En la última década, el total de asalariados aumentó, al tiempo que se redujo la informalidad laboral y se fortaleció el poder de negociación de los grandes sindicatos. Así, muchos trabajadores lograron acercarse a la clase media.: Los caminos del ascenso social:

Desde su irrupción en 2003, en medio de la implosión neoliberal, la relación entre el kirchnerismo y las clases populares ha ido imitando. Hay ciertamente una gran distancia entre la expansión masiva del Plan Jefas y Jefes de Hogar—que, en rigor, había comenzado en el gobierno de Duhalde— para paliar la crisis social; aquella consigna que se consolidó a mediados de los años 2000, "ni palos ni planes," que implicaba apuntalar una transición ordenada al mundo del trabajo y que hacía de la "no represión" una bandera, y el presente, en donde se ha extendido la institucionalidad laboral a través de paritarias con fuerte incidencia de los convenios colectivos por actividad, el Consejo del Salario y la Paritaria Nacional Docente, entre otras, que engloban a una porción mayoritaria de la clase trabajadora. En el contexto de una década de crecimiento económico, a muchos segmentos de la clase trabajadora les ha ido mejor e incluso se acercaron a (o insertaron en) la clase media, mientras otros no perdieron pero mejoraron menos en términos relativos. En este sentido la dimensión organizativa fue crucial, ya que se trata aquí de política y no sólo de "tendencias estructurales en el mercado de trabajo". En efecto, volvieron los sindicatos, el Estado re-reguló sectores vulnerables como el del servicio doméstico y los peones agrarios, y los movimientos sociales consiguieron organizar a los trabajadores informales.

Este artículo propone resumir los aspectos más significativos de la evolución estructural de las clases populares bajo el kirchnerismo y a la vez analizar el rol que tuvo la dimensión organizativa en la trayectoria de los diferentes subgrupos. El punto central que me interesa remarcar es la siguiente paradoja: bajo el kirchnerismo las clases populares se homogeneizaron en un sentido (dada la mayor cohesión social generada por el empleo y la asalarización) pero se heterogeneizaron o fragmentaron en otro, fruto de las diversas trayectorias económicas sectoriales propias de una economía más abierta que la del siglo XX y de los diferentes recursos organizativos de los subgrupos de trabajadores. El dilema de las nuevas heterogeneidades que el modelo inclusivo ha generado se agudiza en el escenario económico actual.

La evolución en el mercado de trabajo

El saldo que la crisis del modelo económico liberal, tal como se aplicó en Argentina, dejó en el mercado de trabajo es trágicamente conocido: el desempleo, que llegó a más del 20% entre 2002 y 2003, y la informalidad laboral, que tocó un pico del 49% de los asalariados en 2003, son los aspectos más notables. Casi el 7% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, más de un millón de personas, recibía en 2003 un subsidio o plan laboral. Las grandes tendencias estructurales en la actualidad -luego del cambio de rumbo económico y laboral de 2003- son también evidentes: el desempleo bajó a un rango de entre el 7 y el 8%, la informalidad laboral se redujo 16 puntos hasta estabilizarse en alrededor del 33% desde 2011 y los receptores de planes de empleo pasaron a constituir en 2011 sólo el 1% de la PEA (1).

Detrás de esta restauración social general se esconden algunos datos que reflejan mejor este nuevo tiempo. El más general es el intenso proceso de asalarización que tuvo lugar en la sociedad argentina (2). El total de asalariados (o sea los obreros o empleados) aumentó desde 2003 un 40%, alcanzando en 2011 casi 12 millones de personas, o sea un 75,5% de la PEA, el porcentaje más alto de la historia argentina. Quienes engrosaron esa masa asalariada fueron nuevos trabajadores, desempleados, receptores de planes sociales, cuentapropistas y profesionales autónomos, la mayoría de los cuales consiguieron un empleo formal.

Una primera conclusión que podría destacarse, entonces, es que el neoliberalismo no socavó definitivamente el trabajo asalariado en favor de las ocupaciones individuales o por cuenta propia en Argentina, como sugerían algunas visiones posindustriales, sino que el ciclo posliberal produjo una gran masa asalariada que, como se verá más adelante, se encuentra organizativamente fragmentada. Dentro del colectivo de asalariados que creció, el segmento que más se amplió entre 2003 y 2011 fue el número de obreros calificados de la industria y servicios asociados (que aumentó 64%), seguido de los empleados administrativos (62,5%) y los profesionales asalariados (45,7%). Significativamente, estos sectores que más se expandieron orbitan en lo que podría llamarse clase media. Por su parte, el número de obreros no calificados en la industria disminuyó, mientras que otros segmentos, como los servicios no calificados y los trabajadores de la salud y los docentes, aumentaron en menor proporción. Sin embargo, su suerte, como la de otros grupos de trabajadores, estuvo fuertemente influida por la dimensión organizativa.

Los sectores más favorecidos

Esta dimensión organizativa y regulatoria es la que inyecta una mayor heterogeneidad en el universo asalariado reconstruido por el kirchnerismo, que por supuesto incluye, pero no se agota en, la dimensión del trabajo formal e informal. Pueden distinguirse tres etapas en el fortalecimiento organizativo de las clases populares en la experiencia kirchnerista. En el marco de una política económica expansiva y de apoyo del gobierno vía reformas institucionales (derogación de la ley Banelco, sanción de la nueva ley de negociación colectiva, puesta en marcha del engranaje de paritarias), los primeros sindicatos en resurgir, tanto en el plano de la movilización como de mayores avances en la negociación colectiva, fueron aquellos que de un modo u otro se fortalecieron en la década neoliberal. Son casos paradigmáticos el transporte de camiones, que en los años 90 fue sumando servicios desregulados o privatizados como la basura, el correo o el clearing-bancario; petroleros privados de fuerte expansión por el boom de inversión privada en el sector, autos, aceiteros o subtes. Estas actividades, que se suelen favorecer en los contextos de apertura económica e integración comercial, y que se encuentran en general ligadas al transporte o la industria exportadora o de alta rentabilidad, resultaron la vanguardia en conseguir mejores sueldos y revertir tendencias negativas para los sindicatos como la tercerización o ciertas condiciones de flexibilización laboral en sus sectores.

En una segunda etapa, y al calor del modelo económico y de la negociación colectiva que se fueron consolidando, los grandes sindicatos como, por ejemplo, los industriales de la UOM, los servicios de Comercio, Sanidad, Luz y Fuerza o Bancarios, comenzaron a recuperar terreno perdido. El de Comercio es un caso paradigmático, que de un rezago inicial pasó -en gran medida fruto de una mayor presión desde las bases- a conseguir un aumento del 38% en 2011, siendo el sindicato grande que más se desvió hacia arriba de la pauta de aumento salarial general de ese año.

En una tercera etapa, se vieron favorecidos una serie de colectivos que fueron más golpeados por el neoliberalismo y/o son más vulnerables en el mercado de trabajo. Se trata de docentes, trabajadores agrarios y del servicio doméstico. Dada su debilidad organizativa, estos grupos exigían un mayor apoyo regulatorio del Estado y el Ministerio de Trabajo. Así, la Paritaria Nacional Docente instrumentada en 2008 recentralizó la negociación salarial en el sector y estableció un salario mínimo para el cargo docente testigo válido para todo el país, y una compensación para que las provincias más pobres pudieran pagarlo. El Estatuto del Peón Rural equiparó los derechos de los trabajadores agrarios al resto de los trabajadores y, a través de la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), dependiente del Ministerio de Trabajo, reemplazó la colusión entre la Mesa de Enlace y el sindicato en el control del fraude laboral y el gobierno de las relaciones laborales en el sector. La Ley de Trabajadores en Casas Particulares hizo lo propio con el servicio doméstico, ya que reguló un nuevo marco de derechos para las trabajadoras y sentó las bases institucionales para la discusión salarial tripartita en el sector. En ambos casos -el de los trabajadores agrarios y el de servicio doméstico-, los nuevos marcos normativos se complementaron con medidas como los nuevos servicios de inspección laboral del RENATEA y los mecanismos de presunción de trabajo doméstico aplicados por la AFIP a los sectores de altos ingresos para combatir el alto porcentaje de trabajo en negro en estas actividades.

Finalmente, los trabajadores informales de empresas recuperadas o cooperativas de trabajo por los movimientos sociales, especialmente aquellos más afines al gobierno, constituyen otro sector vulnerable potenciado organizativamente estos años. A diferencia de otras experiencias análogas como el MAS en Bolivia, Correa, o el chavismo, el kirchnerismo combinó en su coalición sujetos organizativos tanto del lado formal (los sindicatos tradicionales) como informal (los movimientos sociales afines). El rol de los movimientos sociales en Unidos y Organizados como dispositivo más fiel a Cristina Fernández subraya que la importancia política de este aspecto de la organización territorial de los sectores informales no debe soslayarse.

El despertar de los trabajadores

En suma, en el marco de la restauración social general pos 2003, los distintos componentes de la clase trabajadora fueron despertando del letargo de manera despareja e impar, de acuerdo con su propia posición sectorial, sus recursos organizativos y la ayuda regulatoria del Estado. En esta evolución dispar puede distinguirse a los sectores mejor posicionados: en primer lugar, los profesionales asalariados y los obreros calificados de la industria y servicios asociados cubiertos todos por convenios colectivos, como vimos dos de los subgrupos que más aumentaron su volumen en la última década. Puede pensarse, por ejemplo, en un trabajador petrolero, del gas, aceitero o automotriz con salarios de entre 10.000 y 25.000 pesos.

En segundo lugar, pueden distinguirse los trabajadores menos calificados pero registrados y cubiertos por convenios colectivos que fueron actualizando salarios y condiciones de trabajo.

Es importante señalar, por otro lado, aquellos sectores que, aun en el marco general de mejoras desde 2003, tuvieron menos herramientas para defenderse en un proceso marcado por la asalarización y la sindicalización. Por arriba, y en la frontera con la clase media, los profesionales jerárquicos no cubiertos por convenios colectivos y ciertos profesionales autónomos. Es un lugar común en el ámbito de las relaciones laborales empresarias en estos años constatar cómo los empleados profesionales jerárquicos, que tradicionalmente negociaban salarios individualmente, vieron mermar sus ingresos en relación a los sindicatos y sus constantes actualizaciones de los básicos de convenio. El lanzamiento de Sindicato de los Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CePETeL), como sindicato jerárquico de telefónicos y trabajadores informáticos, o la voluntad de muchos empleados superiores en el sector automotriz de enrolarse en la Asociación de Supervisores Metalmecánicos de la República Argentina (ASIMRA) es una muestra elocuente de este fenómeno.

Finalmente, por abajo, quienes resultan más rezagados son los trabajadores no registrados, casi siempre menos calificados, que no entran en la negociación colectiva o no están organizados por movimientos sociales. Esa disparidad entre estos tres colectivos -profesionales autónomos o jerárquicos sin convenio, trabajadores cubiertos por convenios, en especial los mejor calificados, y los no registrados- se acrecentó con el cambio de contexto económico pos 2010.

Los dilemas de la inclusión

La paradoja es que bajo el kirchnerismo la clase trabajadora se restauró a nivel global, pero, a su vez, y como consecuencia de tendencias estructurales (desempeños dispares en una economía posliberal más abierta que en el siglo XX) y organizativas (los diferentes recursos políticos recién descriptos), esa misma clase restaurada se fragmentó. Comparado con la situación en los albores del 2000, las clases populares se homogenizaron en un sentido -el de una mayor cohesión social dada por la baja del desempleo, del trabajo en negro y el fenomenal proceso de asalarización-, pero se fragmentaron en otro, a partir de la diferente trayectoria económica y organizativa de sus diferentes componentes. El cambio de contexto económico pos 2010, marcado por el fin de los superávits gemelos (fiscal y comercial) holgados, cierta apreciación cambiaría y una mayor inflación, acrecientan esa tendencia a la fragmentación.

Por un lado, quien mejor puede defenderse en un contexto inflacionario es el grupo "victorioso" que se señalaba más arriba: los trabajadores bajo convenio, en especial los más calificados y profesionales asalariados según el sindicato que tengan. Por arriba y, especialmente, por abajo se sufre más. Los profesionales sin convenio y los autónomos tienen en muchos casos menos herramientas para pelearle a la inflación.

Por abajo, los trabajadores no registrados, estabilizados en alrededor del 33% de los asalariados, tienen menos defensas en la puja distributiva. Otros grupos, como los trabajadores docentes y estatales y municipales, y los del servicio doméstico, tienen menos capacidad en la pelea salarial que los del sector privado bajo convenio. A su vez, el gobierno tiene menos aire fiscal que hace algunos años para mantener el nivel adquisitivo de las políticas sociales que llegan a los más desprotegidos en el sector informal, como la Asignación Universal por Hijo, el Plan Argentina Trabaja, los seguros de desempleo contributivo y no contributivo, y la movilidad jubilatoria, que alcanza a los trabajadores informales incluidos en la moratoria. Aunque el gobierno ha cuidado este flanco—la movilidad jubilatoria se mantuvo, por ejemplo, siempre por encima de la inflación—los riesgos de la fragmentación social por arriba y especialmente por abajo del núcleo duro de sindicalizados existen.

Estos dilemas tienen obviamente repercusiones políticas. Pensemos en los asalariados jerárquicos fuera de convenio, en los profesionales independientes o en los microempresarios (que aumentaron, según la Encuesta Permanente de Hogares, EPH, un 45% entre 2003 y 2011) que participaron en los cacerolazos antigubernamentales de 2012 y 2013, todos ellos beneficiados de algún modo por el modelo, pero heridos también por su menor capacidad para defenderse dentro de ese modelo que los trabajadores sindicalizados. O en los riesgos electorales que una erosión en el poder adquisitivo de los sectores con menor capacidad de negociación salarial -como los docentes, municipales o los trabajadores no registrados o cuentapropistas- podría acarrear para el oficialismo (que ciertamente no basa su coalición en la clase media profesional o microempresaria). En este sentido, la moderación de la inflación, preservando el empleo y la cohesión social que tanto costó conseguir, se vislumbra como importante no sólo para mejorar el horizonte macroeconómico, sino para prevenir la nueva heterogeneidad en la clase trabajadora que nace del modelo económico inclusivo establecido en 2003. 

1. Los datos con los que aquí se trabaja fueron extraídos de: Héctor Palomino y Pablo Dalle, "El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de la Argentina", Revista de Trabajo, N° 10, Buenos Aires, diciembre de 2012. No se incluye a la Asignación Universal por Hijo (AUH) como "plan de empleo" ya que su lógica tiene que ver más con una política social de carácter permanente dirigida a los niños y adolescentes de familias vulnerables,

que con algunas de las variantes de subsidio al desempleo.

2. Se seguirá aquí el trabajo de Palomino y Dalle recién citado.