Julio Cesar Strassera, Luis Moreno Ocampo y los jueces de la Cámara Federal durante el Juicio a las Juntas, en abril de 1985CP/ - Telam.

¡Nunca más! El fiscal Julio Strassera se pronunció en el alegato de acusación “renunciando a toda originalidad” y dijo que la frase no le pertenecía a él sino a todo el pueblo argentino. En 1985, la Argentina fue protagonista de una experiencia inédita en el mundo: un gobierno civil decidido a enjuiciar al poder de facto. En la joven, inestable y apenas recuperada democracia la construcción para llevar a la cúpula militar al banquillo de los acusados tuvo el invaluable aporte de la Conadep, autora de la expresión y responsable de acopiar gran parte de los testimonios y evidencias que fueron cruciales para alcanzar las condenas. Antes que eso, a principios de los años 80 y en plena dictadura, en un círculo académico se tejió la hipótesis que tomaría la forma del Juicio a las Juntas. Intelectuales y juristas pesaron la infinidad de problemas a los que se enfrentaría la sociedad y un Estado democrático si se avanzaba con la hazaña.

La estrategia exigió la destreza de hilvanar conceptos tan abstractos como ética, política y moral aplicados al acto concreto de hacer justicia. La práctica de transformar una idea en un hecho con un impacto cierto. El sastre jurídico no fue otro que Carlos Santiago Nino, jurista argentino que obtuvo un reconocimiento internacional y que junto a un grupo de filósofos y pensadores acercaron al todavía candidato a presidente Raúl Alfonsín los lineamientos de cómo sería posible juzgar a los militares por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Era necesario un “juicio simbólico” para rearmar la república azotada por seis golpes militares. Reconstruir el Poder Judicial y lograr una sentencia ejemplar de lo que jamás debía volver a ocurrir.

Abogado egresado de la UBA, durante la dictadura y como profesor Nino alumbró a sus estudiantes con la enseñanza de los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), considerados clandestinos y vedados por el régimen. En su rol de asesor presidencial de Alfonsín sufrió el espionaje de mano de las fuerzas de inteligencia militar que monitoreaban la gesta intelectual del juicio. Criticó sin delicadeza la corrupción enraizada en las costumbres de la Argentina, “un país al margen de la ley”, según el título de uno de sus libros. Legó su pensamiento a los jóvenes, sus colaboradores y amigos que, tras su partida, mantuvieron viva su filosofía. Fue un demócrata serial, un idealista que pensó el país a cien años y que consumió su vida en el ejercicio de impartir una cultura democrática en América Latina.

“Lo conocí cuando él todavía era estudiante de derecho y yo estudiante de secundaria. Iba a clases de derecho que daba mi papá en la cátedra de Ambrosio Gioja. Nino era un alumno brillante y muy aplicado”, recuerda la filósofa Diana Maffía. En la década del 70, Nino se afilió a la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (Sadaf), donde empezó a dar seminarios de filosofía política. El organismo se reunía en un departamento donado por el jurista Genaro Carrió y varios de sus miembros, como Martín Farrell, Jaime Malamud Goti y el propio Nino, asesoraron al gobierno de Alfonsín en la política ligada a los derechos humanos y en especial el Juicio a las Juntas.

“A fines de los años 70 Nino trabajaba en temas que fueron relevantes al juicio, como la fundamentación ética de la política y la responsabilidad en hechos criminales de la dictadura”, dice Maffía. En sus seminarios enseñaba el informe que elaboró la CIDH cuando visitó el país en 1979. Durante la auditoría, los militares trasladaron a prisioneros de la ESMA a un centro clandestino en una isla del Delta. El ardid no resultó y la realidad quedó plasmada en el informe. “Nino consiguió una versión que estudiábamos en clase y ahí pudimos ver cuál era el alcance real de las violaciones a los derechos humanos, aún mucho antes de que se conformara la Conadep”, agrega.

La obsesión que separaba a Nino de sus colegas filósofos era cómo trasladar la teoría a la práctica. “Tomó el concepto de mal radical que Hannah Arendt elaboró a partir de las ideas de Kant. Arendt piensa en un mal que afecta a toda una sociedad y lo hace en relación con el nazismo. Nino lo adapta a la dictadura argentina para ver cómo juzgar algo en lo que toda la sociedad está involucrada”, dice Maffía. “Acá la dictadura suprimió la Constitución y redactó las actas del Proceso y los jueces para seguir ejerciendo tenían que juzgar de acuerdo a esas normas. Para rebatir esa legalidad interna es que Nino ideó cómo aplicar el concepto de mal radical”. Renombró su teoría como “mal absoluto”, para evitar que se la asociara erróneamente con el partido político del radicalismo.

La teoría de Nino establecía que las normas que se habían dictado en la dictadura eran nulas porque la condición esencial para que una ley tenga validez es que fuera resultado de un proceso democrático. Lo pensó en especial para afrontar la autoamnistía que se habían dado los militares. Meses antes de dejar el gobierno, el régimen emitió un decreto que exculpaba al Ejército de cualquier delito que hubieran cometido entre 1976 y 1983. En la víspera del retorno de la democracia, los principales candidatos a presidente eran Alfonsín, por el radicalismo e Ítalo Luder por el peronismo. Alfonsín rechazó categóricamente el intento de los militares de evadir su responsabilidad penal, mientras que Luder lo avaló.

En 1982, Nino realizó un viaje de tres meses a Friburgo, Alemania, por una beca de estudios. Allí convivió con el doctor en derecho Jaime Malamud Goti y juntos volvieron con la idea de realizar el juicio. La propuesta la sondearon con los diferentes candidatos presidenciales.

“Nino y Malamud Goti se acercaron a Alfonsín decididos a que se realizara el juicio, teniendo en cuenta su promesa de campaña de no aceptar la autoamnistía. Fue un esquema en el que ellos contribuyeron muchísimo”, dice José Ignacio López, miembro de la Academia Nacional de Periodismo y vocero presidencial entre 1983 y 1989. “La voluntad que tenían era admirable. Alfonsín como presidente fue muy cuidadoso de la separación de poderes y no se involucró en el proceso, que le correspondía a la Justicia”.

Cuenta el constitucionalista Roberto Gargarella que la idea provino de Nino, pero Malamud Goti se entusiasmó y lo acompañó en el diseño de la estrategia jurídica.

“Políticamente era imposible ir contra todos los responsables y el núcleo del juicio se concentró en los principales responsables. El juicio hundía el cuchillo en un área muy sensible de un poder que todavía estaba muy activo. Dentro del gobierno de Alfonsín habían muchas posturas y grupos influyentes que no querían el juicio o pretendían versiones más acotadas del que se llevó a cabo”, dice Gargarella.

En la primera reunión no pudieron ponerse de acuerdo en qué tribunal debía hacerse cargo. Nino y Malamud Goti querían hacer juicios civiles. Alfonsín en principio también, aunque gran parte de sus funcionarios sostenía que debía quedar en manos de la justicia militar. Ese encuentro se filtró en los medios de comunicación.

“En el diario La Razón apareció publicado lo que habían discutido en secreto con Alfonsín, Tróccoli, Jaunarena y Borrás. Malamud Goti y Nino se preocuparon de que los acusaran de soplones, porque eran los menos vinculados al partido radical”, cuenta Gargarella.

En la segunda reunión, los juristas negaron haber sido los informantes. “Entonces Alfonsín les señaló la ventana –cuenta Gargarella–. Del otro lado había un edificio desde donde los estaban grabando con un micrófono especial”. A partir de entonces, en las reuniones comenzaron a poner un dispositivo para hacer vibrar los vidrios con el objetivo de impedir que grabaran la conversación.

Durante la presidencia de Alfonsín, Nino formó el Consejo de la Consolidación de la Democracia, que reunió a profesionales distinguidos de distintas orientaciones políticas para arribar a consensos en temas de gran relevancia. Tuvo una cátedra de Filosofía Política en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque por su cargada agenda no era habitual que diera clases. La tarea la delegaba en sus discípulos Maffía y Carlos Rosenkrantz, hoy juez de la Corte Suprema.

Quienes lo conocieron cuentan que era habitual que Nino delegara responsabilidades en los estudiantes y profesionales recién graduados. Fundó un centro de investigaciones en la UBA en el que trabajaba con gente muy joven. El entorno académico llamó a sus colaboradores “Ninoboys”. Entre ellos estaban Gargarella, la dirigente radical Marcela Rodríguez y Martín Böhmer.

“Su capacidad de trabajo era enorme –recuerda Maffía–. Aprovechaba cada minuto. Fue la primera persona que conocí en tener una laptop, en la que escribía papers académicos mientras viajaba en avión. No sentía apego a una sola escuela filosófica, sino que le gustaba tener muchas miradas”.

Su trabajo académico le requería viajar por distintos países, aunque era asmático y por su dependencia a los broncodilatadores era peligroso que volara. En 1993 fue a Colombia a discutir un tema constitucional y al llegar tuvo un problema de salud. El médico le aconsejó que desistiera de ir a Bolivia, su siguiente destino, por el riesgo de la altura. Nino había sido invitado a la asunción del recientemente electo presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El jurista había participado en la reforma constitucional que fue clave para la transición de la dictadura boliviana a la democracia y sintió que debía estar presente. Viajó, desoyendo el consejo del médico, y cuando aterrizó en el aeropuerto de La Paz se descompensó. Murió en la ambulancia, camino al hospital. Tenía 49 años.

Gargarella, uno de sus principales discípulos, lo recuerda como un pensador extraordinario. “No hubo un jurista que llegara tan alto en América Latina. A nivel intelectual, en la producción académica y en el reconocimiento internacional. De muy joven empezó a enseñar en Yale, la mejor universidad de derecho del mundo, y publicaba en las revistas más influyentes. Mi principal formación en el derecho fueron las meriendas por la tarde con Nino. Tuvo un rol clave en el Juicio a las Juntas y en la transición democrática; evitó que el derecho fuera un instrumento al servicio de la justificación y la impunidad”.