22/08/16

A salvo de la traición y del chantaje

Por Ana María Mustapic

Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales

Hay un aspecto de la reforma electoral impulsada por el Gobierno al que no se le está otorgando la debida importancia. Me refiero a la decisión de que sea el Estado, y ya no como hasta ahora los partidos políticos, el que garantice la presencia de toda la oferta electoral en los lugares de votación.

La introducción del voto electrónico o, en su defecto, de la boleta única de papel permitirá liberar a la política electoral de la excesiva injerencia de los intereses localistas y particularistas, contribuyendo, así, a fortalecer los liderazgos partidarios nacionales y mejorar nuestra democracia.

Para dar cuenta de los alcances del cambio propuesto hay que tomar en cuenta el carácter accidentado de nuestra historia electoral y su corolario: impidió que las reglas que estructuran el comportamiento electoral revelaran todas sus potencialidades, que recién comenzaron a manifestarse con la estabilidad democrática inaugurada en 1983, en particular cuando los dos grandes partidos de implantación nacional, la UCR y el PJ, dejaron de ser lo que eran: uno porque perdió apoyo electoral y otro porque se fue faccionalizando.

Este nuevo escenario en el sistema de partidos fue el terreno propicio para que cobraran vigor las tendencias localistas y particularistas latentes en las reglas electorales, y para que proliferaran prácticas manipuladoras de la oferta electoral. En materia de reglas se puede señalar la existencia de un federalismo electoral fuerte que multiplicó los centros de poder; una regulación permisiva respecto del surgimiento y mantenimiento de partidos políticos que incrementó su número; la paradoja de reconocer partidos distritales que compiten en elecciones nacionales; la organización descentralizada de los propios partidos políticos que otorga autonomía a sus subunidades locales; los fallos de la Justicia que, en algunos casos, contribuyeron a fortalecer la organización distrital de los partidos frente a la nacional y, en otros, habilitó las listas espejo.

En materia de prácticas, la boleta partidaria, aquella con la que los partidos hacen proselitismo, diseñan y llevan a los lugares de votación, exhibió toda su capacidad estratégica. Una modalidad habitual fue colocarla al servicio de la competencia interna dentro de una misma familia política. Surgieron así la boleta corta, es decir partidos que, cuando las elecciones son simultáneas, presentan listas para cierta categoría (concejales y legisladores provinciales), pero no para candidatos nacionales; las listas espejo, que llevan los mismos candidatos bajo siglas partidarias distintas; las colectoras, con un mismo candidato para una categoría (presidente), pero se diferencian por presentar postulantes de distintos partidos en otras, como por ejemplo diputado nacional; los cortes de boleta no espontáneos.

Todas las estrategias mencionadas tienen a los poderes locales como principales actores, porque se necesita de ellos para que la boleta llegue al cuarto oscuro. Un ejemplo de su impacto fue la elección de diputados de 2009 en la provincia de Buenos Aires, en la que el ex presidente Néstor Kirchner perdió porque obtuvo menos votos que la lista del FPV para la elección de legisladores provinciales o concejales. Ese resultado fue producto de la utilización de boletas cortas en algunos distritos (por caso, Tigre) o del corte de boleta, como sucedió en La Plata.

Los efectos del uso estratégico de la boleta que acabamos de describir se nutren de lo que en la jerga electoral se conoce como "el poder territorial", en cuyas manos se colocan su confección y distribución. Al hacerlo se abren también las oportunidades a la extorsión y la traición. Sobre este último punto resulta pertinente aclarar que los riesgos de la boleta en manos de los partidos fueron oportunamente advertidos por quienes a fines del siglo XIX advocaron en los Estados Unidos por la introducción de la boleta única.

Hay otro impacto adicional del uso estratégico de la boleta sobre el cual es preciso llamar la atención, y es el que juega con la desinformación y la confusión del elector. Cuando el elector, en el mar de boletas que encuentra en el cuarto oscuro, identifica la de su candidato preferido, ¿sabe acaso que se trata de una boleta corta cuyo objetivo es restarle apoyo a un contrincante que compite en otra categoría? ¿Tiene claro que su candidato preferido está en distintas listas colectoras y que, quizá, termine votando en otras categorías candidatos que le son ajenos? ¿Sabe el elector que puede estar votando a los candidatos de su preferencia, pero no al partido de su preferencia? Mantener en secreto estos efectos, como ocurre con frecuencia, tiene mucho de deshonestidad electoral, pues estamos frente a operaciones políticas que especulan con la confusión o ignorancia de los ciudadanos.

Colocar las elecciones a salvo del poder territorial y de la deshonestidad electoral fortalecerá los liderazgos partidarios nacionales al no exponerlos al chantaje y a la traición, y a la vez ofrecerá a los electores opciones claras al momento de votar Por esta razón, la iniciativa del Gobierno de proponer al Estado como garante de la oferta electoral es un dato clave para nuestra democracia, pues importa un verdadero salto de calidad.

Directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT y miembro de Argentina Elige

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