Entre la corrupción y el clericalismo

El cuadro de una presidencia asediada ha cobrado relieve en estas últimas semanas. Este cerco, con varios agentes, se cierne sobre una situación comprometida del Poder Ejecutivo. Pese a ganar dos elecciones consecutivas, el gobierno de Cambiemos soporta una condición minoritaria en el Congreso que lo obliga a negociarcon las oposiciones para defender una gobernabilidad sujeta, por ahora, a la inclemencia de un país inflacionario sin moneda ni sustentabilidad fiscal.

Las secuelas de esta situación —recesión, pobreza, aumento de la marginalidad— son el mejor caldo de cultivo para los agentes que refuerzan el sitio a la presidencia. El objetivo consiste en provocar un cambio de rumbo en la política económica o en armar tácticas destituyentes ante el peligro que, para algunos, significa la prisión preventiva. Esta mezcla entre acción política y acción judicial es el ingrediente necesario de esos antagonismos. El asunto, en suma, estriba en no ir presos.

En semejante atmósfera —tan contaminada como el Riachuelo que nunca se limpia— cada bando dispara una misma artillería: según los simpatizantes de Cambiemos, durante el kirchnerismo no rigió el Estado de derecho; según los adictos a CFK, su séquito y la familia Moyano, el Estado de derecho no rige en la actualidad, Por tanto, si bien una parte del pueblo repudia la corrupción y otra la consiente, las dos terminan señalando que el Estado de derecho es propiedad de un bando y no patrimonio común de la ciudadanía.

Al día de hoy, la lucha política reproduce pues un conflicto por la apropiación particular de la justicia. De resultas de ello y frente a una opinión cruzada por mil mensajes, nuestra administración de justicia no haría las veces de árbitro neutral, ni representaría el papel de una autoridad que a todos protege por igual. Si esta imagen negativa lograse arraigar en las creencias colectivas, la imprescindible depuración que requiere un tentacular sistema de corrupción, publica y privada, podría sufrir serios tropiezos.

Esto no es lo que merecería un necesario sentido de justicia. Pero muy poco contribuye a reparar esas carencias la presencia activa de la tradición corporativa de la Argentina que hoy encarnan el sindicalismo y la Iglesia católica. Este lazo histórico viene de lejos y refleja una estructura que responde a otro vínculo aún más profundo con el Estado nacional.

Estos tres factores: Iglesia, Estado y sindicatos, conforman un triángulo de relaciones tributario de privilegios recíprocos, acaso lo más próximo a la idea que tenía Juan D. Perón de una “comunidad organizada”. Cuando la Iglesia y los sindicatos, factores que están en la base del triángulo, advierten que la conducción en el vértice del Estado se aparta de sus concepciones e intereses, entonces estalla el conflicto y se ponen en marcha la impugnación gremial y el rodaje del clericalismo.

Tampoco el clericalismo, entendido como la intervención directa y partidaria de la Iglesia en el campo de la política, es una novedad en nuestra historia, aunque el hecho de contar con un Pontífice argentino en Roma le ofrezca más proyección. En todo caso, parecería que el clericalismo suele transitar por un camino de ida y vuelta. La Iglesia busca, en efecto, identificar su mensaje de justicia social con la doctrina nacional y popular del sindicalismo y este, por su parte, encuentra en la Iglesia un valioso legitimador de su comportamiento.

En este circuito de relaciones hay coincidencias en torno a visiones económicas y sociales que, con ánimo simplificador, alguien podría calificar de populistas. En realidad se trata de una trama más compleja que no valora las reglas básicas de la macroeconomía y el estilo de un pluralismo social y político que se practica sin privilegios. A ello se suma habitualmente, por el lado eclesiástico, un discurso crítico y de rechazo con respecto a los procesos de secularización del mundo moderno y a la separación de la Iglesia y el Estado (tema aún pendiente en la Argentina).

La cuestión tiene pues aristas diversas que no sólo incumben a lo que pasa en nuestro país. Gran parte de las democracias occidentales están generando un vacío de representación que hoy ocupan otros sujetos y liderazgos. Los partidos tradicionales caducan debido a la corrupción de sus dirigentes, a la inadecuación de su ideario a los retos de una planetaria mutación científico-tecnológica y, en América Latina, a la persistencia de las desigualdades y al crecimiento exponencial de la inseguridad.

En esta coyuntura sopla fuerte un momento reaccionario, de visceral rechazo a ese mundo desfigurado, sobre el cual se encaraman líderes providenciales con apoyo de sectores religiosos, de mercados al acecho de oportunidades y de masivas opiniones en las redes sociales. El momento reaccionario es así hijo de una ausencia y de la indignación que provoca el fracaso de las élites establecidas.

Las elecciones del día de hoy en Brasil son un ejemplo contundente de estos profundos desajustes en las democracias; en su expresión más cruda estas súbitas reacciones traen el eco de fascismos y autoritarismos que, ingenuamente, se creían superados.

No hay por qué extrañarse si, en ese trance, el factor religioso haya sido decisivo, no tanto en Brasil en relación con el catolicismo sino a través del enorme peso electoral de las iglesias evangélicas. Otra versión de un clericalismo que se manifiesta en la sociedad civil sin reivindicar los tradicionales vínculos corporativos de la Iglesia católica.

Este cuadro es sin duda multifacético; pero, sin embargo, siempre despide un inconfundible aroma. Por retomar un concepto del papa Francisco, no sobresalen en actos como el que tuvo lugar en Luján pastores con “olor a oveja” sino clérigos con olor a poder. Asombra en nuestro país que la denuncia evangélica de la pobreza se haga a través de dirigentes enriquecidos, mucho más cercanos a la conducta oligárquica que a la que exige el servicio del bien común de la república.