
Si bien la confianza en la Justicia que tienen los argentinos registró una muy pequeña mejora en los últimos meses, según revela un reciente estudio, los índices de confianza y la percepción de la población sobre la imparcialidad, honestidad y eficiencia de nuestros tribunales continúan en niveles alarmantemente bajos que reflejan un fuerte escepticismo.
La reciente medición del índice de confianza en la Justicia (ICJ), realizada por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la Fundación Libertad y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella arrojó un ascenso de un 1,2 por ciento respecto de la última medición realizada en noviembre del año pasado. Sin embargo, es preciso señalar que, con ese aumento, el índice alcanzó un valor de sólo 48 puntos en una escala en la que 0 expresa el mínimo y 100, el máximo.
Resta agregar que, en la actual medición, el 87 por ciento de los encuestados confía poco o nada en la imparcialidad de la Justicia, y el 81 por ciento, poco o nada en su capacidad y eficiencia. Por último, el 82 por ciento de los consultados no cree en la honestidad de los integrantes del Poder Judicial.
En verdad, este tipo de resultados desalentadores se reiteran desde fines de la década de 1980.
Puede parecer injusto que, habiendo en la Justicia tantos funcionarios y empleados que cumplen su tarea con eficiencia y honestidad y en condiciones materiales altamente desfavorables, prevalezca en la sociedad una mala imagen originada en la cuestionada actuación de algunos magistrados en casos resonantes. Se trata, en efecto, de una generalización injusta, pero tampoco totalmente arbitraria, que a veces lleva a sospechar de sentencias que, en verdad, son impecables.
La imagen que de la Justicia se forma buena parte de los ciudadanos, especialmente los que no tienen que recurrir a ella o aquellos cuyo trabajo no depende de los tribunales, proviene de la información que brinda el periodismo sobre los casos más resonantes. Y buena parte de esa información suele mostrar en falta a la Justicia.
La ausencia de acción de algunos jueces y fiscales no sólo ha afectado las investigaciones que deberían haber llevado adelante (debido a lo cual algunas han prescripto), sino que empaña inmerecidamente la labor de la mayoría de sus colegas. Recordemos, como lo hicimos en otras oportunidades en estas columnas, que los tres atentados sufridos por la Argentina desde el retorno de la democracia permanecen impunes y que esta impunidad es, en parte, responsabilidad de la Justicia. Se trata de las voladuras de la embajada de Israel, de la AMIA y de la fábrica militar de Río Tercero.
También, mucho han contribuido a su imagen de lentitud e indecisión los larguísimos tiempos de causas judiciales resonantes, como las de Grassi, García Belsunce, la efedrina, el tirador de Belgrano y Arce. Basta advertir que la mayoría de los casos mencionados involucran conflictos de orden privado, mientras que las principales causas que involucran al oficialismo (sobreprecios de Skanska, enriquecimientos ilícitos varios, manipulación del Indec, peculado de bienes públicos durante la campaña electoral, etc.) no experimentan ningún avance significativo.
Como contracara de lo expuesto, los expedientes cuyo avance interesa al Gobierno, como los vinculados a la represión ilegal durante la dictadura, cuentan con todo el apoyo normativo y material necesario, lo cual es altamente positivo, pero debería ser también aplicado a las paralizadas causas de corrupción.
Tampoco ayuda a mejorar la imagen judicial la confirmación del hecho de que, según reveló LA NACION tras consultar a una decena de jueces y fiscales federales, las muchas causas en las que se investiga a funcionarios y ex funcionarios kirchneristas se activarían tras la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones legislativas. Claro que es loable su activación. Lo lamentable, en cambio, es que casi todas esas investigaciones permanecieran prácticamente paralizadas mientras el kirchnerismo se mantuvo en la cima del poder y controló políticamente al Consejo de la Magistratura, organismo de probado servilismo político y alta ineficiencia y parcialidad en la designación y remoción de jueces. Lo mismo ocurrió con Carlos Menem, tras abandonar la presidencia y perder predicamento.
Es aplicable aquí la remanida frase referida a la mujer del César, que no sólo tiene que ser honesta, sino que también debe parecerlo.