Di Tella en los medios
Crítica de la Argentina
2/04/9

Cae la imagen de los jueces

Dos de cada diez personas piensan que el sistema no es eficiente, imparcial ni honesto. En caso de divorcio eligen un acuerdo privado.<BR>

Una investigación privada sostiene que la confianza de la gente en el sistema judicial sigue en picada. Así lo sostiene una encuesta realizada por la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella ( UTDT ), la organización FORES y la Fundación Libertad que determinó que el 87% cree que la Justicia es poco o nada confiable.

“Los datos de marzo indican que el 87% de la gente piensa que la Justicia es poco o nada confiable con respecto a su imparcialidad, casi nueve de cada diez personas en el país. Al mismo tiempo, ocho de cada diez creen que la Justicia es ineficiente, ocho de cada diez también piensan que la Justicia no es honesta, y uno de cada cuatro encuestados se mostró reacio a recurrir a la Justicia en caso de enfrentar un conflicto legal”, explicó el decano de la Escuela de Derecho de la UTDT , Horacio Spector.

Las tres entidades elaboran el índice de confianza en la Justicia, que en marzo fue de 48 puntos, en una escala donde cero es el mínimo y cien el máximo de confianza. En noviembre, la anterior medición, el índice era de 47,4 puntos. La medición, que comenzó a realizarse en forma periódica en julio de 2004, determina, por un lado, “la actitud de las personas ante ciertos conflictos jurídicos concretos y, por el otro, la percepción de la población sobre la imparcialidad, la honestidad y la eficiencia de la Justicia”.

“Nos preocupa el deterioro de todas las instituciones en general y los ataques a la independencia judicial por parte de otros poderes del Estado. Todo esto desgasta la imagen que la Justicia refleja en el espejo de la opinión pública”, opinó el presidente del Comité Ejecutivo de la organización FORES, Carlos Oteiza.

La encuesta se realiza tres veces al año –marzo, julio y noviembre– entre 1.000 casos de distintos parámetros socioeconómicos y diferentes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Salta y Santa Fe. La confianza en la honestidad de la Justicia se mantiene en niveles muy bajos, casi sin variación en marzo, respecto de la medición de noviembre. Ese mes la honestidad de la Justicia fue “nada o poco confiable” para el 84% de los consultados y en marzo fue del 82%.

Spector explicó que se trata de una investigación que busca medir de manera metodológica qué confianza tiene la población en la Justicia “de la manera más objetiva posible” y por eso combina la percepción de las personas en términos de tres variables –la honestidad de los jueces, la imparcialidad de los fallos y la eficiencia de los tribunales– y la conducta de esas personas frente a un problema legal.

“Al combinar esos subíndices, el conductual y el perceptual, obtenemos el índice de confianza en la Justicia (ICJ) y que básicamente nos dice que la gente no confía en la Justicia”, dijo Spector. Consideró que estos resultados, “que son tremendos”, no hacen más que confirmar una variable que se sostiene en el tiempo: los índices siempre fueron en “picada”. “La encuesta asegura que casi el 30% no recurriría a los tribunales si tiene un problema en su matrimonio, aunque el 75% iría seguramente o probablemente a los tribunales para pelear con su empleador”. Entre las recomendaciones, sostiene que hay que “mejorar y agilizar los procedimientos de selección de jueces y también analizar los flujos de causas en los diferentes fueros para evitar grandes congestiones”.

La Suprema Corte critica al Gobierno

La Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Procuración General provincial emitieron una resolución en la que dijeron que las críticas del Gobierno a los jueces “afectan la independencia del Poder Judicial”.

“Cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial. De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial”, sostuvieron en la resolución firmada por todos los jueces de la Corte y la procuradora. Los magistrados reclamaron que, “frente a las controversias y opiniones que las cuestiones vinculadas a la seguridad hoy suscitan, debemos alejarnos de la superficialidad como forma de expresión”.
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