Por qué las causas contra Cristina Kirchner no son un caso de lawfare

El pasado lunes, en su presentación judicial frente al Tribunal Oral Federal N°2, Cristina Kirchner calificó al juicio sobre la obra pública como “una clase magistral de lawfare”. En sus tres horas y media de declaración mencionó 24 veces ese término, que viene empleando en varios de sus discursos desde hace dos años. El lawfare también ha aparecido en declaraciones de otras personalidades como Rafael Correa, el Papa Francisco y el abogado defensor de Lula da Silva.

Cristina Kirchner explicó el significado de este concepto en diciembre de 2017, en su primera alocución en el Senado de la Nación. Allí destacó que lawfare es “un término acuñado en los Estados Unidos y desarrollado en la Universidad de Harvard” y lo definió como “la utilización del poder judicial para perseguir, estigmatizar y desprestigiar a dirigentes”. Todas las personalidades que han hablado del lawfare estos últimos años parecen atribuirle ese mismo significado.

El problema radica en que esta definición adolece de un mal que el reconocido politólogo Giovanni Sartori bautizó como “estiramiento conceptual”. Este tipo de deformación de un concepto consiste en volver cada vez más imprecisa su definición y, en consecuencia, poder aplicarla a más casos.

Es cierto que el término se originó en la Universidad de Harvard. El profesor Charles J. Dunlap Jr., en un paper del año 2001, lo definió como “la manera en la que los actores beligerantes, en particular aquéllos que no están en condiciones de competir con la gran capacidad militar estadounidense, intentan utilizar al derecho (…) como vehículo para obtener resultados que de otra manera requerirían del uso de la fuerza militar tradicional”.

La definición original es muy precisa en cuanto al ámbito de aplicación del concepto. Lawfare es un concepto del ámbito militar, no civil. Consiste en utilizar figuras legales del derecho internacional para obtener algo que de otro modo debería conseguirse a través de la guerra. Se aplica a colectivos beligerantes, no a dirigentes políticos.

En sus trabajos sobre el lawfare, Dunlap ha empleado este término para explicar muchos sucesos de la vida real. Algunos ejemplos son el uso de cláusulas contractuales para apoderarse de inteligencia militar sin atacar ni hackear al enemigo, o el desfinanciamiento de las organizaciones terroristas a través de figuras legales, sin necesidad de disparar una sola bala.

En esta línea, Dunlap nunca tomó una posición normativa en contra del lawfare. De hecho, el autor lo considera un medio para evitar enfrentamientos violentos. En sus palabras, “el uso de diversos métodos y ‘armas’ jurídicos evitan la necesidad de recurrir a la violencia física y otros medios más letales”.

En un trabajo del año 2011, Dunlap realizó algunas aclaraciones sobre la utilización del término. Bajo el título “El lawfare hoy… y mañana”, explicó: “El uso del término lawfare estuvo siempre destinado a encapsular el significado del derecho en la guerra actual para audiencias militares sin formación jurídica. No fue pensado para encajar sencillamente en alguna construcción de la ciencia política”. Es decir que el mismo autor del concepto aclaró que éste describe conductas del ámbito militar, no de la política.

En muchas ocasiones los líderes políticos citan estudios y conceptos formulados en la academia. La mayoría de las veces lo hacen para otorgarle legitimidad a la defensa de sus intereses frente a la sociedad. Está bien que así sea: al fin y al cabo, un dirigente que no se preocupa por ganar elecciones no es un buen dirigente. Lo que a todas luces no está bien es deformar esos conceptos para revestir de prestigio un diagnóstico propio. El uso que Cristina hace del lawfare se parece más a esto último.