Militares como policías en América Latina: ¿sale bien?

¿Quién es más cool: las Fuerzas Armadas o el narco? La pregunta parafrasea a Agustín Laje, quien la semana pasada dijo que las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas pierden frente a los narcos la disputa por quién es más cool y clamó porque Argentina imite a El Salvador. Esa idea del politólogo cercano al gobierno de Javier Milei me hizo pensar en el rol de los militares en la región y la disputa actual por si deben cumplir funciones de seguridad interior. El precio para sentirnos más “seguros” ¿implica invertir la ecuación de lo cool? ¿Hay que volver a “romantizar” –como dice Laje– la militarización en contra del “narcoterrorismo”? Una discusión que data de las transiciones democráticas y parecía saldada, pero que, con “el modelo Bukele” vibrando en la región, está en carne viva.

Las políticas del presidente Nayib Bukele en El Salvador, sus resultados (ya voy a volver a eso) y sus efectos en la aprobación del Ejecutivo, marcaron un nuevo horizonte, un espejo en el que intentan mirarse varios líderes políticos para legitimar sus gestiones o para quienes pretenden entrar a escena dando un golpe de efecto ante la conflictividad regional. Desde Argentina se mira con atención esa propuesta, al punto que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le declaró a Bukele en los pasillos de la CPAC: “Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”.

Días más tarde, con los cuatro asesinatos en clave de mensaje mafioso en Rosario, Santa Fe, apareció la oportunidad para demostrar si el Gobierno de Milei -pero también la administración local en manos del radicalismo- estaba dispuesto a seguir esos pasos. Antes de anunciar que trabajarían en conjunto en un comité de crisis, funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro publicaron fotos en una cárcel rosarina emulando a las detenciones de las maras –con presos con el torso desnudos y manos esposadas en la espalda–, y Bullrich lo felicitó. “El Estado sólo aparece en forma de policía –o peor aún, ya que amenazan con que aparezca en forma de militar– y no le sirve a nadie”, dijo la colega Silvina Tamous desde Rosario sobre la coreografía represiva que se desataba.

Sin embargo, desde El Salvador vieron el gesto de las fotos más como una mímica y buscaron despegarse. El ministro de Seguridad de ese país, Gustavo Villatoro, llamó a su par argentina para decirle que fue “un error muy grave lo de la foto” porque “eso solo lo podés hacer cuando las bandas están neutralizadas y tenés el control total de la calle”.

No quiero detenerme en el gobierno salvadoreño –ya que eso lo hizo acá, de manera exhaustiva y muy bien narrada in situ, nuestro querido Juan Elman, y también antes Jordana Timerman en el especial A lo Bukele– pero me interesa hacer un doble click en un aspecto que creo implicaría –si trasciende la mera mímica– revisar una tradición regional que data de las transiciones democráticas; los intentos de imitación del “modelo Bukele”, ¿redefinen el rol de las FF. AA.?

¿Cuáles son las funciones de las FF. AA. y por qué (no) hay que cambiarlas?

Habrás escuchado muchas veces que América Latina y el Caribe es definido como un “continente de paz”, por su lejanía respecto a las guerras que se registran, por lo menos, desde el fin de la Guerra Fría en adelante. Por suerte, y en tiempos de narrativas nucleares, las hipótesis de conflictos externos en los países de la región son casi inexistentes, descontando excepciones. En este sentido, desde la salida de los últimos regímenes militares, los manuales blancos de los países latinoamericanos han asignado a las FF. AA., en líneas generales, el rol de defender el territorio –y sus habitantes– de una posible agresión externa y postulan, entre otras cosas, la conducción civil de las mismas.

Las excepciones a aquel rol –caso Colombia, que no controla la totalidad de su territorio, disputado por guerrillas y paramilitares, en México con los carteles, o Río de Janeiro, donde esa disputa se da con las milicias– y a ese tipo de conducción –caso de Jair Bolsonaro que nombró a militares como ministros de Defensa, además de llenar su gabinete de integrante de las fuerzas– han existido, pero no definían una tendencia doctrinal.

En el caso argentino, los militares no son policías; están impedidos de realizar tareas de seguridad interior y su rol está definido por la Ley de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia. En algunos casos, los militares pueden brindar apoyo logístico, pero en ningún caso pueden combatir. Pero los tiempos cambian y el presidente Milei dijo días atrás que está “evaluando enviar una nueva ley de seguridad interior que les permita a las Fuerzas Armadas tomar algunas acciones adicionales”. No ahondó en detalles, ni aclaró que para eso necesita una reforma de aquellas tres leyes y sus respectivas reglamentaciones.

La idea de paz en esta parte del globo contrasta con la definición de región más violenta del mundo, con desafíos en términos de terrorismo, narcotrafico o crimen organizado. Frente a eso, el sentido de las FF. AA. y sus funciones está en disputa.

“Hay sectores que están queriendo cumplir con una agenda más política-electoral y dicen ‘no percibo una amenaza directa a la soberanía nacional, por ende los militares están ociosos’. Pero eso tiene un desenlace desastroso y corroe las FF. AA., porque entonces al militar lo tenés que reentrenar para lidiar con seguridad interior y deja de capacitarse para defensa nacional”, me explicó Andrei Serbin Pont, analista internacional y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).

Por un lado, el hecho de que no haya una hipótesis de conflicto actual, no quiere decir que en el futuro no pueda existir y su puesta a punto lleva tiempo. Por otro, hay que decir que la policía opera dentro de un marco legal y regulatorio en el cual “la prioridad es la protección del ciudadano, ya sea del perpetrador o la víctima”, ya que supone un “debido proceso legal de fondo”, me dijo Andrei. En cambio, me marcó, el instrumento militar “está diseñado para destruir al enemigo, punto”. En suma, no hay debido proceso y el propio ciudadano es un posible enemigo.

Laje, quien clama por el modelo Bukele y demanda la implicación de las FF. AA. en Rosario, reivindicó su capacidad de aniquilamiento del enemigo interno en los años ’70, pero sostuvo que hoy “los policías y los militares se convirtieron en los malos”. El influencer razonaba que ahora, cuando se les pide a esas fuerzas que nos cuiden, estos tienen “todo el derecho” a preguntarse si no terminarán como esos militares “octogenarios que hoy están presos”. “¡¿Para qué me voy a implicar?!”, remataba, poniéndose en esas botas y suponiendo el libre albedrío de las fuerzas. Pero el gobierno argentino es solo un ejemplo en la región, donde hay políticos de distintos signos buscando –más, menos– emular a Bukele: Honduras, Ecuador, Uruguay, Chile, Guatemala y sigue.

La llame a Rut Diamint, investigadora en temas de Defensa del Conicet, quien siempre insiste en que no hay “ejemplos positivos” de que la intervención de las FF. AA. en cuestiones de terrorismo, narcotrafico o crimen organizado haya mejorado la situación de seguridad. Le pregunté si seguía pensando igual o notaba que algo había cambiado, a lo que me respondió que sí porque las FF. AA. están preparadas para otra cosa: “Si las usas para seguridad pública es porque estás malgastando recursos”, insistió.

En la misma línea que hablaba con Andrei, Rut sostiene que parte de la especificidad de las FF. AA. es que “no pueden usar su armamento para detener a una persona, es un armamento mucho más pesado y que requiere un uso más sofisticado”, además de que no tienen capacidad de encarcelar: “Si se encuentran con un grupo que debería ir preso porque está haciendo actividades ilegales, tienen que recurrir a la Policía”.

Rut, quien integró la Junta Consultiva en Asuntos de Desarme de la ONU, no dice que se deba prescindir de las FF. AA. sino que no deben dedicarse a funciones que les son ajenas. A sus alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella les suele decir que las FF. AA. “las tenés como un seguro, como si fuera el seguro del auto; esperás no usarlas nunca, pero en el momento que las tenés que usar no te sirve que hayan estado trabajando de policías”. “Para seguridad interior hay instituciones, entre ellas cuatro tipo de fuerzas policiales, que pueden responder a esas amenazas”, agregó.

Hablando con Andrei, me relató una escena casi de película a la que podrían apelar desde el Gobierno argentino para el caso de Rosario si es que su preocupación es meramente generar impacto y para la que no es necesario reformular “leyes fundamentales para la democracia”: “Tienen al regimiento de asalto aéreo en Campo de Mayo con sus helicópteros donde pueden subir a los grupos especiales GEOF y GE-1 (PFA), Alacran (GN), Albatros (PNA) de las fuerzas federales junto a los ministros para que aterricen en Rosario y caiga un convoy de camiones con carpas, cocinas de campaña, equipamiento, radares, mientras las FF. AA. continúan haciendo su rol subsidiario. La gente los ve y piensan que son militares, no policías. Podrías haber logrado el efecto de shock absoluto”. Aunque me insiste: “No es muy efectivo, pero te sirve en términos políticos”.

Frente a argumentos como el del ministro de Defensa argentino, Luis Petri, quien habla de amenazas terroristas, Rut aseguró que el terrorismo “fue muy focalizado en Argentina” y que “no estamos en el medio de los avances terroristas. Lo que tenemos es otro tipo de problemas, de corrupción, de pobreza pero no tenemos terrorismo. Entonces decir ahora apareció el terrorismo y tenemos que cambiar la lógica de las FF. AA. es otra falacia que le justifica hacer lo que están haciendo”.

Si las funciones de seguridad interior no le son propias a las FF. AA. y significa malgastar recursos, le pregunté a Rut por qué algunos dirigentes insisten en recurrir a ellas: “Creo que hay dos funciones. Uno es aplacar el temor de mucha gente. Lo otro es desviar la atención hacia un tema que es secundario. No digo que no sea un problema lo que pasa en Rosario, pero no es el problema en cierto modo de todo el país. Entonces te ponen esto como un tema importante para que de alguna manera se desfigure lo que realmente tiene que suceder, que es gobernar, que no está pasando”.

Desde la aparición del líder salvadoreño, el escenario parece estar contoneándose hacia otras formas, pero, en caso de avanzar en el sentido de El Salvador ¿se está comprando un paquete más amplio de medidas?

“Hay un discurso bukelista muy extendido, pero no han entendido que ese modelo no se basa en la militarización, se basa en el encarcelamiento masivo –quedan incomunicados–, en procesos judiciales grupales –para reducirlos en número– y en la violación absoluta de los derechos de esas personas en estos procesos. El despliegue de las FF. AA. es instrumental para ese proceso. Se busca generar terror y que eso funcione como estrategia disuasoria frente a los grupos criminales”, me dijo Serbin Pont.

Entonces, aunque las FF. AA. cumplen una función en este esquema, su particularidad no estaría meramente en el rol de los militares. Los resultados ligados a la reducción de los homicidios –y su consecuente apoyo del electorado que alcanzó 85% en la elección de febrero– no solo ha implicado denuncias de acuerdos con las maras y “daños colaterales” sino que han sumido al gobierno en una deriva autoritaria y convirtiendo el aparato burocrático en un Estado policial. Hacer mella de derechos democráticos y la división de poderes para tener seguridad ¿es inevitable?

El politólogo José Miguel Cruz, director de investigaciones del Centro Kimberly Green de la Universidad Internacional de Florida, en los ’90 entrenó a pandilleros para que encuestaran a las maras salvadoreñas. En esta charla imperdible, el politólogo Juan Pablo Luna comentó que la mayor parte de estudios que revisó “muestran que cuando comparás los indicadores de violencia criminal y los de democracia, no resulta una relación lineal –como podría ser, por ejemplo, a más democracia más delito– sino que la violencia forma una ‘U’ invertida sobre un eje del totalitarismo-democracia” ¿Qué quiere decir? Que lo que suele ocurrir es que “la violencia es menor en los extremos, es decir hay menos violencia en los regímenes totalitarios –donde hay un control absoluto– y en las democracias liberales, donde el respeto fundamental por los DD. HH. es muy fuerte”.

Esto es, se pueden conseguir los mismos resultados en términos de reducción de la violencia criminal sin reducir derechos (ver gráfico), pero sin violaciones a derechos fundamentales de la democracia.

Ilustración: Leo Camus/ Revista Tercera Dosis

¿Qué hay en el centro? Hay “democracias meramente electorales” y donde los niveles de violencia suben, dice Cruz, quien se lamentó porque es “donde se han ubicado buena parte de los países latinoamericanos en estos últimos 30 años”.

La propuesta que anunció Milei de cambiar las funciones de las FF. AA., de aprobarse, “sería un cambio doctrinario”, según Rut, y si bien muchos sostienen que en tres meses se las puede preparar para hacer tareas de seguridad, eso es “mentira”: “En tres meses no preparás ninguna fuerza y si la preparás vas a cometer errores y esos errores van a estar vinculados a los abusos de los derechos humanos y el abuso en uso de la fuerza”.

“Quienes renuncian a la libertad esencial (seguridad comunitaria) para adquirir un poco de seguridad temporal, no merecen ni la libertad ni la seguridad”, dijo Benjamin Franklin. Si bien lo dijo en el marco de un debate sobre pago de impuestos, fue un tema que charlamos con Andrei, y si hay un “clima de época”, reflejado por algunas encuestas –en Argentina, Chile, Colombia y otras más integrales– que señalan que estamos dispuestos a ceder derechos democráticos en pos de, por ejemplo, seguridad.

“Es una discusión que lleva 300 años; ¿cuál es el límite entre las funciones del Estado a la hora de asegurarnos nuestro bienestar?”, me dijo Andrei. Para él, es un “debate peligroso” pensar que “esto se va a solucionar restringiendo libertades en vez de ampliándolas”. Además, señaló que “el modelo represivo suena interesante cuando las papas queman y te sentís aterrorizado, porque para el político es muy fácil demostrar el accionar represivo; cuántos presos metió, cuánta drogas y armas capturó, cuán llenas están las cárceles, cuántos vehículos, soldados, policías desplegó, etc. Cuantitativamente es fácil, te hace unos súper gráficos y queda maravilloso. En la práctica no funciona”.

300 años de debate que no se saldará en estas líneas. Prefiero recomendarte esta entrevista a una de las creadoras del neoperreo DJ Lizzi sobre lo cool de los márgenes y la criminalidad, y que a pesar de su visión distópica me dejó pensando más que cualquier otro estudio al respecto.