En los medios

La Nación
5/03/18

Tres políticas para terminar con el minué educativo

"El Congreso tiene este año una gran oportunidad para plantear los debates claves de la agenda educativa y ayudar a construir una visión de largo plazo que ponga fin al conflicto permanente", opina la directora del Área de Educación de la UTDT.

Por Claudia Romero


Volvimos a lo mismo: las clases comienzan sin clases. Como en una danza de minué, anticuada y de pasos previsibles, gobiernos y sindicatos repiten los movimientos que arrancan en febrero y duran lo que duran. A la primera oferta mezquina del Gobierno le sigue el rechazo obvio del gremio. A la segunda oferta mejorada, un rechazo enfático. Al anuncio del paro, los funcionarios responden con cruces mediáticos. Después viene, para unos y para otros, aguantar el paro. Las banderas políticas, las marchas, los discursos por la educación, el desgaste. La coreografía puede recomenzar una y otra vez hasta el paso final: el arreglo. El arreglo trae alivio, pero, por definición, es provisorio.

El minué es una danza aburrida, pero el minué educativo es, además, triste. La carrera contra la inflación que carcome los salarios de los maestros y, por el otro lado, el imprescindible mandato de proteger el derecho a la educación garantizando los días de clases son motivos genuinos que se entremezclan en la danza con la politización y el afán de promoción de dirigentes. La sociedad mira resignada, los chicos juegan a la pelota frente a la puerta cerrada de la escuela, los especialistas escribimos notas en los diarios. Y la danza recomienza cada año, ¿hasta cuándo?

Cambiar es quebrar el mito del eterno retorno de lo mismo generando visiones y marcos institucionales nuevos para la educación. El Congreso es uno de los lugares claves para ese trabajo, y ahora, con renovadas fuerzas políticas, tendrá que sostener debates que conduzcan a mejores leyes y mejores prácticas.

En el discurso de apertura de sesiones parlamentarias de este año, el presidente Macri reservó un discreto espacio para la educación y anunció que enviaría un proyecto de ley que permita publicar los resultados educativos por escuela, modificando el artículo 97 de la ley actual, que lo prohíbe. "Tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela adonde van nuestros hijos", dijo el Presidente. En rigor, hoy cualquier padre puede acceder a los puntajes de la escuela de sus hijos en la prueba nacional de calidad Aprender, que es hasta el momento la acotada información disponible para "saber cómo le va a la escuela". Además, quienes tienen a su cargo implementar mejoras educativas también conocen esa información. De manera que el proyecto responde más a una política de transparencia y acceso a la información pública que a una política educativa de mejora. Impactaría en las elecciones de los padres definidos como "consumidores", pero resulta controversial el impacto en la mejora de las escuelas de sus hijos; más bien, es probable que acreciente las desigualdades.

La investigación internacional enseña que el cambio y la mejora en educación requieren modelos basados en la equidad y en la construcción de capacidades escuela por escuela. Estos modelos tienen un enfoque sistémico; apuestan a la docencia de alta calidad, se enfocan en que todos los alumnos obtengan aprendizajes de alto nivel y cuentan con recursos suficientes y distribuidos de un modo equitativo.

Se dice que "para educar a un niño hace falta una tribu entera", en referencia al compromiso social que la educación conlleva. Podría decirse que "para mejorar una escuela hace falta un sistema", un ecosistema de mejora. Entonces, ¿cuál es la agenda educativa del Congreso? ¿Qué nuevos instrumentos legales se necesitan para mejorar el sistema y cada escuela?

El frondoso Plan Maestro, que el Gobierno presentó el año pasado como proyecto de ley, con 108 objetivos pero sin metas, ni responsables de ejecución ni presupuesto, menciona sin embargo tres temas que, por su carácter estructural y su potencia institucional, deberían ser prioritarios en la agenda educativa del debate de este año:

La creación de una institución de evaluación de la calidad educativa independiente del Gobierno. Ya había sido presentado en 2016 como proyecto y es urgente que sea ley. De lo contrario, ¿qué ocurriría si el próximo año los resultados de las evaluaciones que toma el Gobierno mejorasen? ¿Vamos a creerles? ¿Cómo evitar que próximos gobiernos vuelvan a un "Indec educativo", con datos ausentes o alterados? Solo con información independiente, válida y confiable sabremos "cómo le va a la escuela de nuestros hijos". Chile, Brasil y México son algunos países de la región que ya transitaron este camino y pueden servir de referencia.La incorporación de la informática a la gestión y la creación de un sistema de información nominal. Para garantizar transparencia y uso eficiente y equitativo de recursos se necesita incorporar un instrumental tecnológico preciso, dadas las dimensiones y la complejidad del sector educativo, que permitan la desburocratización, despapelización o mapas georreferenciados. Sin esto, ¿cómo hacer que los recursos lleguen a donde hacen falta si no se detectan las necesidades o los procesos son lentos y engorrosos? Por otro lado, ¿es posible que en la Argentina pretendamos tener trazabilidad del ganado y que, sin embargo, no sea posible reconstruir la trayectoria educativa de cada alumno? La nueva legislación debe obligarnos a contar con un legajo único por alumno. Sin esa información, ¿cómo intervenir para evitar la deserción y el fracaso escolar? La provincia de Santa Fe lleva la delantera en la instalación de sistemas de información educativa y es un ejemplo notable para una plataforma nacional.La creación de una nueva formación y carrera profesional docente. Al error político de transferir los sistemas de formación docente a las provincias en la década del 90 le siguieron años de un crecimiento desmedido de instituciones formadoras y falta de controles de calidad sobre ellas. La carrera profesional es perversa para quienes ya son docentes porque, por ejemplo, premia la antigüedad por sobre la capacidad y es poco atractiva para quienes pudieran elegirla. Estamos perdiendo para la profesión a los jóvenes más talentosos y no nos podemos dar ese lujo. Las condiciones de trabajo docente, el sistema de incentivos, la evaluación de sus prácticas no pueden ser moneda de cambio en las negociaciones paritarias, sino resultado de políticas docentes integrales. ¿Somos conscientes de que en las escuelas más carenciadas hay docentes que ni siquiera son docentes? ¿Así queremos combatir la pobreza y la exclusión?

Hay en América Latina y en el mundo experiencias inspiradoras y otras que conviene conocer para no repetir errores, pero este será el debate más profundo, porque aquí no hay otro camino que fabricar un modelo propio. El debate educativo en la política argentina está ausente. El pensamiento sin fisuras de los eslóganes de campaña y el minué de las paritarias ocupan su lugar. El Congreso tiene ahora una oportunidad para instalarlo, comenzando con esta agenda mínima que apunta a definir las bases de un sistema educativo transparente y relevante, dos condiciones necesarias aunque no suficientes para la mejora y la construcción de una visión de largo plazo para la educación que es la gran tarea política pendiente.