El acceso a la información jurídica y las TIC en la sociedad del conocimiento

Desde finales del siglo pasado –sostenidamente– hasta nuestros días, la humanidad asiste a un intenso proceso de "mundialización" de los grandes temas contemporáneos. Asuntos tan vastos y variados como la producción mundial, la economía, las finanzas, el comercio electrónico, el cuidado del ambiente, el desempleo y la pobreza son algunas de sus expresiones. También lo son el crimen organizado, la corrupción pública y privada, el narcotráfico, el terrorismo, la violencia contra las mujeres e incluso el modo en que los tribunales internacionales –con sus procesos judiciales extraterritoriales– abordan tales expresiones de criminalidad, entre otros asunto jurídicos.

Múltiples conflictos derivan de estos grandes temas constitutivos de la "problemática global", en cuyo centro de gravedad los estados nación han perdido protagonismo ante la creciente intervención de actores transnacionales, que se organizan e interactúan en un mundo de fronteras líquidas, gracias a las posibilidades derivadas de los recursos financieros puestos en combinación con crecientes factores técnicos.

Los actores y las tendencias transnacionales constituyen, de esta manera, la columna vertebral del nuevo orden mundial, cuyo soporte viene dado por las nuevas tecnologías de la información, comunicación y decisión (TIC). Su universo está integrado por las tecnologías de la computación, comunicaciones, comando y control, aplicadas a la información y a los procesos de transmisión de voz, sonidos, imágenes y datos (sumados otros, tales como las trasferencias de dinero por conducto electrónico, por dar un ejemplo).

En este contexto, así como en su momento la sociedad agrícola dio paso a la sociedad industrial, y ésta a la sociedad de la información, los especialistas sostienen que actualmente nos encontramos transitando la sociedad del conocimiento.

Todo esto nos atraviesa en un mundo cuyo tamaño relativo es igual al tiempo real (nueva magnitud del espacio y del tiempo) y donde el futuro llega antes de lo esperado y de una manera diferente a la que habíamos imaginado ("anticipación" de un "tipo de futuro" distinto). Estos factores determinan que el conocimiento convencional que nos era familiar haya quedado desubicado en la escala global, desfasado frente a la velocidad del cambio y desbordado ante la capacidad humana de su aprehensión.

Acceso a la información, el conocimiento y la documentación en el campo jurídico

El jurista argentino Ramón Brenna enseña que los datos que originan efectos relevantes para el campo de las ciencias jurídicas, tratados para su transmisión a través de los medios según el proceso informativo, que permiten su acceso y uso por una pluralidad de sujetos, nos sitúan ante la información jurídica. Y que el proceso en el que el ser humano transforma los datos adquiridos en información, a partir de su intelecto, tiene por resultado el conocimiento.

Por su parte, el conjunto formado por la fijación de información y de conocimiento jurídicamente relevante en los distintos soportes, su inmutabilidad según el rendimiento que cada uno de ellos proporciona y la transmisión de los mensajes incorporados mediante su exhibición, comunicación o reproducción, constituye el núcleo central de la documentación jurídica. Dejando de lado su funcionalidad probatoria y centrándonos en lo que hace a su función como fuente del Derecho (integrada por los documentos que acreditan la existencia de textos legislativos, costumbres o principios generales del Derecho, y de su uso en forma teórica o práctica por los operadores jurídicos, al producir jurisprudencia o doctrina científica), la documentación jurídica va configurando a los distintos órdenes jurídicos locales y transnacionales, en miras de regular las relaciones intersubjetivas y de asegurar una pacífica convivencia social.

En el ámbito jurídico, como en muchos otros, el acceso adecuado, oportuno y correcto a la documentación jurídica y a la información que allí se plasma es un requisito para el más eficiente ejercicio de determinadas habilidades profesionales. Pero por sobre todo, y en lo que hace a una característica diferencial con otras materias, implica una necesidad ineludible en la ajustada toma de decisiones susceptibles de afectar el ejercicio efectivo de inalienables derechos constitucionales de las personas (justicia, propiedad, libertad, salud, etc.).

Relacionado con lo dicho, un foco de preocupación importante pasa por el incremento exponencial que ha venido sufriendo la producción de documentos jurídicos que funcionan como fuente del Derecho. La magnitud de este fenómeno puede graficarse si nos detenemos a meditar sobre la cantidad de documentos jurídicos que se crean día a día: normas de alcance general (leyes –con sus antecedentes parlamentarios–, decretos, ordenanzas, resoluciones, disposiciones, acordadas, circulares, decisiones, notas, protocolos, etc.), sentencias de tribunales (de todas las instancias y jurisdicciones), producciones doctrinarias (libros, artículos, ponencias, dictámenes), etc. Incluyamos en nuestro cálculo la dimensión supranacional y, en plano local, las dimensiones federal, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Será sencillo comprender que frente a una explosión documental semejante, hasta los más versados juristas se verán en la imposibilidad física de acceder a toda la información jurídica publicada y –aunque pudieran– de mantener al día su conocimiento. Sin embargo, el operador jurídico competitivo debe conservar sus conocimientos precisamente enfocados sobre el eje de su actuación técnica y actualizarlos permanentemente.

Es allí donde talla decididamente la especialización profesional en las diferentes áreas del Derecho, que da pie al manejo de un asequible volumen de información, como así también al control de la obsolescencia de la documentación jurídica de su segmento, con un plausible seguimiento del estado de vigencia de la normativa y jurisprudencia aplicable a los casos en los que toca intervenir.

Al mismo tiempo, otro fenómeno con aptitud para contrarrestar los efectos de la explosión documental viene dado por la utilización de las nuevas tecnologías derivadas de la informática, aplicadas a la actividad de abogados, fiscales, jueces y funcionarios judiciales, que permite reducir el tiempo dedicado a la inexorable obtención de información jurídica que antecede al estudio de cualquier caso o asunto legal.

Un ejemplo de ello lo encontramos en una nueva generación de productos editoriales, como la revista Temas de Derecho Penal y Procesal Penal (del sello Erreius), de inminente lanzamiento al mercado, que combina los contenidos de una tradicional publicación mensual en soporte papel (en esencia: doctrina, jurisprudencia comentada y sumariada, mas legislación nacional y provincial de la especialidad), con las flexibles soluciones de su paralela versión on line (que ofrece las ventajas de la portabilidad digital y de la anticipada actualización, puestas en combinación con las ágiles herramientas que hoy nutren a los principales portales jurídicos, tales como los podcasts –emisiones de audio o audiovisuales que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil–).

Contribuyen en este terreno los aportes cada vez más profesionalizados, específicos y orientados al quehacer jurídico que provienen de los medios de prensa del sector gráfico, audiovisual y telemático; que han caído en la cuenta de la enorme transformación por la que estamos pasando, demandante de la puesta a disposición de los mejores recursos tecnológicos vinculados al periodismo legal y judicial, frente en un mercado de consumidores calificados.

Posiblemente existan adicionales senderos susceptibles de facilitar el adecuado acceso a la información jurídica en la sociedad del conocimiento. Lo que aquí procuramos fue trazar un acercamiento desde un ángulo particular, por el cual entendemos que los operadores jurídicos que se especialicen temáticamente y se familiaricen con el manejo de técnicas documentales, estarán en mejores condiciones propiciar o tomar decisiones respetuosas de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, incrementarán la competitividad profesional frente a sus adversarios, en un escenario donde parece cada día más lejana la posibilidad de prescindir de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la esfera jurídica.