La World Wide Web permite el comercio y la comunicación social en todo el mundo. Alrededor del 60% de la población mundial tiene actualmente acceso a Internet. Es evidente que, con el triunfo de la digitalización, la delincuencia también se está desplazando cada vez más al mundo digital. Que el usuario individual pueda cometer delitos utilizando Internet como instrumento resulta posible gracias a los servicios de infraestructura de los llamados proveedores (Providers), que primero hacen posible el acceso a Internet y luego ofrecen espacio de almacenamiento o presentan los contenidos del usuario. El derecho vigente en la Unión Europea sigue comprometido con la idea de aumentar la aceptación y la difusión de Internet en la sociedad. Por tanto, los proveedores deberían, en principio, estar en gran medida exentos de responsabilidad por los delitos cometidos por terceros que utilizan sus servicios. Esto no está libre de dudas hoy en día, no solo por el poder económico de mercado de los grandes proveedores como Facebook, sino también por su importancia para la formación de la opinión política o el tono de la comunicación social. A partir del derecho alemán como ejemplo, la conferencia mostrará, en primer lugar, que los proveedores de Internet tienen actualmente un privilegio en la Unión Europea respecto de las normas generales de responsabilidad penal y, en segundo lugar, se cuestionará críticamente esta decisión básica de política jurídica. Al hacer esto último, se considerará la posibilidad de elaborar una responsabilidad penal del proveedor por omisión, según las reglas del derecho vigente, y se discutirán las opciones de reforma que podrían permitir una distribución más adecuada de responsabilidad entre los actores de Internet, como cuestión de política jurídica.