Di Tella en los medios
Clarín
18/03/23

Orden de detención contra Putin: ¿Una nueva oportunidad para la Corte Penal Internacional?

Por Alejandro Chehtman

Alejandro Chehtman, decano de la Escuela de Derecho, escribió sobre las implicancias de la orden dictada por la Corte Penal Internacional (CPI) para detener a Vladimir Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos del niño.



La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes 19/3 una orden de detención contra Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la comisionada para los derechos del niño.

La orden se basa en una imputación por los crímenes de guerra de deportación y traslado ilegal (especialmente de niños) en zonas ocupadas de Ucrania, en el marco de la agresión militar que se inició hace poco más de un año.

Si bien es muy improbable que alguno de los dos imputados resulte detenido y puesto a disposición de la Corte, la orden de detener un jefe de Estado en funciones de una potencia nuclear resulta revolucionaria y permite a la CPI recuperar algo del terreno perdido en los últimos años como actor relevante en la comunidad internacional.

El primer punto a analizar es la elección del crimen que se imputa. Hace meses se viene discutiendo la necesidad de iniciar una investigación penal contra los líderes rusos por iniciar una guerra de agresión.

Paradójicamente, quizá, la CPI no tiene autoridad para hacerlo por las reglas muy restrictivas que se acordaron al incorporar este crimen al Estatuto de la Corte, en 2010. Dicho brevemente la Corte no puede investigar el crimen de agresión si no cuenta con el consentimiento del Estado de nacionalidad de los acusados.

En cambio, las reglas de la Corte sí la habilitan a enjuiciar crímenes de guerra como los que aquí se investigan cuando son cometidos en el territorio de un Estado que, como Ucrania desde 2014, ha aceptado la competencia de la Corte.

De nuevo, esta es una cuestión de diseño del tribunal. Si bien siempre fue discutida la posibilidad de enjuiciar a funcionarios de Estados no parte, primó en Roma la decisión de que los Estados puedan autorizar a la Corte a perseguir todo delito cometido en su territorio.

En consecuencia, el argumento de la Federación Rusa que sostiene que la CPI carece de competencia en este caso porque Rusia no ha consentido su autoridad carece de una base jurídica sólida.

Un primer obstáculo que enfrenta la CPI en este caso es la posible inmunidad que podría invocar Putin como Jefe de Estado en funciones. Las inmunidades son obstáculos procesales basados en el principio de igualdad soberana entre Estados que impiden que un Estado o grupo de Estados puedan usar sus tribunales para adjudicar derechos de otros Estados soberanos.

Están dirigidas a favorecer las buenas relaciones entre Estados. Más allá de la propia Rusia, que podría renunciar a ella, el único órgano de la comunidad internacional que sin dudas podría “levantar” esa inmunidad es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ninguna de estas dos opciones parece viable en este caso ya que Rusia no tiene previsto hacerlo y además tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad.

Ahora bien, algunos creen que este obstáculo puede ser superado. La Corte Internacional de Justicia, principal tribunal del sistema de Naciones Unidas, sostuvo en 2002 que los Estados carecen de inmunidad ante “determinados tribunales internacionales” y mencionó específicamente a la CPI en ese contexto.

En mayo de 2019 la Sala de Apelaciones de la propia CPI fue más allá y sostuvo en el caso contra el presidente del Sudán, Omar Al Bashir, que no existen inmunidades ante tribunales penales internacionales en absoluto.

Si bien esta decisión fue ampliamente criticada por la doctrina internacional -así como por muchos Estados- bien podría ser reiterada en este caso, contribuyendo a que el Derecho internacional termine de dejar de lado este tipo de protecciones legales frente a hechos de esta gravedad, al menos ante tribunales que, como la CPI, representan a una parte amplia y diversa de la comunidad internacional. En cualquier caso, la potencial inmunidad de Putin no empaña el hecho de que esté siendo imputado por crímenes internacionales y el impacto que esto pueda tener.

Un segundo obstáculo en este caso, entonces, es la posibilidad remota de que alguno de los imputados sea efectivamente detenido y llevado a rendir cuentas. La CPI, razonablemente, no celebra juicios en ausencia.

En casos anteriores, además, este aspecto se convirtió en un indicador claro de su impotencia. En el caso contra el ex jefe de Estado del Sudán, Omar Al Bashir, la Corte no pudo lograr su detención ni su comparecencia durante todos los años en que se desempeñó como Jefe de Estado, pero tampoco luego de que fuera depuesto y arrestado en Sudán, en 2019.

No solamente Sudán prefirió no colaborar con la CPI; otros Estados como Chad, Malawi, Sudáfrica y Jordania también omitieron detenerlo cuando Al Bashir los visitó. Con estos antecedentes, esperar que el líder de una de las potencias militares más importantes del mundo sea detenido por orden de la CPI parece una quimera.

Sin embargo, varios juristas creemos que esto no empaña la importancia simbólica y política de la imputación, ni debilita especialmente la misión de la CPI en este caso. Desde la detención de Pinochet en Londres se sabe que ya no hay refugio seguro frente a la justicia que dure para siempre.

Pero, lo que quizá sea más importante, esta orden contribuye a deslegitimar internacionalmente todavía más al gobierno de Rusia, haciendo más costoso para muchos Estados -como, por ejemplo, China- apoyarlo. Es difícil pensar que esta medida por sí sola cambie sensiblemente el panorama del conflicto, pero sin duda constituye un paso en la dirección correcta.

Pero volvamos a la CPI. Esta decisión podría darle nuevo aire a una institución muy golpeada en los últimos años por alegaciones de ineficacia, discriminación e irrelevancia. Ahora deberá sortear las acusaciones -no todas fundadas- de resultar funcional únicamente al Norte Global y sus intereses.

Para ello, deberá mostrar cómo avanzan sus investigaciones en lugares que posiblemente puedan afectar más directamente a intereses de Occidente, como Afganistán. La Corte Penal Internacional ha logrado concitar nuevamente nuestra atención por las buenas razones. Ahora deberá trabajar para encontrar equilibrio.

Alejandro Chehtman es decano de la Escuela de Derecho de la Torcuato Di Tella.