Sin división de poderes no hay Justicia

El principio de separación de poderes, caracterizado por pensadores como Montesquieu, es el corazón del Estado de Derecho. La importancia de este principio radica en que el aparato estatal es sumamente poderoso y peligroso, tanto que el Estado es la institución que más derechos ha violado en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es esencial dividir los poderes que lo conforman (el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para que sean independientes y se controlen mutuamente. Ello contribuye a que el poder no se concentre, y por ende evita las violaciones de derechos que pueden producirse como consecuencia de esa concentración. Estas consideraciones no son meramente filosóficas: el principio de división de poderes es uno de los pilares fundamentales de la Constitución Nacional.

Muchos son los beneficios de la desconcentración del poder, pero hay uno que tal vez sea el más relevante: cuando hay división de poderes, y el Poder Judicial es independiente, los delitos cometidos por miembros del Estado son adecuadamente juzgados.

Hay muchos delitos que se sospechan que fueron cometidos por (o con la colaboración pasiva del) poder político. Las circunstancias en las que tuvieron lugar, algunas pruebas que los medios publican, así como los intereses que las víctimas podrían haber afectado fundan estas sospechas. Piénsese, por ejemplo, en Mariano Ferreyra, Leandro Andrada (testigo en la causa por la tragedia de Once), Luciano Arruga, Alberto Nisman y Ariel Velázquez. O piénsese en el sospechado fraude electoral durante las elecciones en Tucumán. Las sospechas están porque algunos elementos las fundan, pero los ciudadanos no tienen la capacidad técnica ni los recursos para investigar estos hechos. Sin embargo, cuando hay división de poderes, el Poder Judicial puede esclarecer su naturaleza. En otras palabras, cuando los tribunales no están cooptados por el Poder Ejecutivo, el Estado tiene la capacidad de juzgarse a sí mismo. El ciudadano puede, en ese sentido, confiar en ello, y expresiones tales como “la Justicia dirá qué sucedió” cobran mayor sentido.

En un contexto en el que no hay plena separación de poderes, el problema con los delitos que se sospecha que fueron cometidos por el Estado es que difícilmente se pueda saber si efectivamente fueron cometidos por el Estado. Sucede que, cuando el poder político está concentrado, y los delitos fueron orquestados desde el poder político, el menos interesado en que estos hechos se aclaren es el propio Estado. Cuando tribunales del Poder Judicial, ya sean federales o provinciales, están cooptados, la capacidad del Estado de juzgarse a sí mismo ya no existe. Se aprecia, por ejemplo, en Venezuela, y, todavía en menor medida, en Argentina. Son éstos los contextos en los que la gente se indigna y sale a las calles a manifestarse. Son contextos en los cuales la gente se enfurece aún más cuando se le dice “esperemos que la Justicia investigue”, “la Justicia todavía está trabajando, así que no prejuzgues” o “la Justicia desechó la denuncia, así que el caso ya está aclarado”.

Cuando la gente no espera que la Justicia resuelva un caso para salir a las calles y manifestarse, no es porque sea ignorante y no entienda la función del Poder Judicial. Es porque sabe que, en ausencia de plena división de poderes, los delitos del Estado probablemente no serán esclarecidos. Y decirles “esperemos a que la Justicia investigue” es tomarles el pelo. Obviamente, que haya sospechas de que un crimen fue cometido por el Estado no implica que de hecho haya sido cometido por él; la gente sabe que puede equivocarse. Pero es la ausencia de división de poderes lo que la lleva a pensar que si fue o no cometido por el poder político es algo que probablemente nunca se sabrá. Entonces la gente baja su estándar probatorio cuando se trata de salir a la calle a manifestarse.

La gente no necesariamente piensa que deba encarcelarse a los sospechosos sin garantías judiciales. Darle ese poder al Estado agravaría más el problema. Pero también sabe que, si tuviera que esperar a que el Estado se juzgue a sí mismo para manifestarse, entonces no saldría a manifestarse nunca. Es razonable. No hay mayor misterio en eso.

(*) Profesor e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella