El dramático dictado del tiempo

Vayamos a lo elemental. Como en cualquier circunstancia de la vida, en la política nos envuelve el dictado del tiempo. Aquellos que logren capturar estratégicamente el uso del tiempo pueden cantar victoria.

Los perdedores quedan, en general, prisioneros de un pobre entendimiento de esa vital dimensión. En estos días de septiembre, hay tres tiempos que se entrecruzan a cada momento: el tiempo corto de los mercados; el tiempo intermedio de los procesos electorales; el tiempo largo de la administración de Justicia.

Los mercados, con sus operadores planetarios, emiten a diario sentencia y pronóstico en un país sin moneda legítima que depende de un régimen fiscal tambaleante. Estos movimientos, que han generado en el oficialismo una brusca modificación del rumbo económico, descansan sobre una paradoja. Mientras en los hechos nuestra economía está dolarizada, en el plano de una dolarización legal, mal que le pese al Wall Street Journal, dicha operación acarraría enormes costos (reflexión atinada de economistas de peso).

Quizás en el corto plazo la dolarización legal daría un respiro a la inflación. Sin embargo, ese respiro no aboliría las serias dificultades que sobrevendrían en el mediano plazo. Dadas estas incógnitas, el choque entre dolarización sociológica y dolarización legal no está para nada resuelto entre nosotros. Es un fenómeno de arrastre extraordinariamente pernicioso que solo un consenso básico en esta materia, prolongado durante varios gobiernos, podría superar.

Después de que se votó en las PASO del mes pasado, el tiempo corto de los mercados ocupó casi enteramente la escena hasta que, debido al resultado imprevisto de esas elecciones primarias, los actores afrontaron el dilema de hierro de moderar la polarización. A regañadientes lo hicieron, aunque desde luego ello no haya impedido que la lucha electoral prosiga con vistas al 27 de octubre. La pugna en cuestión se dirime en dos campos: el que opone oficialismo y peronismo y el que ya se insinúa dentro de ese peronismo a primera vista unido.

Si el oficialismo jugará el domingo próximo su penúltima carta para levantar cabeza en los comicios provinciales de Mendoza (donde además, para acentuar las diferencias, enfrenta a una candidata de La Cámpora), en el peronismo ya se perciben síntomas de tensión.

Esto no solo se debe a los poderes sociales y territoriales que han sellado ese pacto de unión, sino al dualismo que impera en la fórmula de los candidatos al Poder Ejecutivo: dos Fernández que, según juicios extremos, no tendrían mucho que ver salvo su apellido.

¿Es posible imaginar, en este sentido, una razonable convivencia entre estas dos personalidades impuesta por la necesidad de conservar el poder ante una inclemente coyuntura?

Estos interrogantes están a la orden del día, sobre todo cuando el otro poder social –el poder de la calle con sus respectivas internas– está reclamando su parte en esta trama y los aparatos tradicionales del sindicalismo y de los gobernadores también defienden el espacio que les correspondería.

Un rompecabezas cruzado por ráfagas ideológicas que se disparan desde la sede del kirchnerismo invocando reformas constitucionales, un nuevo orden o un contrato social para los años venideros (pobre Rousseau, ante estas tumultuarias propuestas).

Habrá que ver cuál de estas tendencias prevalecerá, sola o en conjunción con otras. De todos modos, al igual que en otras etapas de su trayectoria, el peronismo afronta de nuevo el desafío de la restauración de un pasado muy próximo que feneció en 2015 o, de lo contrario, el reto que lo pone en el umbral de un nuevo transformismo. Por cierto no está dicha la última palabra dado que se trata de un cálculo de probabilidades sobre la base de los resultados de las PASO; de aquí, como venimos insistiendo, el crucial esfuerzo para obtener el mayor equilibrio en el Congreso.

Por encima de estas especulaciones electorales, se proyecta el gran tema de la impunidad y, concomitante con ello, el asombroso tiempo largo con que la Justicia desempeña ese tercer poder del Estado que le asigna la Constitución. El tiempo largo de los estrados judiciales, en relación con los casos de venalidad, cohecho y asociaciones ilícitas entre ex gobernantes, empresarios y testaferros, es uno de los resortes de la impunidad. Durante ese lapso extendido se manifiestan la lentitud de los procesos, los laberintos que abren los sistemas procesales y el olfato con que la Justicia percibe los cambios del humor político y el encumbramiento electoral de los que, por ahora, están en el banquillo de los acusados.

El entrecruzamiento del tiempo político con el tiempo judicial es tan visible que se hace difícil pronosticar indultos o amnistías, cuando los juicios más resonantes están aun en proceso sin sentencia firme. Todo fluye diría un antiguo filósofo, pero con exasperante demora. Esta es una de las claves que dan cuenta de otra paradoja. Frente a los casos políticos la Justicia es aparentemente débil y dócil. No obstante esa presunta debilidad le permite disponer de una reserva de poder para investigar y llevar a juicio a los gobernantes que sucedieron a los que, en estos días, circulan por sus salas. De esta manera se cierra el círculo de lo que podríamos calificar como un canibalismo político benigno en virtud del cual los ex gobernantes –algunos protegidos por fueros parlamentarios– soportan juicios prolongadísimos que suelen no concluir.

Por decir lo menos, estamos pues frente a un cuadro inquietante: la gran crisis de la legitimidad política que, teñida de una violencia creciente tuvo lugar entre 1930 y 1983, se ha trasladado en nuestra democracia, de manera más circunscripta, a las instituciones económicas y judiciales. No hay hacia ellas atribución de confianza colectiva ni creencias positivas en su valor. Nadie podrá negar que se impone una gigantesca tarea de reconstrucción. El asunto es cómo hacerlo en un país donde siempre fallan los medios para alcanzar fines deseables.