Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Diego Gorgal es uno de los especialistas en políticas públicas de seguridad más reconocidos en la Argentina. Experto consultado en nuestro país y en el exterior, con su conocimiento teórico sustentado por la práctica de su paso como secretario de Seguridad porteño y en la provincia de Buenos Aires, Gorgal plantea que la Argentina, desde la década del 90, no acertó nunca en planes para la prevención del delito por culpa, en parte, de “la mala información sobre la inseguridad”.

Gorgal cree que en el país hay mercados ilegales que, en términos relativos, son los más grandes de la región -como la compra y venta de celulares robados-, que el país tiene “la tasa de robos más alta del hemisferio” y que, hasta ahora, en cuanto apolítica de Estado en materia de seguridad, prevaleció “el desprecio por la evidencia empírica” y el “enamoramiento por los ideologismos”.

Por eso, afirma que a partir del reconocimiento del problema podrá trazarse un escenario realista que permita cambios posibles. Así, plantea una nueva estrategia nacional de seguridad interior con cuatro puntos clave: prevención social, disuasión del delito, reforma en la administración de justicia y un trabajo puntual sobre las personas que salieron de las cárceles.

La clave, agrega, es sumar a los municipios a los planes de seguridad: “El rol de los municipios será central, porque toda prevención del delito y de la violencia es local, a través de lo social y de lo comunitario”. Una solución, en definitiva, que debe surgir de la política, de la formación de equipos técnicos profesionales y estables, y de un “pacto por la seguridad” que incorpore a aquellos distritos chicos al sistema de seguridad interior.

-¿Cómo analiza el escenario actual en materia de seguridad?

-La Argentina viene, desde los años noventa, en un proceso de deterioro de sus estándares de seguridad. A mediados de esa década, se dispararon los delitos y las violencias, pero además la seguridad se transformó en un problema público significativo. Comenzó la “latinoamericanización” de los estándares de seguridad. Durante muchas décadas, el país tuvo problemas típicamente europeos, y a partir de los noventa, empezó a tener estándares de seguridad típicamente latinoamericanos.
Esto se manifiesta en dos grandes dimensiones. Una, la objetiva, que tiene que ver con un crecimiento enorme en el volumen de delitos registrados. Esa tendencia llegó a un pico en 2002, en coincidencia temporal con la gravísima crisis económica del país. Entre 2003 y 2007hubo una recuperación en términos de reducción del volumen de delitos. Pero el piso de 2002ya estaba por encima del piso promedio de la década del 90.

Desde 2007 comienza otro nuevo período de expansión del volumen de delitos registrados, que llegó a un pico en 2014. Desde entonces y hasta 2017, hubo reducciones sucesivas. Pero el piso quedó por encima del de 2007. Esto prueba que cada crisis de seguridad genera un nuevo récord. En materia de inseguridad, estamos subiendo una escalera que a veces tiene descansos, pero en la que en general vamos siempre hacia arriba. 

-¿Y no se hicieron correcciones a partir de esas mediciones?

-No se acertó en los planes de prevención porque la información sobre inseguridad en la Argentina ha sido mala. Además, la estadística que tenemos, que técnicamente es mala, se lee mal, se analiza mal. ¿Debemos estar contentos de que haya pocos homicidios dolosos? Claro, porque no hay nada más importante que la vida. Pero, en este contexto, ¿qué nos está diciendo que bajen los homicidios dolosos, pero que persista una tasa de robos y hurtos de las más altas de la región? Ahí hay algo para investigar.
La mala información que aún hoy tenemos nos lleva a subentender el problema de la seguridad y eso nos lleva a tener políticas subóptimas. El desprecio por la evidencia empírica ha sido una política de Estado en cuanto a seguridad.

-¿Cómo se explican los descensos en algunos períodos? 

-Lamentablemente, no vamos a tener futuro en materia de seguridad si no empezamos a respetar y a reconstruir la evidencia empírica. Hay que analizar qué pasa, qué funciona y qué no, evaluar el impacto de las políticas para sacar provecho de esas lecciones, tanto de las positivas como de las negativas.
La Argentina experimentó una reducción enorme en la tasa de homicidios dolosos entre 2002y2005. Un 40% menos, y casi un 60% en la provincia de Buenos Aires. Y no hubo ningún estudio de impacto para saber cuál de todos los factores influyó en esa merma, por lo que no hemos aprendido lecciones que podamos replicar, o caminos que debamos evitar. Por caso, desde fines de los noventa la policía más grande de la Argentina, la bonaerense, fue sometida a dos reformas estructurales y dos contrarreformas, sin evaluar científicamente qué sirvió y qué no.

Después se vivió un rebote en el período 2007-2014 y tampoco hicimos evaluaciones de impacto para saber el porqué. Del mismo modo, en Rosario, los homicidios en 2018 rebotaron después de una reducción que hubo desde 2013. Otro ejemplo: los ataques de motochorros en la ciudad de Buenos Aires también aumentaron.

Hacia el futuro, hay que pensar si vamos a seguir cometiendo los mismos errores o acertando de casualidad. Hay que dejar de tener desprecio por la evidencia para poder formular las correctas políticas públicas. Tenemos que utilizar los datos para que en la toma de decisiones se evalúen mejor los impactos de esas determinaciones. Entonces, hoy estamos medio en las penumbras. No sabemos por qué decrecen. 

-¿Cómo se lee esto a la luz de la baja tasa de homicidios?

-Es que los homicidios dolosos responden a múltiples fuentes. Hay una parte pequeña que responde a robos. Hay violencia doméstica, violencia social, ajuste de cuentas, riñas. En América Latina, en general, hay factores estructurales muy grandes, como la desigualad, la marginación urbano-social, hacinamiento, debilidades institucionales. Todo eso hace que sean regiones violentas no solo por el delito.

En la Argentina tenemos la tasa de robo más alta de todo el hemisferio. Y lo que se roba se vende en algún lugar. En términos relativos, tenemos mercados ilegales muy desarrollados. Las organizaciones que proveen bienes y servicios a esos mercados se van haciendo más complejas en la medida en que cada vez hay más cash y se utilizan cada vez más armas de fuego para proteger ese cash. Y donde hay más armas de fuego hay más violencia. Entonces, empieza a haber en el mediano plazo una espiral de diversificación criminal. Por ejemplo, el mercado de drogas sigue creciendo y las bandas serán cada vez más sofisticadas y, eventualmente, más violentas y más difíciles de desarmar. Un escenario de crimen organizado más complejo es posible para la Argentina en el mediano plazo.

-¿Podría explicar el concepto de “delito patrocinado” que plantea en sus escritos?

-A diferencia de los países desarrollados, donde al delito se lo califica en dos categorías, común y organizado, en América Latina, a mi juicio, tenemos que clasificarlo en tres categorías: común, organizado y patrocinado. En este último, hay un conjunto de hechos delictivos que existen pura y exclusivamente por el patrocinio de alguna parte del Estado. Y esto va mucho más allá del rol de la policía.

Este problema no se limita a la connivencia policial con el delito. Hemos conocido casos donde en las bandas criminales participaron jueces federales, fiscales, intendentes, policías, aduaneros y organismos de inteligencia. Lo que significa, entonces, que distintas porciones del Estado han participado en la organización, la dirección o la supervisión del crimen común u organizado. Esto hace que sea una categoría específica de esta región: una porción del problema del delito la produce el Estado.

-¿Qué cambios realizaría para torcer el escenario actual?

-La Argentina necesita plantearse una estrategia nacional de seguridad interior, donde tiene que haber cuatro ejes. Primero, la prevención social y comunitaria del delito y la violencia. Esto significa trabajar en factores como la familia, la escuela y la comunidad para reducir la propensión y exposición criminógena que todos los años empuja a nuevas generaciones en el delito y las violencias. Hoy, exagerando un poco, no se hace nada Hay casos puntuales que prometen pero, dado lo que tenemos que hacer, no se hace nada.

Por ejemplo, ciertos aspectos de las políticas de urbanización de villas que concentran desproporcionadamente violencia pueden ser utilizados en la problemática de la seguridad. El tema de la violencia doméstica es otro de los puntos que se ha introducido en la agenda en la actualidad, aunque habría que sistematizarlo e institucionalizarlo de una mejor manera. En la escuela también, porque un maestro, cuando detecta un problema, no tiene hoy dónde comunicarlo para su resolución; es una isla. Necesitamos un plan concertado por el Estado nacional y allí el rol de los municipios tiene que ser fundamental.

-¿Por qué la actividad en los municipios puede resultar una de las claves para mejorar la situación de seguridad?

-Porque toda prevención del delito es prevención local. Necesitamos que los municipios se incorporen a este plan a través de lo social y comunitario del delito y la violencia. La segunda intervención es mejorar sensiblemente la capacidad de disuasión del delito a través de las policías, y ahí se requiere una reforma policial que se haga aprendiendo de los errores de aquellas hechas en el pasado que nunca funcionaron.

Después, y sobre todo, hay que reformar nuestra administración de Justicia para que el policía pueda “vender” expectativa de castigo y, así, lograr disuadir. Si se disuade no se necesita la plaza carcelaria Ahora si se le quita poder de disuasión al policía solo nos queda como último recurso la plaza carcelaria que es mucho más costosa y llega tarde, porque el delito ya habrá sido cometido.

Tercero, hay que ir hacia lo que se conoce como políticas de encarcelamiento selectivo. El problema que tenemos hoy es que nuestro sistema arresta, juzga y condena lo que “se lleva por delante”. El sistema no tiene capacidad de investigar ni a los delincuentes más prolíficos ni las modalidades delictivas más nocivas o las organizaciones más violentas.

Hemos incrementado enormemente la cantidad de personas arrestadas por infracción a la ley de drogas; en su mayoría son muías o los que manejan los búnkeres, el chofer del camión o el sereno del galpón, que nos llevamos por delante. Estamos gastando plazas carcelarias en delincuentes de baja intensidad en lugar de ir por los de alta intensidad.

Y el cuarto eje es, una vez que se logra el resto, generar intervenciones políticas para que quien sale de la cárcel desista de seguir delinquiendo. Hoy hay cosas que se hacen, pero el tratamiento criminológico empleado en la mayoría de nuestras cárceles deriva de paradigmas totalmente superados. Hay que ir hacia intervenciones más personalizadas para entender puntualmente los riesgos de reincidencia y, así, tratarlos específicamente.

-¿Qué se necesita a nivel estatal para concretar esas cuatro reformas?

-Reformular la ley de seguridad interior, la ley orgánica de todas las fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal, el Código Procesal Penal e implementar su reforma, el Código Penal, incluyendo el régimen penal juvenil y la ley de drogas, y la ley de ejecución penal. Y todo hay que hacerlo de manera consistente.

Se necesita desarrollar un sistema de inteligencia criminal que hoy no existe. Hay organigramas, gente dentro de esos organigramas, recursos públicos que se gastan, pero no hay producción de inteligencia criminal que sirva para guiar la prevención, disuasión y presión del delito. Ante esto también hay que reformar la ley de inteligencia nacional porque el sistema está muy mal diseñado. Hay que separar muy bien lo que es la inteligencia estratégica del Estado, que debe estar sometida a controles políticos, parlamentarios y restricciones para operar domésticamente, de lo que es la inteligencia criminal.

-Habló del rol de los municipios y de los cuatro ejes que debe tener una estrategia nacional de seguridad. ¿Cómo debería llevarse adelante esa política pública?

-Las soluciones empiezan desde la política, sobre la base de una visión moderna de la seguridad, liderazgos transformadores, y equipos técnicos profesionales estables para la gestión, implementación y evaluación de las políticas. Esto requiere un “pacto por la seguridad”, en donde se incorpore al sistema de seguridad interior a los municipios como primer escalón focalizado en la prevención social, situacional y comunitaria de los delitos y las violencias. Esto es, en procurar que menos personas estén predispuestas a incorporarse a la actividad criminal, o se expongan a entornos que favorecen o incentivan tales conductas.

-Teniendo en cuenta esa “centralidad” de los municipios en la estrategia de seguridad, ¡ ¿un modelo posible podría ser la municipalización de la prevención y provincialización/ nacionalización de los cuerpos de investigación? ¿Es posible coordinar un “doble comando”?

-En general, la centralidad de los municipios tiene que ver con la prevención social, situacional y comunitaria del delito, y no con la disuasión a través de la policía o la represión a través de la investigación. Así entendida, la prevención se refiere al uso de intervenciones urbanas y sociales que, se sabe, pueden tener efectos preventivos en términos del control de aquellos factores que predisponen a conductas delictivas o violentas, o exponen a situaciones de ese tipo. En muchos sectores de nuestra sociedad, hay adaptaciones culturales a la violencia, la naturalizan y la transmiten intergeneracionalmente, incorporando a más personas al delito cada año. Por eso, la Argentina viene aumentando todos los años, desde 1984, la proporción de personas encarceladas, y el delito crece a la par.

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