Contra la pandemia, Argentina ganó 1 a 0

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El domingo 19 de abril el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio un discurso ante sus seguidores que realizaban un acto en defensa del gobierno y a favor de una intervención militar, el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal. No es la primera vez que el presidente plantea la reivindicación de la casta, ya sea alabando la dictadura militar, inundando de oficiales a las instituciones estatales o arengando a los soldados para que acompañen sus propuestas.

Fueron muchos los políticos y académicos que salieron en defensa de la democracia y la Constitución, entre ellos el expresidente Fernando Henrique Cardoso que lamentó las expresiones antidemocráticas del actual mandatario. El diputado federal Camilo Capiberibe asegura que Bolsonaro está preparando un golpe militar. Gilmar Mendes, ministro del Supremo Tribunal Federal advirtió que invocar la vuelta de la dictadura era rasgar el compromiso con la Constitución y el orden democrático. Oliver Stuenkel, profesor de la Fundação Getulio Vargas sugirió que fue una estrategia del presidente para desviar el debate por el Covid-19. Se sumaron también cuestionamientos de sindicatos, universidades, corporaciones, ciudadanos…

Una semana antes se especulaba con un recorte de poder. Bolsonaro quedaría como un presidente títere, mientras que el general del Ejército, Walter Braga Netto, Ministro de la Casa Civil, junto con la cúpula castrense conducirían las decisiones de gobierno. Parte de ese proceso se debía a la divergencia entre su Ministro de Salud y la propuesta presidencial para enfrentar el Covid-19.  Ganó Bolsonaro y no habrá medidas de protección al contagio de la población. El Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, que propiciaba seguir las propuestas de la OMS y acusaba al gobierno de negligencia, fue expulsado el 16 de abril pasado.

No es un dato aleatorio que la manifestación ante la cual discursó Bolsonaro estuviera frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, justo en la fecha que se festejaba el Día del Ejército. En noviembre de 2018, Thomas Manz auguraba en un artículo de Nueva Sociedad que con Jair Bolsonaro, Brasil corría el riesgo de caer en el autoritarismo.

Mientras tanto en Argentina, se han tomado medidas muy restrictivas, anticipatorias, en pos de cuidar la salud de la población. Estas decisiones, además, se construyen en base al consenso con mandatarios provinciales y de ciudades, expertos en salud pública, economistas, en una destacable demostración de racionalidad política. Claramente, en este periodo de lucha contra la pandemia, Argentina ganó 1 a 0.

Sin embargo, quiero resaltar un tema, que en Argentina suena colateral, pero que en otros países de la región alertan sobre cierta debilidad democrática y el empoderamiento de las fuerzas armadas.

La mayoría de los países aceptan, legalmente, que ante situaciones excepcionales, catástrofes, pandemias, las fuerzas armadas contribuyan a paliar esas situaciones. Es común que la normativa de Defensa las caracterice como misiones subsidiarias. Casi unánimemente se considera que las misiones principales son la defensa del territorio nacional, las instituciones nacionales y la forma de vida y los valores de la sociedad.

Ante la amenaza de expansión del virus y sus consecuencias, soldados y oficiales se están encargando de equipar sus hospitales móviles para atender nuevos contagios; repartir alimentos entre las poblaciones carenciadas, patrullar las calles para controlar que los habitantes cumplan con la cuarentena, producir medicamentos para testear a probables enfermos, controlar las rutas y fronteras y cooperar con las policías.

Los ciudadanos que en el pasado temían la omnipresencia militar, ahora aplauden encantados la ayuda que están brindando. Por cierto, son necesarios. El Estado, ante la progresión geométrica del virus no cuenta con suficientes recursos para responder eficientemente a la pandemia.

Es entendible, en este contexto, que los militares se sientan orgullosos de servir a su comunidad, verse útiles y aclamados. Además, como institución están organizados, se desplazan rápidamente, están entrenados para responder a emergencias.

Esta situación produce dos dilemas sobre los cuales vale reflexionar. Por una parte, las respuestas de las instituciones militares oculta, paradójicamente, la falta inversión en otros recursos. No es saludable para la estabilidad democrática que ante una falla en las respuestas de salud, policiales, o de infraestructura, se convoque a los militares.

Por otra parte, como sucede cotidianamente, cuando las fuerzas armadas son emplazadas a contribuir con la seguridad pública, se supone que es por un período acotado, con directivas específicas y un plan de retiramiento. Esto no sucede. Tal como se ve en varios países, las instituciones castrenses se dedican casi con exclusividad a tareas policiales, o sea, al control de tráficos ilegales (droga, contrabando, personas, finanzas).

Ante una reiterada incapacidad estatal de producir buenas políticas públicas, se genera un relativo temor, una inquietud, respecto a que las fuerzas armadas se reposicionen nuevamente en la política, esta vez con un apoyo más amplio de una ciudadanía amedrentada. Las fuerzas armadas son utilizadas más como herramienta de política y no como instrumento de defensa.

Por elegancia diplomática, no nombraré los variados casos en los cuales los presidentes se han hecho dependientes de los militares. No obstante, el caso de Brasil es mucho más preocupante. Las expectativas más benévolas auguran una democracia militar. Los pasos de Jair Bolsonaro, en realidad, se asemejan a una dictadura militar.