La autonomía ciudadana

Ilustración: Mariano Vior

El régimen electoral que hemos adoptado, intenso y condicionante de la gobernabilidad, está siempre en vísperas de un segundo turno: se vota por partida doble, aun para los comicios intermedios (algo excepcional comparando otros regímenes electorales) con largos intervalos entre una y otra elección, y desde luego con impactos negativos que desesperan a los oficialismos.

Ocurre en todos los gobiernos, antes y después de la invención de las PASO, que ahora parece que operan como una guillotina cuya cuchilla aún no ha caído.

En este trance se encuentra el oficialismo cuando restan tres semanas de campaña. Después de la derrota de agosto, del esquema bifronte con eje en la jefatura vicepresidencial se ha pasado a un esquema “trifronte” (si la palabra cabe), incorporando un Jefe de Gabinete con arraigo territorial y conservando el mismo eje, por cierto mucho más oxidado debido a la pérdida de votos.

El Poder Ejecutivo, institución central de nuestro sistema político, está en consecuencia desarticulado sin rumbo ni cohesión a la espera de revertir el resultado negativo. A manotazos, ensaya el Gobierno una economía electoral dotada de instrumentos vetustos para contener la inflación y, a la vez, emisión monetaria mediante, incentivar el consumo; un anacronismo que enfoca un corto plazo dramáticamente acotado.

Todo sea para reparar esa imprevista derrota. Luego de la instauración de la democracia y a partir de 1987, el peronismo capturó, salvo una excepción, el poder electoral de la Provincia de Buenos Aires y el poder territorial de las provincias más pequeñas y sobrerrepresentadas en ambas cámaras del Congreso: en el Senado, debido al pacto federal que impone la representación igualitaria de todas las provincias y en la Cámara de Diputados, debido al premio que le asigna la ley electoral a los distritos chicos de contar al menos con cinco diputados.

Hará pronto medio siglo que vengo destacando este dislate que arrancó, aunque con un premio menor de tres diputados, en 1973.

Este arreglo combina cambios recientes con legados del pasado. Los cambios son conocidos: la Provincia de Buenos Aires es, suelo decir, un leviatán demográfico sin el que cuesta ganar; por su parte, los distritos chicos conforman un conjunto de gobiernos electores en los cuales se hace difícil la alternancia.

Esta regla general reconoce dos excepciones. La relevancia de los gobiernos electores (las intendencias peronistas) en el conurbano bonaerense y el predominio del Pro (ahora Cambiemos o Juntos) en la Ciudad de Buenos Aires.

En vista de lo que aconteció en las PASO, el oficialismo ha sufrido la sanción del electorado por ambos lados. Sufrió una merma de votos en el Conurbano, en distritos chicos de importancia en el Senado para formar el séquito de la vicepresidenta y en provincias de peso, como Santa Fe y Córdoba.

Esta erosión del apoyo popular puede ser entendida como una transferencia de votos de uno a otro lugar o, en un nivel más profundo, como una demostración de la autonomía ciudadana. En medio de tremendas disparidades sociales, el control electoral en el Conurbano ya no resulta ser lo que era.

No es la primera vez que el kirchnerismo sufre ese desaire, pero la consigna tan repetida de que las clases sumergidas en la pobreza les son fieles hoy está en entredicho.

La cuestión consiste en saber si la fuga de votos puede ser neutralizada mediante el control indirecto de la emisión del sufragio. Aclaremos: no se trata, como en tiempos pretéritos, de dar vuelta las urnas o de hacer fraude manipulando sobres y boletas. Si bien hay experiencias al respecto, nuestro régimen electoral es relativamente transparente, goza de procedimientos formales de supervisión, garantizados en última instancia por la Cámara Nacional Electoral. y de fiscales que, de estar presentes, impiden triquiñuelas y corruptelas. La oposición conoce estos deslices y por ello confía en reclutar un abundante plantel de fiscales.

Los problemas sobrevienen si observamos los controles indirectos en manos de los oficialistas. Son básicamente de de dos tipos: controles que obedecen al propósito de convertir en lo inmediato la autonomía ciudadana en una conducta dependiente de favores y concesión pecuniarias, y controles más permanentes, rutinarios. propios de regímenes hegemónicos que bloquean la alternancia.

Este es el perfil de provincias chicas en el norte y en el sur del país que evoca, en circunstancias extremas, los juicios condenatorios que registraban los comicios en los siglos XVIII y XIX.

Se los llamaba entonces a estos distritos “burgos podridos”. Ahora esa degradación electoral funciona entre nosotros merced a un clientelismo basado en empleo público y subsidios; esta esfera dependiente de salarios y cheques provistos por el Estado es más gravitante en esos territorios que la correspondiente a la sociedad civil.

El lubricante de estas hegemonías lo proporcionan la coparticipación federal y las transferencias directas de fondos de la Nación. Estos recursos son estratégicos para, según se decía en tiempos del orden conservador, “mantener la situación”. Veremos si esas situaciones cambian de dueño, en particular en Chubut y La Pampa.

Habría, entonces, que preguntarse si queremos una democracia de ciudadanos o una democracia de clientes. Es un interrogante crítico. En tanto producto histórico, la autonomía ciudadana es variable: se la puede ganar o perder. Aún en democracias maduras como la de Estados Unidos el control directo o indirecto del sufragio -se ha comprobado- es un riesgo inminente. Ha reaparecido con los peores signos.

Lo que estará pues en juego el 14 de noviembre es esa aspiración a la autonomía que alude a la condición de la ciudadanía de disfrutar de plena independencia cívica. No es difícil defender ese atributo que padece el acoso del poder, la penuria y la indiferencia. Pero, aunque para algunos suene a retórica vacía, de ese valor primordial depende la calidad de nuestra democracia.

Natalio R. Botana es politólogo e historiador. Profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella ( UTDT ). 

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