La ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, se refirió en una entrevista con América TV a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno porteño y destacó: “Movilizamos alrededor de 700 mil personas en torno a las escuelas -docentes y estudiantes- y sólo se contagiaron el 0,17% de las personas”.

¿Qué muestran los datos?

“Al cumplirse un mes desde la vuelta a las aulas, se verificó un presentismo del 89% y más de 45.056 burbujas funcionado. Se contabilizaron 1.215 casos confirmados de COVID-19 entre más de 700 mil estudiantes, personal docente y no docente. Esto representa apenas el 0,17% del total de la comunidad educativa. Un total de 494 burbujas debieron ser aisladas, es decir, el 1,09% del total”, explicó el Gobierno de la Ciudad en una gacetilla de prensa publicada la semana pasada. 

Lo mismo respondieron oficialmente desde el Ministerio de Educación porteño tras un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado. 

Ante la consulta de este medio, desde el sector de Prensa del Ministerio de Educación de la Ciudad agregaron que esta cifra de docentes y alumnos confirmados con COVID-19 “incluye también los casos detectados en los centros de testeo” y marcaron que “el 60% de los casos positivos detectados fueron docentes” mientras que “el 40% restante fueron alumnos”.

“Estos datos son totalmente esperables porque es lo que se viene diciendo que pasó en otros países”, explicó a Chequeado Guadalupe Rojo, consultora en políticas públicas, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés (CEDH-UdeSA).

Rojo señaló que, si bien todavía no hay tantos estudios en el país por las pocas clases que hubo en 2020 y la falta de financiamiento, “en general, de acuerdo con la evidencia internacional, no se observa incremento del número de casos luego de apertura de escuelas”. En este sentido, agregó que los contagios se suelen dar más en los adultos que en los niños, como muestra este informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Además, la especialista explicó que la presencia de la COVID-19 en entornos escolares parece verse afectada por los niveles de transmisión comunitaria (es decir, la situación social afectaría la situación en las escuelas y no viceversa), como lo muestra este estudio del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). 

También destacó que distintos estudios de Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Irlanda y Singapur muestran poca evidencia del “ataque secundario”, es decir, de la transmisión a la familia después de la detección del caso en la escuela y, por ende, se presume que la fuente del paciente inicial o el caso cero no es la escuela.

Los datos alternativos de la UTE

Volviendo al caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) publicó un comunicado el viernes 19 de marzo en el cual explicaron que, en una reunión con sindicatos, el Ministerio de Educación porteño informó los mismos datos publicados en la página web y reconoció “la detección de 1.215 casos de COVID-19 desde el 8 de febrero a la fecha”. En ese mismo comunicado, la UTE rechazó “cualquier medida con la que se busque flexibilizar el protocolo”.

La Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la UTE publica en sus redes un registro propio de los casos, pero sus cifras son menores incluso a las brindadas por el Gobierno porteño, ya que “hasta el miércoles 17 de marzo se relevó la información de 338 casos”.

Sobre la cantidad de personas que se movilizan diariamente a la escuela porteña, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) muestra en un informe que en la Ciudad hay 661 mil estudiantes. A eso habría que sumarle el personal docente y no docente. Según el anuario estadístico porteño de 2019, hay más de 78 mil cargos docentes en territorio porteño.

El protocolo de la Ciudad actualmente marca una “asistencia presencial obligatoria exceptuados estudiantes de riesgo”, mientras que aclara que la presencialidad se utilizará siempre que la cantidad de estudiantes sea menor o igual a la capacidad máxima del aula garantizando las medidas de seguridad contempladas en el protocolo, según marca un análisis de Cippec. Además, el protocolo establece una jornada de máximo 4 horas, como se explicó en esta nota.