Aborto, el camino de la larga paciencia

Un pasillo blanco, muy blanco, distribuye los nombres. La mayoría son reconocidos, muy pocas son mujeres. Casi como una contradicción, Paola Bergallo, especialista en temas de género, es la única del cuerpo de profesores asociados de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. Doctora en Derecho, investigadora del Conicet y magíster en Investigación Sociojurídica por la Universidad de Stanford, Bergallo se ha convertido en una referencia ineludible en materia de legislación sobre interrupciones voluntarias del embarazo. Justamente, su último trabajo El aborto en América Latina (Siglo XXI) está conformado por una serie de ensayos que permiten rastrear la trayectoria que ha tenido el tema en los distintos países de la región, configurando una trama que no solo permite reflexionar sobre los matices que ofrecen los regímenes jurídicos en el camino hacia la liberalización. También contribuye a entenderlos como estrategias adoptadas por los distintos activismos cuando el sistema político no ofrece respuestas.

–¿Por qué cuesta tanto que avance la despenalización en América Latina? Un factor que suele plantearse es el papel de la Iglesia pero en Italia, por ejemplo, se concretó en 1978?

–Justamente por esa razón me parece interesantísimo pensarlo regionalmente, porque refleja algo de nuestras sociedades que está poco elaborado. Es decir, hemos progresado sobre la ampliación de derechos en distintos sentidos, pero en este caso particular, si comparamos nuestra trayectoria con la de los países del norte, uno verá que allí primero se avanzó con el aborto y luego con otro tipo de transformaciones sociales. Fue la demanda que sirvió como eje articulador de los feminismos y sus agendas y vino antes que la igualdad laboral... Pensemos el ejemplo de EE. UU. a fines de los 60. Allí el movimiento surge como una crítica a los movimientos civiles. Las mujeres se dan cuenta que el progresismo las excluye, entonces lanzan varias agendas, como el reclamo por la remuneración y la licencia por maternidad. Pero la que termina prendiendo y escalando en su visibilidad social es la del aborto. Y no es un dato menor que haya sido una sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. la primera gran decisión institucional en materia de derechos de género.

–¿Y qué diferencias plantea América Latina en su recorrido histórico?

–Aquí la trayectoria fue muy distinta. Primero se comenzó con los temas de violencia doméstica, con un gran énfasis en los niños. Es decir, la violencia es el tema que prende, pero muy despacio. Recién estalla cuando llegamos a los casos más extremos... Y siempre se lo pensó a través de reformas de leyes penales, y no por ejemplo con políticas preventivas por parte del Poder Ejecutivo? Sin ir más lejos, la Argentina es el primer país del mundo que tuvo una Ley de Matrimonio Igualitario antes que el aborto en casos de violación.

–Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué? ¿Esta diferencia se explica por cierta imposibilidad por parte de los movimientos feministas de imponer el tema o han intervenido otros factores?

–Creo que es una cuestión mucho más compleja, que no puede ser explicada solamente en términos del movimiento. Intervienen factores tanto culturales como institucionales. Pensemos, por ejemplo, en los liderazgos políticos de las mujeres, en esa primera generación de lideresas de nuestro país que tiene, sin embargo, una posición muy conservadora con este tema. Y creo que no solo se debe a una cuestión estratégica. Hay una dimensión cultural muy fuer- te, esto no solo lo hace una Iglesia. La mejor prueba de ello es que las agendas de identidad de género han avanzado.

–Una afirmación del libro plantea que en los últimos 20 años las cortes latinoamericanas han hablado más sobre aborto que en los cien anteriores. ¿Qué nos está diciendo eso?

–Nos está diciendo que es el espacio en el que el feminismo encontró una caja de resonancia razonable para sus argumentos. En América Latina, salvo excepciones como México, Uruguay y Chile, como la política prácticamente está cerrada, la respuesta aparece en los tribunales. Colombia, Argentina, Brasil? Allí el activismo feminista jurídico ha encontrado mayor eco, eso sí con sentencias moderadas que no articulan unos discursos fuertísimos sobre igualdad sexual, sino más bien que reproducen un discurso liberal clásico que sigue justificando el uso del derecho penal.

–Al respecto, el trabajo cita otros casos, como el de Canadá o China, donde el tema no está regulado penalmente?

–Ese suele ser el error. La mayoría cree que las opciones son dos, pero en realidad uno puede liberalizar el aborto con distintas modulaciones del derecho penal. Un ejemplo es el régimen de excepciones. El caso emblemático es el de Italia, donde se penaliza el aborto durante los 9 meses pero se habilitan determinadas situaciones de manera bastante amplia. Hasta se contempla, por ejemplo, la situación socioeconómica. En nuestro país el régimen por casuales no se cumple de la misma manera?

–¿Por qué?

–Porque no contás con un acuerdo político y un acuerdo por parte del sistema de salud para garantizar su aplicación. Por ello resulta importante resaltar que el derecho no tiene que estar redactado de una sola forma para garantizar acceso. La herramienta penal, en realidad, siempre es una opción entre muchas para aplicar ante conflictos de valores. Es decir, elegir usarla es una decisión legislativa, que a veces se toma porque se cree que la protección de determinados valores exige la adopción de aquellas herramientas más duras.

–La Justicia aparece como una opción. Pero ir por ese camino también implica aceptar que la política no ofrece otras respuestas.

–Si me preguntás si el control judicial de constitucionalidad debe ser la estrategia, encuentro distintas respuestas posibles. Hay quienes te dirían que no debe serlo porque es un espacio contra mayoritario y conservador.
Pero es una visión con ciertos límites, entre otras cosas porque presupone que las credenciales democráticas son impolutas. Y lo cierto es que las democracias reales tienen muchos límites. Los feminismos, por otro lado, tienen una actitud diferente frente a esta idea de que hay poderes más legítimos que otros. Creen que todas estas estructuras institucionales están gobernadas por culturas patriarcales, caracterizadas por la exclusión del acceso de las mujeres al poder, y lo que ven en ellas son distintas oportunidades para dar la discusión. Ahora también se plantea otra pregunta.
Si sabemos que la justicia es conservadora, ¿vamos a ir igual? Ahí creo que hay que hacer una distinción más técnica y específica de la situación en cada país. En el caso de Colombia hay una Corte que funciona como órgano político jurídico, dado que se integra con figuras que no vienen del sistema judicial. Allí la Corte es una estructura más liberal que el resto del sistema judicial, con lo cual la perspectiva es otra.

–En efecto, se trata de procesos que no tienen una dirección unívoca?

–Es que no son lineales justamente porque no tienen conducción política.

–En México, la constitucionalidad de la despenalización del aborto por razones de malformación fetal y por voluntad de la mujer llega a la Corte en 2002 y 2008, y la respuesta del alto tribunal es prácticamente antagónica.

–Exacto. Eso se explica porque la Corte cambió sus integrantes para el 2008 pero también porque cuando llega la primera vez, no había una legislación tan discutida y trabajada. En 2008 ya la legislatura de la Ciudad de México tenía aprobada una ley progresista. Es decir, el contexto era muy diferente. El caso de Colombia es interesante porque la Corte reconoce en 2006 el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en caso de violación, malformación del feto o cuando la salud de la madre corre peligro, sin ese diálogo político que lo antecede. Es lo mismo que pasa en la Argentina con el fallo F.A.L. (sentencia de la Corte que habilita la despenalización por causales).

–Y en este contexto, ¿cuáles son las perspectivas para la Argentina y América Latina?

–Creo que, en cuanto a América Latina, no solo las historias no son lineales, sino que dónde estamos hoy varía mucho entre cada país. Por ejemplo, en el nuestro se progresó mucho desde el fallo de la Corte, en tanto significó tener por primera vez un discurso institucional oficial sobre el tema. Esto le dio una legitimidad incuestionable. Y lo que pasó este año es un proceso social de debate que hay que celebrar. Sin embargo, tampoco hay que perder de vista que también significó un reagrupamiento de los sectores más conservadores. Por otro lado, creo que faltó deliberación en el Congreso. Hubo muchos discursos, pero el diálogo es otra cosa?La gente escuchó unos 300 oradores hablando siete minutos a favor o en contra, y hubo poco espacio de preguntas o de interacción dialógica con posibilidad de cambio de perspectivas, en los dos lados. En este sentido, creo que la calidad del debate social fue altamente superior a la calidad del debate institucional y político.

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