Di Tella en los medios
La Nación
14/11/22

La polarización, un costo de la política

La profesora de las Licenciaturas en Estudios Internacionales y en Ciencia Política y Gobierno escribió sobre la polarización política.



Habitualmente, pero en particular en momentos de crisis, se alude al costo de la política a la espera de algún gesto por parte de la dirigencia. Así, hace unos días, dejando de lado sus otras intenciones, se propuso la supresión de las PASO, a los efectos de contribuir a la disminución de los gastos electorales. En esta nota quiero aludir a otro costo de la política, en mi opinión más sustancial, que no suele ser visto en esos términos, me refiero al que genera la polarización política.

¿De qué hablamos cuando hablamos de polarización? Al respecto, se pueden reconocer dos usos del término. Uno es consustancial con la democracia. En efecto, la democracia es competencia y en la competencia los competidores buscan diferenciarse entre sí. En toda sociedad democrática es posible identificar algunas líneas divisorias en torno de las cuales se van alineando las fuerzas políticas. Una versión clásica, en particular durante las campañas electorales, es la polarización entre derecha e izquierda, en la cual las versiones extremas de cada uno de esos polos ocupan posiciones minoritarias.

El otro uso del término, y es en el que me voy a detener, hace referencia a la polarización perniciosa. Se trata de aquella polarización que divide al electorado en campos mutuamente excluyentes, nosotros vs. ellos, generando a su vez dos identidades igualmente excluyentes como lo señalan Murat Somer y Jennifer McCoy.

¿Cuál es el impacto de la polarización perniciosa? Varía en grados. Las consecuencias pueden ser parálisis gubernamental, inestabilidad de los gobiernos, pero también erosión de la institucionalidad democrática, deterioro de la discusión pública y riesgos para la continuidad de la democracia. Quiero detenerme en su impacto sobre la capacidad de decisión de los gobiernos. Lo ilustraré con el desempeño del Congreso argentino, comparando un contexto de polarización clásica entre 1983 y aproximadamente 2007 y el posterior contexto de polarización perniciosa.



El escenario de la Marcha Federal frente a la Casa Rosada. Rodrigo Néspolo - LA NACION


Negociación parlamentaria

Cuando en 1983 el país se encaminó por el sendero democrático, la actividad legislativa en el Congreso se caracterizó por la negociación y el compromiso entre los principales bloques parlamentarios. En efecto, la UCR y el PJ, en un contexto en el que el gobierno del presidente Raúl Alfonsín no contó con mayoría en el Congreso -primero en el Senado y, después, en la Cámara de Diputados-, buscaron modalidades de acercamiento en el diseño de la agenda gubernamental. Más allá de las disputas visibles en las discusiones en el recinto, se estableció un estilo cooperativo de trabajo en el ámbito menos expuesto de las comisiones legislativas. De este modo, se logró eludir el riesgo de la parálisis gubernamental y avanzar en la implementación de ambiciosas agendas de trabajo, aun en un sistema en el que obtener la mayoría legislativa en ambas cámaras se convirtió en un objetivo difícil de alcanzar para todas las fuerzas políticas.

Esta dinámica exhibió los primeros indicios de discontinuidad durante el primer gobierno de Cristina Kirchner y marcó una clara ruptura en 2009. La modalidad consensual de construcción de la agenda, que había dominado la labor parlamentaria en la Cámara de Diputados desde 1983, fue desplazada por un sostenido intento, tanto por parte de la bancada oficialista como por parte de la oposición, de imponer una agenda parlamentaria en forma unilateral. Fue de la mano de los partidos de la oposición que, al lograr la mayoría en la Cámara de Diputados luego de las elecciones de 2009, se rompió con una regla informal: la que delegaba en el presidente de la Cámara la distribución partidaria de los cargos directivos en las comisiones. La mayoría de la Cámara decidió recuperar esa atribución para sí y formó dos grupos, el Grupo A y el Grupo B, uno integrado por legisladores de la oposición y el otro por legisladores del gobierno y sectores afines a él, para decidir la distribución de esos cargos. Así, el modelo consensual de la tarea legislativa fue deslizándose hacia un modelo mayoritario.

Casi simultáneamente a este desplazamiento se sumó uno más: el recurso a las sesiones especiales. Un aspecto relevante del pedido de sesiones especiales es que permite a una minoría de legisladores convocar una reunión para tratar una iniciativa de su autoría. El pedido se aprueba automáticamente y queda en manos de la minoría conseguir el quórum para iniciar la sesión. En los hechos, como difícilmente lograba el quórum, la sesión especial se transformó en una breve instancia en la que la minoría se hacía oir, tras lo cual se daba por concluida la sesión.

De ser utilizado por la minoría como un recurso simbólico para tener voz pasó ahora a ser utilizado por la mayoría como recurso político. La mayoría, que sí puede formar quórum, comenzó a recurrir a la sesión especial como mecanismo efectivo de formación y aprobación de la agenda de gobierno. Esta tendencia se profundizó a partir de 2011 y el recurso a la sesión especial se instaló como la estrategia dominante para fijar la agenda en la Cámara de Diputados, a expensas de la modalidad consensual utilizada en el pasado.

Esta nueva modalidad afectó la producción legislativa, en particular cuando el partido de gobierno no contó con mayoría en una o en las dos cámaras. Fue evidente bajo el gobierno de Mauricio Macri y lo es también bajo el actual gobierno, si bien en este caso se suman los efectos negativos del faccionalismo dentro de sus propias filas.



Escenarios de la polarización

Quiero resaltar ahora un último aspecto, a propósito de la polarización: las distintas dinámicas que se generan cuando la polarización opera en un escenario no competitivo de cuando lo hace en un escenario competitivo.

La polarización en un escenario poco competitivo no paraliza la capacidad de tomar decisiones. Esto sucedió durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. En cambio, la polarización en un contexto competitivo, cuando los polos tienen capacidad de veto mutuo, paraliza al Gobierno. Es más, tiende a simplificar las opciones y en la simplificación vienen las dificultades para responder a los problemas.

Asimismo, las políticas se vuelven inestables, como, por ejemplo, el caso del aeropuerto de El Palomar o el regreso a procedimientos no digitalizados en algunas áreas en las que habían sido digitalizados. La polarización limita la posibilidad de los gobiernos de autocorregirse frente a críticas fundadas porque hacerlo significaría una abdicación frente al enemigo.

En síntesis, un escenario de polarización en un contexto competitivo afecta la capacidad de la gestión democrática para hacer frente a los problemas que aquejan a la sociedad. En un país por largos años estancado, como el nuestro, profundiza sus miserias. Vista desde este ángulo, los costos de la política no consisten solamente en los gastos fiscales en los que incurre su ejercicio, sino que incluyen algo más: los daños innecesarios que la polarización perniciosa produce al simplificar en exceso y volver más rígidas las opciones disponibles para hacer frente a los desafíos de la hora.


Polarización de las elites políticas

Frente a este escenario, la única estrategia para evitar los daños de la polarización es la despolarización. Contamos con una ventaja para intentarlo. Nuestra polarización es el resultado de una decisión de las elites políticas, no estamos frente a una sociedad polarizada. Si éste fuera el caso, sería mucho más difícil salir de ella porque las identidades políticas rivales se prolongarían en identidades sociales en pugna.

Así las cosas, entiendo que los que deben dar el puntapié inicial son, qué duda cabe, los responsables de alimentarla, los liderazgos políticos. Le siguen inmediatamente los medios que se nutren de su amplificación. En estos momentos, en los que asistimos a una ola de profundo desencanto y desafección democrática, es urgente que quienes ejercen la actividad política abandonen actitudes y comportamientos que son puro costo para la sociedad.