La sucesión presidencial, al rojo vivo

No hay respiro. El golpe de efecto de CFK de ungir a Alberto Fernández como candidato presidencial ratifica el principio de la jefatura en la historia del peronismo: ella lo nombró; ella podría destituirlo; ella ejercería desde la vicepresidencia el poder mientras su candidato, de ganar, desempeñaría la funciones de gobierno.

En esta sorprendente decisión hay causas inmediatas y una causa final que socava la Constitución vigente. Las causas inmediatas –se ha dicho esta semana– atañen a la impunidad que buscan los afectados ante la marea de juicios que sufre el Kirchnerismo y, en particular, CFK. Técnicamente una fórmula con otro candidato a presidente es un camino eficaz para eliminar los riesgos jurídicos involucrados en la figura del autoindulto. Otro magistrado sería quien indultase a CFK, en especial a su hija que no goza de fueros parlamentarios.

El debate acerca de la impunidad se daría en un contexto en que la Justicia, según el presidente de la Corte Suprema, padece una “crisis de legitimidad”. Simplificando, digamos que un crisis de legitimidad denota un vacío de creencias positivas hacia las instituciones del Estado: no la tienen la moneda ni tampoco el crédito que merece el país para pagar sus deudas.

Sobre este trípode de la desconfianza, un gobierno peronista tendría que renegociar la deuda, contener el déficit fiscal primario y controlar la inflación. Para un líder populista es un trabajo insalubre salvo que, una vez más, rompa los contratos y nos deje a la intemperie o bajo la protección de una potencia como China.

Si no lo hace, un sustituto con el perfil de Alberto Fernández podría ser conveniente: negociador, sin infundir tanto miedo, ese trabajo no afectaría a una figura altiva, ubicada a buen resguardo en el primer puesto de la sucesión y en la presidencia del Senado. Buena táctica, aunque falta sopesar su recepción en la opinión publica. Bajo estos juegos de superficie habría que preguntarse si no se esconde un proyecto más ambicioso. Como han expresado varios voceros de CFK, ya no se trataría de reformar la Constitución Nacional sino de producir otra ley suprema con otros valores y procedimientos: una nueva Constitución que gozaría del respaldo de un liderazgo que se negó a entregar a Macri los símbolos del mando y que especula con tomar revancha.

¿Tiene destino un proyecto semejante? Si nos atenemos a las reglas formales que la Constitución establece para su reforma (el concurso favorable de dos tercios de los miembros de ambas cámaras) no sería sencillo consumar ese propósito. Sin embargo, dada la fragilidad institucional que nos envuelve, nada esta dicho en definitiva. Intencionalmente, con CFK en ejercicio de la Vicepresidencia, asistiríamos a una disputa entre dos tipos de regímenes: el primero, que rige desde 1983; el segundo que, según lo expresado por esos voceros, subordinaría la Justicia a los dictados del Ejecutivo, controlaría los medios de comunicación independientes y, para dar satisfacción a las demandas de la época, sumaría al texto constitucional nuevos derechos escritos.

No experimentaríamos entonces un conflicto dentro de un régimen constitucional acatado por todos los partidos sino, asunto más grave, afrontaríamos un conflicto entre regímenes opuestos. La propuesta se cruza con el multiforme movimiento peronista, en el cual, pese a las diferencias, sigue latiendo en su seno la nostalgia de una unidad (para algunos unanimidad) capaz de abarcar la Nación entera.

Quizás la designación de Alberto Fernández acelere el objetivo de afianzar esa unidad mediante una ambiciosa coalición en la cual CFK representa un papel paradójico: quien tiene más apoyo popular es un obstáculo mayúsculo para alcanzar dicha unidad. La Alternativa Federal –un espacio al que no se ha sumado con otra denominación la candidatura de Lavagna– es un ejemplo de ello. ¿Es posible la convivencia de un peronismo republicano y democrático, como ellos dicen, con la estrategia hegemónica que se incuba tras las recientes maniobras tácticas?

Si esa convivencia fuese imposible sería la oportunidad de una tercera vía que se interponga en la polarización ente oficialismo y kirchnerismo. Una tercera vía que debería consolidar su oferta de candidatos so pena de fragmentar un espacio aun estrecho pero potencialmente apto para cosechar votos. De lo contrario,algunos abonarían la unidad peronista o, acaso, una apertura de Cambiemos hacia otras fuerzas.

Parecería entonces que marchamos hacia una competencia entre coaliciones, pero ¿es Cambiemos una coalición? Lo es en el plano electoral y parlamentario y no en el plano gubernamental. La coalición de Cambiemos está crujiendo porque nunca fue una coalición de gobierno. Debe decidir, por tanto, si es una empresa con ese cometido. La división sería el peor de los mensajes que podría recibir el electorado que acompañó las victorias de 2015 y 2017. Por ello, tan vital como las ofertas que se dirimen en la tercera vía, es la configuración de la fórmula de Cambiemos, si se confirma la candidatura de Macri, con un Vicepresidente como prenda de unión.

Por otra parte, siguen en suspenso los consensos posibles. El oficialismo propuso unos puntos con los cuales estarían de acuerdo los países vecinos que practican una economía responsable. Faltarían por supuesto las contrapartes en un clima electoral poco propicio para elaborar acuerdos. Más allá de estas dificultades, el mensaje de un consenso limitado, capaz de traducirse en actos de gobierno, podría reducir la incertidumbre y mostraría que la idea de un consenso fundado en una supuesta unanimidad es un mito inconducente.

No hay tal cosa. En la democracias los consensos se circunscriben a ciertas reglas básicas (la macroeconomía, por ejemplo) y adquieren valor si se los respeta con ánimo duradero. Lo demás es cháchara electoral o, tal vez, una manera de activar la estrategia que, con la invocación a una nueva Constitución, extendería la crisis de legitimidad hacia ese campo. 

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