Cuatro pilares para la inclusión laboral

Ilustración: Daniel Roldán

En la Argentina, el desarrollo social no se piensa como desarrollo para el futuro sino como reparación del pasado. Cada vez más hogares sufren el fracaso de un Estado que no los incluye a través de la educación y del trabajo, y cada vez más hogares reciben de ese Estado fallido una transferencia monetaria que es una suerte de indemnización y un simulacro de inclusión. Es un “dinero en el bolsillo” que sirve para aliviar el corto plazo, y para contener el malestar y abonar apoyos políticos.

Este subsidio reduce parcialmente la pobreza de hoy, pero no la de mañana; en realidad, la consolida pues no es acompañado de un programa que permita a quienes lo reciben salir del estado en que se encuentran. Nos ofrece la opción de un subsidio permanente que en el tiempo se amplíe a más personas.

Es posible que esta idea de Estado subsidiador esté en la cabeza de algunos dirigentes y políticos, pero es una ilusión peligrosa por dos motivos. Primero, porque es una capitulación: nos resigna a ser una sociedad estática y dual, con ganadores y perdedores.

Segundo, porque es económicamente inviable. El Estado carece de suficientes recursos para repartir y termina repartiendo, a través de impuestos al trabajo y a la producción, recursos privados que deberían destinarse a la inversión y a la creación de empleo, lo que a su vez alimenta el retraso económico y la exclusión en un círculo vicioso.

Es un poco como si, en la urgencia, nos comiéramos la vaca lechera. No nos engañemos: no hay régimen cambiario, ni recorte de deuda, ni programa con el Fondo, ni ajuste fiscal que haga viable este modelo de pobreza inclusiva.

La discusión de fondo, y las políticas públicas a seguir, deberían ser otras. El objetivo del desarrollo social deber ser dinámico: la movilidad social ascendente. Para salir de la pobreza, hay que abrir caminos para entrar en la riqueza. Y para eso hay que hablar de educación, de vivienda, de ahorro y, sobre todo, de acceso a un trabajo productivo y estable.

En la Argentina, no hay modelo de desarrollo social que no pase por la inclusión laboral. Para eso, proponemos cuatro políticas complementarias.

Primero, más educación. No cualquier educación, sino una que mejore el acceso al trabajo, para tres universos laborales distintos: el de los asalariados, cada vez menor; el de los cuentapropistas, trabajando en la precarización, y el de la economía social, dependiente del apoyo estatal. Hace un mes, legisladores radicales presentaron un proyecto de ley, para crear un Instituto de Formación Laboral Continua, que elaboramos con un equipo de expertos y que, si es aprobado, contribuirá crucialmente a este objetivo.

Un segundo pilar de la inclusión laboral, tal vez el más controversial y el más urgente, es un régimen de emergencia laboral que facilite la contratación de nuevos trabajadores en la pospandemia. Acá no hay tiempo para perder.

El impacto de la crisis fue atenuado por programas como la ATP o la prohibición de despidos. Pero esto se acaba.

El año que viene, a este impacto se le sumarán la caída de la inversión y la aceleración de la digitalización. Este golpe a la demanda de empleo no se soluciona con subsidios y excensiones, ni con prohibiciones que empujen a las empresas a la quiebra o a la informalidad. Por eso es imprescindible un régimen transicional para reparar el acceso al trabajo de quienes lo perdieron en la crisis, preservando los derechos de los trabajadores actuales. Hay varios modelos globales de este régimen que proponemos, pero también los hay locales; sin ir más lejos, en el sector de la construcción.

El tercer pilar es reconocer que el país federal excede al AMBA. No hay manera de que un solo convenio nacional por rama, aún actualizado, contemple la diversidad regional, empresarial y de actividad, con costos y prácticas laborales distintas.

Las reglas de juego deben dejar espacio para la adaptación a las condiciones particulares, no solo por la crisis como suele suceder, ni en lo relativo al salario, sino también en aspectos relacionados con la productividad, como horarios y funciones.

Por último, sobre todo después de la penosa experiencia de la cuarentena, es necesario poner en marcha un régimen para los trabajadores independientes que a la vez los haga contribuyentes y los proteja de la precarización.

Un régimen que estabilice su ingreso en base a beneficios laborales portables, que es hacia donde está girando el debate laboral en el mundo, por buenas razones: en un futuro del trabajo más fluido e incierto, no tiene sentido que los derechos laborales protejan al empleo a expensas del trabajador.

Cada uno de estos cuatro pilares requiere un proceso de estudio y propuestas, de negociaciones y de acción política. Lo bueno es que los actores reconocen la emergencia y están motivados a sentarse a la mesa de discusión, aunque no siempre tengan en claro qué es lo que cada uno debe aportar. Lo malo es que el Gobierno aún no se despierta de su letargo para liderar estas reformas.

El ciclo de precarización laboral y déficit fiscal crónico lleva ya varias décadas; hoy, sólo 29% de la población en edad de trabajar tiene un empleo formal (10% de ellos en el sector público) y cada crisis nos deja un escalón más abajo. No hay razones para que esto cambie si el país no cambia. La inclusión laboral no es sólo la única salida sostenible de la pobreza; es también el camino para recuperar el sueño de una sociedad de clase media inclusiva.

Eduardo Levy Yeyati es Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Horacio Barreiro es abogado, ex Subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires

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