Por la pandemia, la billetera del Estado le paga ingresos a otras 12 millones de personas

Realidad 2020. Cerca del 60 por ciento de la población argentina depende hoy para su subsistencia del dinero que le entrega el Estado.

En 2019, el Estado pagó 21,4 millones de beneficios, entre jubilaciones, asignaciones familiares, AUH y diversos planes sociales. Para este año, por la pandemia y la cuarentena, se pagarán más de 33 millones de beneficios a 27 millones de personas.

Se llega a esta impactante cifra por la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -ayuda que llegó a casi nueve millones de personas- y el pago de parte del salario de las empresas privadas, que sirvió para completar los ingresos mensuales de unos tres millones de trabajadores, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Como en algunos casos una persona puede cobrar más de un beneficio (IFE y AUH), se calcula que 27 millones de personas reciben asistencia del Estado. En definitiva, este año, en una población de 45 millones de personas, seis de cada diez ciudadanos recibieron un cheque del Estado.

Más de la mitad del presupuesto del Gobierno nacional se aplica a pagar estos beneficios y planes.
Es una fotografía ciertamente desalentadora de la Argentina, producto de un rumbo económico errático que puso al país en recesión hace casi una década, cuando el PBI dejó de crecer y se inició un nuevo ciclo de deterioro social y económico, cuyas consecuencias están a la vista.

De hecho Argentina es uno de los pocos países de la región -a excepción claro de Venezuela- que no logró mejorar sus indicadores de pobreza e indigencia en la última década.

Los 21,4 millones de beneficios pagados en 2019 surgen de un detallado estudio elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un equipo de especialistas elegidos por concurso público y dirigido por el economista Marcos Makón.

De dicho informe se desprende que 7,7 millones de cheques corresponden a jubilaciones y pensiones que se financiaron con aportes y contribuciones aplicados sobre los ingresos salariales de sus beneficiarios. Estos cheques representaron un gasto equivalente al 5,6% del PBI. Es decir, se trata de jubilados o pensionados que están recibiendo la contrapartida por los años de aportes que hicieron durante su vida laboral. A esto se lo denomina “pilar contributivo”.

El resto –13,7 millones- fueron pagos que no tuvieron contrapartida de financiamiento en función de las características laborales de las personas (técnicamente pilar no contributivo o semicontributivo).

Los 21,7 millones de cheques representan, en plata, el 10,3% del PBI. El esfuerzo destinado al gasto social es la porción más grande del presupuesto nacional, y viene creciendo en forma sostenida. En 2008, estos desembolsos representaron el 38% del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Hoy ya está en el 47%. En otras palabras, uno de cada dos pesos que gasta el Estado nacional se destinaron en 2019 a financiar los 21,7 millones de beneficios.

De hecho, dada la persistente crisis económica y social, y su impacto sobre los sectores más rezagados, por la mayor informalidad y por el aumento del desempleo, crece año tras año la cantidad de gente que necesita la ayuda del Estado. Pero la contrapartida de esa mayor asistencia estatal es que, al prolongarse la recesión y el achicamiento de la economía y de los recursos, se agranda el déficit del sistema de Seguridad Social.

Así, se requiere, para financiarse, de una mayor presión fiscal y de las transferencias del Tesoro que, también deficitario, acude a la asistencia del Banco Central, en un círculo vicioso que parece no tener solución.

Pese a la magnitud de la ayuda estatal, la pobreza siguió en aumento.

En el segundo semestre de 2019, según el INDEC, la pobreza alcanzó al 35,5% de la población urbana. Proyectado a todo el país son 16 millones de personas pobres. Dentro de dos semanas, el 30 de septiembre, el INDEC dará a conocer los datos del primer semestre de este año que se estima será superior al 40%, con un segundo trimestre en torno del 45%: más de 20 millones de pobres.

Queda la incógnita sobre cuál sería el nivel de pobreza si toda esa gente no estuviera asistida. Al mismo tiempo, revela que la asistencia social puede morigerar los niveles de indigencia, pero por los montos exiguos de la ayuda económica, no lograr reducir los de pobreza, a la vez que actúa sobre las consecuencias de ese estado de cosas. En tanto, las crisis económicas se suceden volcando más gente a la precariedad social, laboral y económica, requiriendo más asistencia social, en un círculo ascendente que se retroalimenta.

El Informe de la OPC, que comprende el período 2008-2019, aclara que los pagos corresponden al “número de beneficios y no de beneficiarios.

Esto es así dado la falta de disponibilidad de bases de datos con nombre y apellido que permitan identificar al destinatario de las transferencias, sin incurrir en doble contabilización en caso de recibir una persona más de una prestación social”.

Por ejemplo, jubilación y pensión por viudez o este año el cobro de la AUH y el IFE. Si se eliminara el doble beneficio, los 21,4 millones de beneficios de 2019 bajarían a poco menos de 20 millones. Y los 33 millones de 2020 a unas 25 millones de personas.

Muchos sacan pero pocos ponen Los datos de la OPC marcan que los pagos semi y no contributivos crecen mucho más rápido que los contributivos, y este año a mayor velocidad porque tanto el IFE como el ATP no tienen una contrapartida en aportes anteriores o presentes. Es decir: más personas reciben un cheque del Estado sin haber hecho en el pasado, ni en el presente, una contribución.

Este análisis de los tres pilares (contributivo, no y semicontributivo) es clave para evaluar la sustentabilidad del régimen previsional porque, como indica el Informe, “los beneficios otorgados en concepto de jubilaciones y pensiones (con financiamiento contributivo) permanecieron prácticamente estables durante todos los años bajo análisis” (2008/2019), más aún tomando en cuenta el crecimiento de la población.

En otras palabras: se mantiene constante la cantidad de personas que aportan dinero al régimen previsional, pero cada vez son más quienes toman dinero de ese fondo.

CUATRO MIRADAS SOBRE EL GASTO SOCIAL, SU ALCANCE, TAMAÑO Y CONSECUENCIAS SOBRE LA ECONOMÍA

Jorge Carpio (Univ. Nac. de Tres de Febrero)

Se ponen de manifesto los límites del sistema

Acá el problema central no es cuánta gente está vinculada al Estado, si no por qué es posible que tengamos una economía que no es capaz de dar una respuesta, para que la gente pueda incorporarse positivamente a la actividad.

Hay un sistema económico que debe reordenarse. Pero esto no es un problema nuestro, es un tema global: lo que la pandemia ha puesto de manifiesto son los límites de un sistema que tiene como norte principal la posibilidad de poder generar una gran acumulación concentrada en ciertos grupos, y una enorme mayoría que cada vez más va siendo apartada de los beneficios del desarrollo.

Esto pone en evidencia un problema que es estructural a la economía argentina. Es una barbaridad la cantidad de gente que depende el Estado. No hay presupuesto que pueda absorber a esta población en un sentido productivo, si bien es cierto que un porcentaje muy significativo se lleva jubilaciones y pensiones, hay un porcentaje del gasto social en este aspecto y cada vez que es cada vez mayor. Es un gasto que apunta a atacar fundamentalmente los problemas de la pobreza.

El trabajo decente es una minoría de la gran masa laboral existente.

Este es un tema mucho más profundo, que no es un tema nuestro, es un tema global.

Aldo Isuani (Universidad de San Andrés)

Ayuda incondicional solo para niños y adultos mayores

Tenemos toda una discusión sobre el trabajo y el ingreso. Yo sostengo que el ingreso incondicional y universal tiene que ser dado a aquellos a los cuales no se le puede pedir un trabajo. ¿Quiénes son? Los niños y los mayores. Para ellos, un ingreso básico, general, universal es el camino correcto, y en eso la Argentina prácticamente lo ha cumplido. El problema está con el trabajo, aquellos que demandan trabajo, porque ahí estamos muy lejos de quienes realmente necesitan, que son los desocupados y esto se debe a que no hay mucha capacidad de gestión.

Y que vivimos en una sociedad esquizofrénica que le pide a la gente que trabaje y que realmente no le da las oportunidades de trabajo.

Aquí tenemos toda una discusión sobre el trabajo y el ingreso, digamos, algunos sostienen que el ingreso debe ser dado sobre bases prácticamente universales.

Por lo tanto, sugiere un sistema universal de ingreso para toda la población. Hay otra mirada que dice que el problema de ingreso universal no es solamente un problema de asalariado sino de exclusión. El problema de exclusión no es un problema de ingreso, sino de un lugar en la sociedad.

Es el trabajo lo que le permite a la persona reconocerse y ser reconocido por otro.

Eduardo Levy Yeyati (Universidad Torcuato Di Tella)

El desequilibrio de este gasto explica las crisis recurrentes

El tema de la dependencia del Estado tiene varias aristas. Hoy tiene un aspecto muy coyuntural, muy claro, que es que la cuarentena primero, pero después todo el período de distanciamiento, va a dejar muy golpeada, muy castigadas algunas actividades y en particular a algunos trabajadores de esas actividades sobre todo en el sector informal. Detrás de eso hay una tendencia. Por un lado hay trabajadores en empleos estables, de calidad media y alta, de alta productividad, que contribuyen al fisco, pagando impuestos y contribuciones.

En Argentina no hemos logrado en los últimos años generar empleo registrado de calidad. Entonces, aún en años donde hay crecimiento, lo único que crecía eran los trabajos llamados precarizados, informales, con bajo nivel de protección. Esos trabajadores o muchos de ellos, tienen un nivel de ingresos muy bajo que el Gobierno de alguna forma tiene que complementar y no aportan al sistema fiscal y sobre todo al previsional, por lo cual lo que sucede es que a medida que avanza esa precarización tenemos más gente necesitando del gasto social y menos gente contribuyendo al gasto social y eso sí genera déficit fiscal y en última instancia, razón por la cual cada tanto tenemos una crisis fiscal de deuda.

Leopoldo Tornarolli (Universidad Nac. de La Plata)

Es una carga cada vez más pesada y difícil de sostener

La pobreza en nuestro país, si uno la compara con lo que pasaba hace diez años, no se ha reducido.
Hemos tenido años donde ha bajado un poco pero al año siguiente crecía, lo que en su momento le llamábamos la maldición de los años pares e impares, que un año crecíamos y al otro año caíamos y lo mismo ocurría con la pobreza.

Esta problema, de no haber podido reducir la pobreza, más el crecimiento poblacional, más el aumento de la formalidad, genera que el grupo de gente que el Estado necesita asistir a través de la asistencia social, sea cada vez más grande.

Y a su vez el presupuesto del Estado no crece o incluso más chico, porque la economía no crece, lo cual hace que la carga del sistema de protección social en general se vuelva más grande, más pesada y más difícil de sostener.

Todo esto, finalmente, nos permite concluir es que sin crecimiento es imposible sostener un sistema de protección social como el que tiene la Argentina, que es un sistema bueno, deseable, de alta cobertura y demás, que únicamente países como Uruguay, Costa Rica y algún otro han logrado.

Esto es, tener un sistema del mismo nivel de cobertura y que otorga el mismo monto de beneficios.
Pero sostener un sistema como este requiere crecer.

Edición impresa: