¿Por qué a los gobiernos les conviene que la clase media vaya a la escuela privada?
Después de 12 años de política educativa kirchnerista, dos de sus resultados visibles son el incremento de la proporción de estudiantes en escuelas privadas -un fenómeno que se advierte desde mediados de siglo XX pero que se profundizó desde 2003- y la pérdida de alumnos en las escuelas públicas, este sí un fenómeno inédito en la tradición educacional argentina. Pero esta privatización de la educación no es una anomalía o un desajuste transitorio. Independientemente de las intenciones de los funcionarios, el hecho de que sectores crecientes de las clases medias salgan de la educación pública y elijan escuela privada resulta muy conveniente para la gestión global del sistema educativo por tres motivos:
1) Aumentan los recursos para la educación pública
En la medida en que las familias pagan por lo que les corresponde gratuitamente por derecho, el Estado concentra sus recursos en los cada vez menos alumnos de la escuela pública: la privatización de la educación es costo-eficiente respecto del gasto público en educación. La subvención estatal a las escuelas privadas contribuye a mantener este esquema bajando (un poco) los precios de las escuelas privadas siempre que el dinero público por alumno en escuelas privadas sea varias veces inferior al que se invierte en escuelas públicas. Por lo tanto, cuantos más chicos en escuelas privadas, más recursos estatales para los que quedan en las escuelas públicas. Imaginemos qué ocurriría si todas la familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas (que hoy llegan casi al 30%) decidieran en 2016 inscribirlos en una escuela pública. No caben dudas que el sistema educativo en su conjunto colapsaría de inmediato por falta de edificios, de vacantes, de dinero para pagar los salarios de los nuevos docentes, etcétera..
2) Disminuye la presión sobre los funcionarios
La clase media es el actor central en el reclamo por la mejor educación. Esto es así en todos los países dado que los sectores más pobres de la población tienen preocupaciones más urgentes respecto de sus hijos (alimentación, vivienda, salud). Por otro lado, los sectores medios tienen mayor experiencia escolar en sus familias, lo que les genera más información sobre la educación y mejores condiciones para una construir opinión más fundamentada sobre la escuela de sus hijos. Una ventaja que le proporciona a los gobiernos este modelo de privatización de la educación es que deja a la clases medias afuera del sistema educativo público, por lo que la presión por la calidad y la innovación se traslada a los responsables de cada escuela privada y no al gobierno, ni al sistema en su conjunto ni, mucho menos, a cada una de las escuelas públicas. Las familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas están fuera del debate público de la educación: protestan en su propia escuela y sólo allí participan y proponen. Ni siquiera le reclaman al gobierno exenciones impositivas.La privatización de la educación le impide a la educación pública contar con el sector social más dinámico, más severo, más exigente.
3) Aumenta la importancia de los sindicatos docentes
Como contrapartida de la salida de las clases medias, el único actor educacional que queda en el terreno educativo es el sindicato docente. Esto es muy conveniente para los funcionarios por cuatro motivos. Primero, los sindicatos representan el interés de los docentes que, aunque legítimo, puede conducirse por medio de una negociación por dinero donde la cuestión de la organización de las escuelas y la preocupación por la calidad educativa está ausente, para alivio de los funcionarios. Segundo, los sindicalistas suelen tener intereses políticos e institucionales que pueden formar parte de la negociación y contribuir a la existencia de acuerdos, sin modificar aspectos centrales que podrían beneficiar a las familias y a los alumnos. Tercero, los sindicatos docentes son por definición conservadores en todos los países, y suelen oponerse a cambios que, aunque remotamente, puedan afectar formas escolares tradicionales, por lo que los funcionarios no necesitan preocuparse. Cuarto, culpar a los sindicalistas es un clásico de los funcionarios para sacarse la responsabilidad sobre lo que deciden (y sobre todo lo que no deciden): hemos asistido a la paradoja en la que altos funcionarios de un gobierno que ha estatizado una compañía aérea, una petrolera y los fondos de jubilación explicaron que no pueden resolver el ausentismo docente "por culpa de los sindicatos".
Sin actores de la sociedad civil involucrados en la calidad y la innovación educativa el debate es prácticamente inexistente y la resultante de la década son medidas que cambian algo para que nada cambie: desde repartir libros en canchas de fútbol hasta sancionar leyes ampulosas con nula efectividad en las escuelas, leyes que ni siquiera sirvieron para lograr la "inclusión educativa", que beneficia a la población pobre que concurre a las escuelas públicas.
En resumen, la privatización de la educación no se trata, apenas, de una tendencia caprichosa producto de familias que buscan distinguirse entre las demás. Se trata de un esquema político y financiero que lleva ya más de cincuenta años y que en estos últimos doce se ha consolidado con una potencia inusual.
(*) Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella