Falta una verdadera política educativa

Vior

En Argentina, al cierre de escuelas entre los más largos del mundo, parece seguirle una política de ocultamiento de sus efectos. Y, sin información válida, confiable y oportuna, sólo queda la profundización de los daños.

El Ministerio nacional había anunciado que, como en 2020, volvería a suspender en 2021 las evaluaciones nacionales Aprender. Estas pruebas permiten evaluar los niveles de aprendizaje de los alumnos en todo el país y su evolución en el tiempo; detectar inequidades y factores que las producen.

Una práctica que realizan la mayoría de los sistemas educativos del mundo y que sostuvimos por más de 25 años, a pesar del asedio ideológico y variadas formas de obstaculización de algunos gobiernos y sindicatos.

Son evaluaciones perfectibles y no deben ser la única fuente de información sobre el sistema, pero, con el caso INDEC en mente, vale insistir en la necesidad de proteger la información estatal y mejorar las instituciones que la producen.

Las reacciones surgieron de inmediato y distintos actores, entre ellos la Academia Nacional de Educación, reclamaron que no se suspendan. Como sucedió ante el cierre de escuelas, la presión social hizo que se diera marcha atrás y así el Ministerio Nacional junto al Consejo Federal de Educación, que reúne a los 24 ministros del país, terminó resolviendo, que sí se tomarán las evaluaciones este año.

Aunque sabemos que estos consensos pueden evaporarse en cualquier momento y sin aviso a las autoridades educativas, podría ser una buena noticia, pero no lo es.

En su resolución el Consejo Federal empujó las evaluaciones a diciembre, demorando los resultados para 2022. Y decidió que sólo se tomen para el nivel primario, y no para el secundario.

¿Por qué?, ¿cuál es la razón de semejante desatino?, ¿por qué dejar sin información a las provincias sobre el impacto del cierre de escuelas en los aprendizajes de los alumnos del secundario? ¿Es impericia, fallo salomónico entre la presión social y el prejuicio ideológico del gobierno? Cuanto más tardía y más incompleta sea la información sobre los daños, más improbables las soluciones. Evaluar ambos niveles es necesario, urgente y técnicamente posible.

Este podría ser un episodio más de la serie de marchas y contramarchas de una política educativa errática y resistente a las evidencias. Pero su trama peligrosamente banal devela la precariedad institucional de los “consensos” en las políticas educativas en la Argentina.

Una y otra vez se ve al Ministerio nacional anunciar a la prensa decisiones que no le competen, la última sobre cómo los docentes deben calcular la nota de cada alumno, y anticipar las resoluciones del Consejo Federal como si éste fuera una escribanía de sus decisiones.

El Consejo Federal comparte con otras instituciones la debilidad de un federalismo condicionado por el poder central y, además, como es un órgano político y no técnico, adolece de capacidades para decisiones de esta envergadura. Previendo esto, la Ley de Educación Nacional de 2006 establece que para sus resoluciones deberá contar con el apoyo de tres Consejos Consultivos: el de Políticas Educativas, el Económico y Social y el de Actualización Curricular, pero la ley no se cumple, nunca se conformaron estos consejos. Se resuelve entonces sobre cuestiones que requieren valoraciones técnicas como la evaluación, sin apoyo experto probado y siguiendo arreglos partidarios. Consensos bobos y obedientes.

Estas instancias “internas” de control de calidad de las políticas alimentan la idea de una gestión racional, pero tampoco están exentas de cooptación política.

La tendencia en el mundo democrático es hacia instituciones de autonomía creciente, independientes del poder político de turno y con presupuesto propio. Un caso cercano, entre tantos que podríamos mirar para aprender, es el Consejo Nacional de Educación de Chile, creado en 2012, un organismo autónomo, con miembros de reconocida trayectoria, probados conocimientos, pertenecientes a distintos sectores y nombrados con anuencia del Congreso.

Su función es colaborar con la visión estratégica y la evaluación de las propuestas educativas que realizan los organismos públicos para asegurar su calidad y pertinencia, y además proveer información confiable a la sociedad sobre el sistema educativo.  Los imperativos de credibilidad y de eficacia de las políticas públicas requieren de una arquitectura institucional que minimice la impericia y la opacidad de las decisiones.

Dice Pierre Rosanvallon en su libro La contrademocracia, sobre la política en la era de la desconfianza: “la democracia de aquí en más no puede florecer si no integra en su definición sus riesgos de mal funcionamiento y no prevé entre sus instituciones el medio para criticarse a sí misma”.

Una sociedad capaz de reclamar por educación y exigir políticas basadas en evidencia es la gran novedad argentina durante la pandemia. La situación educativa es demasiado grave y no hay tiempo para decisiones equivocadas.

Es imprescindible conocer con urgencia las pérdidas de aprendizaje para decidir cuál será el modelo de recuperación, con políticas fundamentadas y debatidas a la luz del día. La demanda social debe continuar exigiendo mejores instituciones para la educación, base de una democracia capaz de criticarse y mejorarse a sí misma.

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