Control y descontrol: excarcelaciones en el banquillo

Martha Elizabeth Oviedo era cabo de la policía de la provincia de Buenos Aires y está procesada en una causa en la que se la acusa de tormentos seguidos de muerte de la que fue víctima otra mujer. El hecho ocurrió en mayo de 2002 dentro de una comisaría bonaerense y hasta hace poco menos de un mes Oviedo nunca había pisado una cárcel. Durante todo el proceso (seis años y tres meses) y pese a estar acusada de uno de los delitos más graves previstos por el Código Penal, fue beneficiada con el otorgamiento de una morigeración a su prisión preventiva. Todo el tiempo estuvo en su casa monitoreada electrónicamente a través de una tobillera magnética.

El de Oviedo no parece ser un caso aislado, como lo demostró brutalmente la masacre de Campana, en la que un beneficiario del sistema de monitoreo electrónico apareció vinculado directamente con el asesinato de una familia. Legisladores, jueces y fiscales aportan otros ejemplos paradigmáticos. Citan casos de procesados por venta de drogas a los que se les permitió volver con la pulsera electrónica al mismo domicilio en el que comerciaban estupefacientes. Se habla de la causa de un hombre acusado de facilitar la prostitución de menores que, con una tobillera monitoreada telefónicamente, pasa sus horas en la misma casa en la que se lo detuvo acusado del delito ya mencionado.

La reiteración de lo que algunos jueces entienden como excesos y lo que otros entienden como la aplicación lisa y llana de la ley, sumada a la carga emotiva de una sociedad que mira con temor la aparente facilidad con que los delincuentes pueden eludir la prisión, parecen haber dejado al borde del knock out a las ahora cuestionadas pulseritas y otros sistemas de morigeración de penas.

En el Senado de la provincia de Buenos Aires -la única que utiliza el sistema de pulseras electrónicas- se acaba de votar la creación de una comisión bicameral que investigará cada resolución judicial que haya beneficiado con algún tipo de morigeración a detenidos procesados. Desde la Corte se mira con cierta preocupación a esa comisión y, aunque no se ha expedido aún, no son pocos los que le vaticinan un destino de inconstitucionalidad. El ministerio de Justicia de la provincia alienta más modificaciones en el Código Penal para acotar el régimen de prisiones domiciliarias. También se pretende que los jueces, en el momento de resolver una prisión morigerada, den parte a los fiscales para que estos puedan apelar la medida.

Al mismo tiempo, y como consecuencia de la masacre de Campana, el servicio penitenciario aumentó la dotación de hombres destinados a monitorear el sistema electrónico y destinó una mayor cantidad de vehículos para cubrir los controles domiciliarios. A la vez, desde el gobierno nacional se avanza en la puesta en marcha de un sistema de pulseras electrónicas, pero acotado a casos de enfermos terminales, enfermos de HIV o personas mayores de 70 años, pero que todavía no tiene fecha de instrumentación.

Fue necesaria la masacre de Camapana, con la participación criminal de Angel Fernández, delincuente de voluminoso prontuario que gozaba del mismo beneficio, para que el caso Oviedo, entre otros trescientos, fuera revisado.

Fueron necesarias cuatro muertes para que la sociedad se enterara de que, además de Fernández, había otros 22 peligrosos delincuentes en un estado de semilibertad beneficiados por un sistema que, teóricamente, no había nacido, precisamente, para darles cobijo. Hoy Fernández está detenido acusado del cuádruple homicidio. Oviedo, ahora, pasa sus horas entre rejas. De los 298 casos restantes de procesados con pulseras electrónicas y prisión atenuada se encontraron otros 18 que, de alguna manera, evadían el sistema o no merecían el beneficio y regresaron a prisión.
La política del péndulo

Las cuatro muertes de Campana, entre otras cosas, pusieron en tela de juicio la utilización de un artilugio electrónico que, en principio, debía favorecer la reinserción social de los delincuentes. El caso de la cabo Oviedo (que, dicho sea de paso, alegó un severo cuadro de enfermedad cardíaca para evadir una prisión común, pero se sospecha que el estudio que lo avalaba fue firmado por un traumatólogo) es el preferido del ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, para ejemplificar los dislates cometidos.

La proverbial política del péndulo parece haber entrado otra vez en funcionamiento. Si ahora las pulseras son la encarnación del mal, hay que eliminarlas.

Inmediatamente después de la masacre de Campana, se empezó a insistir en eliminar las pulseras sin detenerse a pensar siquiera en la posibilidad de un análisis pausado del cuadro de situación. Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky, investigadores de la Universidad Torcuato Di Tella y autores de un detallado trabajo sobre la utilización de sistemas de monitoreos electrónicos en procesados, enarbolan, de alguna manera, la bandera de los que claman mesura y, por sobre todas las cosas, estudio y debate antes de tomar una decisión. "No sería la primera vez que en nuestro país se implementan o se abandonan programas importantes, tanto en política criminal como en otras áreas, sin tener la menor idea de si son buenos o malos", afirman.

Ambos saben que el 80% de los detenidos en la cárceles del Servicio Penitenciario provincial son procesados sin condena. "Ante este panorama los jueces suelen enfrentarse a dos alternativas: o mantienen en prisión a un acusado todavía no declarado culpable, o lo liberan con o sin pulserita, con el riesgo de que cometa nuevos delitos".

Este primer análisis, en líneas generales, es compartido por todos los actores. El ministro Casal advierte: "Los casos de las pulseritas son 300 y ante la crisis rápidamente los revisamos. ¿Pero quién controla a los miles de procesados que están con prisión domiciliaria?"

El senador provincial Diego Rodrigo (UCR), destinado a presidir una comisión bicameral que investigará la tarea de todos los jueces provinciales en relación con el otorgamiento de prisiones morigeradas, habla de los movimientos pendulares. "De la reforma propuesta por Arslanian, que llevó a la provincia de Buenos Aires a tener el código más moderno de la Argentina, pasamos a la política del gobernador Carlos Ruckauf y su ministro de Justicia, Jorge Casanovas, que creó el Código más duro de Latinoamérica. Tuvo que fallar la Corte en la causa iniciada por el CELS para que Buenos Aires pusiera su Código Penal en armonía con el derecho penal internacional".

Di Tella y Schargrodsky estudiaron durante dos años el comportamiento de los detenidos beneficiados con el sistema de monitoreo electrónico para encontrar un patrón de reincidencia en el delito que les permitiera determinar, con conocimiento de causa, si la prisión morigerada había ayudado en la reinserción social. Tomaron 454 casos de detenidos con pulsera y por cada uno de ellos seleccionaron otros tres detenidos que hubieran cometido delitos similares.

"La comparación de tasas de reincidencia de ambas poblaciones muestra que los asignados al sistema de monitoreo presentan una reducción importante. Mientras el 25% de los asignados a cárceles ha reincidido, sólo el 17% de los monitoreados lo ha hecho", concluyen.

El estudio, único de su tipo en la Argentina presentado por los autores en noviembre último en la Universidad de Chicago, llega a otras conclusiones no menos sorprendentes. "Demostramos que es extremadamente riesgoso darle este beneficio a los reincidentes, ya que tienen un 31% de probabilidad de evadir el sistema de monitoreo y cometer delitos que aquellos que son procesados por primera vez".

Sólo recomendaciones

En la provincia de Buenos Aires, la utilización del sistema de pulseras electrónicas para el control de procesados y de algunos pocos condenados se puso en práctica en 1998, cuando Eduardo Duhalde era gobernador y María del Carmen Falbo estaba al frente de la subsecretaría del Justicia. Hoy, Falbo es la procuradora de la Corte bonaerense y, como tal, jefa de todos los fiscales. Raro es que con tales antecedentes no haya contestado ninguno de los tres pedidos que se le hicieron para que opinara sobre el tema.

"Desde el ministerio de Justicia se elaboró una recomendación para que las pulseras sólo fueran otorgadas a enfermos terminales, con HIV, en especial, a mayores de 68 años, a mujeres embarazadas y a madres con hijos menores de cinco años", afirma Casal.

Los jueces, con justa razón, argumentan que lo del ministerio es nada más que una recomendación y que ellos tienen que atenerse a la letra de ley.

Luis Cayuela, juez de Cámara penal de San Isidro y con 40 años de experiencia en el mundo judicial, lo dice con todas las letras. "El ministro puede decir y sugerir lo que quiera; yo me atengo a la letra de la ley y, si la ley me autoriza a actuar de tal manera, no tengo por qué atender sus recomendaciones. Si el Poder Ejecutivo quiere restringir el régimen de excarcelaciones, que modifique la ley. Nosotros nos regimos por lo que dice el título VI del Código Procesal Penal, que es el que establece las reglas generales para las medidas de coerción, es decir, detenciones, arresto y prisiones preventivas, entre otras. No nos regimos por las recomendaciones de los integrantes de otro poder".

Cayuela, por otra parte, no parece ser un juez proclive a otorgar fácilmente pulseras electrónicas y no se suma entre aquellos denominados garantistas. "Dicen que a nosotros nos llaman los pragmáticos y creo que somos mayoría".

El magistrado entiende que un delincuente reincidente y autor de delitos graves no puede ser beneficiado con una prisión morigerada. "Vea, después de 40 años de estar en la justicia, cuando el delincuente se sienta en frente, a los cinco minutos yo ya sé para dónde va y qué es lo que va a hacer si lo dejo en libertad. Claro, son los beneficios de la experiencia ", dice.

Su postura contrasta con la de Nicolás Schiavo, el juez a cargo del Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial San Martín, que benefició a Fernández con el otorgamiento de una pulsera electrónica. Entre ambos magistrados parece haber un océano ideológico.

El senador Rodrigo, que acepta lo de las vertientes ideológicas a la hora de impartir justicia, insiste en la importancia de la experiencia.

"Nosotros tenemos que dar acuerdo al nombramiento de jueces y yo veo, muchas veces con asombro, los pliegos que analizamos. Abogados recibidos en el año 2000, que estuvieron un año como instructores y luego asumieron como fiscales y que, ahora, con cuatro o cinco años de haber desempeñado esa tarea, aspiran a ser titulares de un juzgado. Nadie pone en duda las capacidades, pero muchas veces me pregunto si tienen la experiencia", argumenta.

A Rodrigo le espera una áspera labor como presidente de la bicameral que pretende estudiar el comportamiento de los jueces en cuanto al otorgamiento de prisiones morigeradas. La Corte de la provincia fue puesta al tanto oficialmente de la creación de la comisión y aunque hasta el momento nada dijo sobre la cuestión, no son pocos los que imaginan una declaración de inconstitucionalidad por aquello de la independencia de poderes.

La crisis de las pulseras electrónicas, además, toma al gobierno de Daniel Scioli en medio de una nueva reforma judicial en la que, entre otras cosas, se impulsa un cambio en el régimen de excarcelaciones y prisiones morigeradas. "Fue consensuada y debatida con todos los sectores", dice Casal.

Desde la Corte bonaerense, extraoficialmente, dejan trascender que el debate no fue tal. "Nos encontramos con un paquete cerrado, que nos fue presentado sin muchas posibilidades de hacer cambios", sostiene un informante.

Cayuela lo avala. "El ministerio de justicia citó a La Plata a 220 jueces y camaristas, teóricamente, para debatir los cambios al código. Nos encontramos con que el ministro Casal nos dio una charla de 20 minutos donde nos explicó cómo iba a funcionar el sistema a través de Internet".

La esperanza de los investigadores de la Torcuato Di Tella de que a través del debate se mejore el sistema de las pulseritas electrónicas parece quedar, finalmente, en nada más que una esperanza.
La seguridad israelí

Roberto Juárez es la cara visible de General Industries, una empresa que, con sede en Barracas, representa en la Argentina a Elmotech, la firma israelí que fabrica las controvertidas pulseras.

General Industries le provee al Servicio Penitenciario Bonaerense 300 dispositivos electrónicos a razón de 30 pesos por día. "Mucho más barato de lo que le cuesta a la provincia mantener un preso entre rejas", sostiene Juárez.

Su empresa, además, aspira a venderle otras 600 pulseras al gobierno bonaerense y espera que el Ministerio de Justicia de la Nación defina cuántas necesitará para el sistema que estudia implementar para el Servicio Penitenciario Federal.

"Nosotros proveemos las pulseras y nos encargamos del monitoreo", explica Juárez. Es decir, no tienen contacto con los detenidos, y ante cualquier anomalía, señala, se le envía un fax al servicio penitenciario.

Se le preguntó si luego de la aparición del caso Fernández y la masacre de Campana había advertido un mayor celo de los penitenciarios sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo. "La primera consecuencia fue que desplazaron a todos los que estaban a cargo de esa dependencia del servicio penitenciario y que con la nueva conducción apareció una dotación mayor de gente y una mayor cantidad de móviles para acercarse a los domicilios de los procesados que presentaban problemas", aseguró.

Juárez sostiene también que el sistema es inviolable.

Pero el caso Fernández, además de las cuatro muertes, demostró que el sistema fue otorgado a una persona que, teóricamente, no lo merecía y que, además, por fallas u omisión, burló todos los controles. La pregunta es, ¿qué ocurre, habitualmente, con aquellos delincuentes que evaden el sistema?

"Deben volver a la cárcel común", dice Casal, pero el precepto, al parecer, tampoco se cumple a rajatabla.

"En líneas generales, el juez pide que el detenido comparezca ante él para dar explicaciones y, si las explicaciones son convincentes, se le mantiene el beneficio", acota el ministro.

Aunque el uso de dispositivos electrónicos es utilizado en más de 25 países, en la Argentina sólo la provincia de Buenos Aires lo llevó a la práctica. Las leyes mendocinas, que también fueron modificadas, autorizan la puesta en marcha del sistema, aunque todavía no lo llevaron a la práctica. Salta y Santa Fe evalúan la utilización de las pulseras electrónicas y el gobierno nacional parece ser el que más cerca se encuentra de implementarlo.

Aníbal Fernández, ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, afirma que tiene previsto el uso de pulseras electrónicas para casos muy excepcionales. "Señores de edad, enfermos terminales, enfermos de HIV, o mujeres en determinadas condiciones. Nunca sería para un caso de violación seguida de muerte o para el beneficio de la libertad condicional", afirma.

La resolución ministerial 1587 de junio último dice que se instrumentará en el ámbito de la Dirección Nacional de Readaptación Social de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios el mecanismo de vigilancia electrónica de arrestos domiciliarios. Y que será esa subsecretaría la que pondrá el mecanismo establecido a disposición de las autoridades judiciales.

Pero la definición de políticas, desde la masacre de Campana, avanza en realidad al calor de un debate que sigue abierto.