Para que el país prospere, hay que acordar algunas políticas básicas que transciendan a los períodos electorales


La mente humana es tan compleja que hasta los rasgos aparentemente más simples pueden presentar los más diversos matices. La ingenuidad es uno de ellos. Hay actos excepcionales o heroicos, que requieren de una enorme ingenuidad. Cuando, por el talento, el esfuerzo y el azar, resultan exitosos, se tornan elogiables. Cuando no, los juzgamos producto de la estupidez. Esto ocurre con las revoluciones y, en general, con los actos políticos audaces. Ocurre hoy en la Argentina, de diversas maneras. Los actos del gobierno actual adolecen, en mi opinión, de una cuota de ingenuidad importante y compleja. Intento explicarme en lo que sigue.
Los argentinos hemos desarrollado una desconfianza casi instintiva hacia nuestros adversarios. Esto nos lleva naturalmente a simpatizar con teorías conspirativas y creer que nunca hay buena fe en las opiniones del contrario, sino únicamente intereses a los que se busca defender ciegamente. Yo disiento. Es cierto que parte de nuestra complejidad mental consiste en disimular nuestros intereses con razones, valores y principios. Sin embargo, pienso que al menos muchos de los defensores de este gobierno, o miembros de él, creen honestamente en sus ideas y propuestas. De igual modo, creo que muchos de los defensores de la actual oposición han sido honestos, a pesar de haber estado muchas veces equivocados.

Asumiendo entonces la honestidad, la actitud del oficialismo y sus defensores padece, en mi opinión, de una enorme ingenuidad. Si la ingenuidad es prueba de honradez, podría cuestionar, en cambio, la inteligencia. También aquí disiento: tanto las personas inteligentes como las tontas somos capaces de creer y actuar de las maneras más ingenuas imaginables (tan multifacética es, también, la inteligencia).

Lo que pretende el gobierno es una revolución, un cambio radical de la mayoría de nuestras reglas económicas. Una revolución no se hace a medias. Es, como dicen en el propio gobierno, a todo o nada. Esta es una revolución llevada adelante, además, sobre todo por economistas (empezando por el presidente). Como tales, son seguramente conscientes de que una revolución es, fundamentalmente, un cambio abrupto de incentivos a los agentes económicos. Son estos nuevos incentivos los que obrarán el milagro de la refundación económica, los que inducirán a las inversiones, al aumento de la productividad, del comercio, de la construcción y, a la postre, redundarán en el mejoramiento del bienestar y en la disminución o erradicación definitiva de la pobreza.

Ahora bien, para que los efectos de este cambio de reglas de juego se produzcan, cualquier economista tendrá que admitir que esos nuevos incentivos deben ser duraderos. Los inversores y, en general, los actores económicos (que somos todos), pensamos a largo plazo para avanzar nuestros intereses particulares. La revolución debería convertirse, luego del fogonazo inicial, en un nuevo régimen, como el que, según sus cultores, existió durante los primeros cincuenta o sesenta años posteriores a nuestra organización nacional.

El gran escollo para que algo similar suceda en la actualidad es, vaya paradoja, la democracia. Ese escollo fue hábilmente sorteado por las elites de la generación del 80. Pero, cualquiera sea el juicio que nos merezca su ardid (el fraude), es obvio que no es reeditable en nuestros días. Las ansias de cambio (no importa si de derecha o de izquierda) deben convivir con algo que, afortunadamente, se ha convertido en una premisa inconmovible de nuestra vida política desde hace, exactamente, cuarenta años: la democracia liberal.

Si este es el marco fijo e innegociable, entonces pretender un cambio revolucionario, un cambio de régimen, es, o a mí me parece, de una compleja ingenuidad. Por un lado, es de una ingenuidad menos justificable y menos comprensible que la de otros revolucionarios, quienes, en general, podían ser idealistas, pero al menos luchaban contra un orden injusto y autoritario. Nuestros libertarios, en cambio, luchan por algo que, para que tenga éxito, se tiene que llevar por delante nuestro más preciado y perdurable acuerdo social. Por otro lado, la ingenuidad de estos revolucionarios es más profunda, porque lo cierto es que tampoco quieren derrocar la democracia. No pretenden fundar una dictadura (a la Pinochet o a la Fujimori). Pretenden que, en una sociedad plural y democrática, los cambios que ellos propugnan sean aceptados por todas las “personas de bien” por largo tiempo (y cuando digo “largo tiempo” me refiero a décadas). Pero ocurre que la democracia no funciona así: hay períodos electorales (que son breves), hay diversidad de ideas (no todas las “personas de bien” son o bien libertarias o bien “idiotas útiles”), hay partidos políticos, hay sindicatos, empresarios, gobernadores y, en general, intereses que se ven afectados y, con razón o sin ella, reclaman ser escuchados. Y, sobre todo, hay un electorado que hoy se entusiasma con Milei y mañana se entusiasma con otro u otra. Tanto este oficialismo como los anteriores parecen tener dificultades en entender que esto es así, y que está bien que sea así.

En definitiva, la razón por la que creo que las reformas de Milei no van a funcionar a largo plazo es la misma razón por la que no podrían funcionar reformas radicales de izquierda, y es que una condición necesaria (no suficiente) del éxito de cualquier reforma (y de cualquier política en general) reside en su perdurabilidad. Por eso, los países democráticos que han emergido del subdesarrollo y de la pobreza lo han hecho con alternancias de fuerzas moderadas que, justamente por ser moderadas, pudieron acordar algunas políticas básicas que transcendieran a los períodos electorales. En gran parte, la razón del fracaso argentino en materia de desarrollo y lucha contra la pobreza ha sido, al menos en estos últimos cuarenta años, la ausencia de ese acuerdo (y aquí puedo repartir responsabilidades generosamente). Sé que esto es trillado. Pero no deja de ser verdad. Quizá me equivoco y el ingenuo soy yo, pero me parece que el entusiasmo, la bronca acumulada y el hartazgo impiden a los partidarios bienintencionados de este gobierno reconocer cosas que para cualquiera, pero especialmente para los economistas, deberían ser bastante obvias.