Daniel Roldán

"…Nuestra cobardía y nuestra desidia tienen la culpa de que el mañana y el ayer sean iguales” (Jorge Luis Borges).

Se dice que en sus clases en la universidad de Harvard, Simon Kuznets, economista Nobel por su análisis empírico sobre el crecimiento económico, aseguraba que los países se dividían en cuatro: desarrollados, en desarrollo, Japón y Argentina.

Sobre Japón destacaba su capacidad para crecer a pesar de no contar con suficientes recursos naturales. Argentina, abundante en recursos, sumado a un temprano desarrollo que comienza a fines del siglo XIX, transitó el camino inverso hasta quedar atrapada en un deterioro económico y social que la caracteriza desde hace décadas.

Aquella descripción de la Argentina con la que jugaba Kuznets indirectamente podría vincularse al fenómeno “QWERTY”. Paul David, economista y profesor en Stanford, mostraba cómo la ineficiencia en los procesos productivos puede persistir a pesar de que empíricamente surgen mejores soluciones.

En “Clio y la economía del QWERTY” (1985) -palabra referida al orden de las letras del teclado de las máquinas de escribir que aún persiste en celulares y computadoras-, David explica que en los procesos de cambio económico las situaciones pasadas y el azar también juegan su partida.

La distribución del teclado ideada por Scholes en 1868 fue una acción deliberada con el fin de reducir la velocidad de escritura y así evitar que las varillas de la máquina quedaran atascadas.

Con el paso del tiempo surgió la distribución DVORAK (1936), solución que permitía acelerar la escritura entre un 20% y un 40%. Sin embargo, cierta inercia impidió el cambio. Altos costos de reconversión difíciles de recuperar en el corto plazo sumados a hábitos y conductas sociales ya arraigadas, impidieron la reconversión. En el largo plazo no todo converge hacia un resultado racional y eficiente.

Argentina se asemeja a un país QWERTY, uno en el que a pesar de que se articularon soluciones, cierta inercia institucional y malas decisiones impidieron su desarrollo –el intento fallido de Apple Corps alentando el uso de DVORAK podría pensarse como un paralelo-. Leyes, normas, decretos y resoluciones se acumularon en el tiempo y en su sanción débilmente se tomó en cuenta su influencia sobre el equilibrio socioeconómico general del país.

Existe en nuestros políticos una cierta pereza al análisis deliberativo del impacto amplio e intertemporal de, por ejemplo, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o de las leyes que se sancionan en el Congreso.

En ambas instancias surgen contradicciones. Ejemplo de ello son la creación de universidades públicas sin su debido análisis estratégico, eliminación de impuestos razonables como ganancias, pero a su vez trabas a la inversión y a la propia educación que impiden el ingreso a un sendero de crecimiento y desarrollo sostenido.

Es sabido que a menor cantidad de trabas y mayor agilidad en los trámites requeridos, mayor la cantidad de nuevos negocios y por ende, puestos de trabajo. En un ranking de 190 países, Argentina ocupa el lugar 126 en cuanto a facilidades para abrir un negocio (Banco Mundial, 2020).

El cierre por decreto de escuelas durante más de un año es otro claro ejemplo que demuestra que el razonamiento lógico y científico es materia pendiente en muchos de nuestros representantes. Los resultados de la cancelación de la presencialidad durante la pandemia fueron devastadores, sobre todo para los alumnos de hogares vulnerados.

Independiente de su constitucionalidad o no, y sin soslayar la importancia de que toda acción debe sujetarse a derecho, el mega DNU propuesto por el gobierno del presidente Milei, más el proyecto de ley ómnibus, surgen como una nueva oportunidad para que nuestros representantes deliberen sobre el futuro del país de manera racional y responsable.

Se trata de escaparle a la lógica QWERTY, pero evitando caer en la irracionalidad de un pleno rechazo o una absoluta sumisión al Poder Ejecutivo. El desafío implica quitar trabas a la inversión, eliminar privilegios discrecionales y mantener derechos que hacen al fortalecimiento de la cohesión social y el capital humano.

Entre los artículos presentados, varios apuntan al sistema educativo. De manera indirecta, uno le habla a la educación superior: el referido al examen obligatorio al terminar el secundario.

Recordemos que en nuestro país el ingreso a la universidad carece de toda evaluación previa, sea de finalización del secundario como presentan Brasil y Colombia, o de ingreso a la propia institución superior, como el Abitur en Alemania, la PAES en Chile y el PET en Israel, por ejemplo.

Un deportista es evaluado no solo para predecir su rendimiento físico sino para evitar que un esfuerzo le deje secuelas a veces de por vida. En educación ocurre lo mismo. La evaluación debe pensarse como un elemento informativo que ayude a la probabilidad de éxito del alumno que ingresa a la universidad, y no punitivo para excluirlo del sistema, como de hecho y sin contar con exámenes ocurre con 7 de cada 10 ingresantes a primer año.

Sin embargo, pensada aisladamente, la evaluación carece de eficacia. Como nos dice la especialista en educación Guillermina Tiramonti, si evaluamos sin modificar los contenidos y prácticas antiguas que nos han llevado al fracaso, lejos estaremos de transformar la escuela acorde a la cultura contemporánea.

En definitiva, sin cambios integrales en educación y en la estructura de incentivos sociales y humanos que nos atraviesan como personas y país, seguiremos girando en círculos gatopardistas, cambiaremos algo para que todo siga igual.