En diálogo con Laura Di Marco y Pablo Rossi, el abogado constitucionalista Roberto Gargarella consideró que la Constitución nacional expresa de modo cristalino la validez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) rubricados por el presidente de la Nación.

“En el artículo 99 inciso 3 sobre los poderes del presidente dice que en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable el Ejecutivo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo y solo lo podrá hacer cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución“, enunció Gargarella en radio Mitre.

Siguiendo esa línea argumental, el jurista interpretó que dado que “el Congreso de la Nación no está cerrado y que tenemos circunstancias excepcionales pero se pueden seguir los trámites ordinarios para sancionar una ley, entonces todo lo que haga en la materia el Ejecutivo es de nulidad absoluta e insanable“.

“Lo que dice la Constitución es lo que encaja con el sentido común y con nuestras intenciones democráticas. Cuando tenemos un problema muy fuerte y estamos viviendo una situación excepcional, estamos obligados a sentarnos y a acordar. Eso es lo que quiere la Constitución, que no es ciega a la posibilidad de que pueda haber una situación extrema”, manifestó el entrevistado.

A propósito de la batalla jurídica entre el gobierno nacional y la administración porteña por la presencialidad escolar, Roberto Gargarella señaló, citando a la Constitución, que existe “una restricción de derechos que es de nulidad absoluta e insanable“.

“Cualquier juez tenía que decir que esto no se puede hacer de este modo. ¿Quiere decir que estamos aplaudiendo lo que está haciendo la Ciudad? No. Si queremos restringir derechos, esto debe ser realizado de otro modo. Por ejemplo, con acuerdo parlamentario. De este modo, no se puede hacer“.

En tal sentido, Gargarella reparó en que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de suspender las clases presenciales sin consensuarlo ni con los propios ni con los ajenos.

“Puede hacerlo con buena intención pero no avisó ni siquiera a los ministros. No habló ni siquiera con los expertos ni con los gobernadores. Y obviamente ni siquiera habló con la Ciudad que iba a ser especialmente afectada. Todo eso es un disparate”, evaluó.

Bajo su perspectiva, el disenso debe dirimirse a través de las instituciones democráticas que permitan balizar un camino de acuerdo mínimo y básico.

“Están obligados a sentarse y negociar a regañadientes porque si no no puede salir una ley. A eso estamos sometidos y me parece excelente. Eso no supone la bondad de las partes, la ingenuidad de las partes o la virtud cívica. Supone que estamos todos forzados a negociar”, apuntó el sociólogo.

Por último Roberto Gargarella se refirió al arbitraje de la Corte Suprema de Justicia en la disputa jurídica entre Nación y Ciudad en relación a la apertura de las aulas.

“Es difícil que desconozca la prioridad que tiene la Ciudad en la materia. Al mismo tiempo, no creo que quiera dañar al Gobierno en un momento tan caldeado. Me parece que la decisión va a ser favorable a la preservación de las escuelas abiertas si es que lo decide así la Ciudad“, cerró.