Di Tella en los medios
Agencia Paco Urondo
20/10/15

Narcotráfico: "Es un peligro sumar a las fuerzas armadas"

El director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, reflexionó sobre el estado actual del debate en la Argentina sobre las drogas.

APU: El narcotráfico se metió en la agenda electoral. ¿Cuál es su impresión sobre el estado de ese debate en la Argentina?

Juan Gabriel Tokatlian: En realidad, el debate en torno al narcotráfico y a las drogas, viene siendo objeto de polémicas y propuestas desde hace tres años. Hay propuestas en el Congreso, por ejemplo, de leyes de derribo de avionetas. Muchos de los planteos actuales estaban anticipados en discusiones legislativas anteriores.

APU: Vale la aclaración. ¿Cómo se da ese debate en este momento?

JGT: Se da de un modo particular, porque uno de los candidatos, Sergio Massa, propuso el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico, tanto en los sectores rurales, de frontera, como en el ámbito urbano. Frente a esto, es muy evidente que el candidato Daniel Scioli ha estado absolutamente ambiguo. Esa ambigüedad estuvo antecedida por medidas que tomó como gobernador de Buenos Aires, que no creo que sean de las más felices, como por ejemplo la creación de policías locales. Es un tema que en muchos países ya fue repensado, porque no ayudó a la descentralización sino que extiende la combinación nociva entre las policías y las redes criminales. Un ejemplo claro en ese sentido es México. Por su lado, Mauricio Macri no ha dicho qué políticas específicas aplicaría pero se supone que cree en políticas prohibitivas.

APU: ¿Qué elementos deberían ser parte del debate en torno al narcotráfico y no están en la discusión actual?

JGT: Argentina es un país atípico respecto a la calidad del debate sobre drogas. Realmente parece de una época precámbrica el debate nacional. En todo el continente, en América Latina y en los Estados Unidos, se ha dado una polémica muy positiva sobre los límites, las contradicciones y los costos de la prohibición. Y han surgido alternativas muy interesantes, más orientadas a reducir los daños, más concentradas en las personas y no tanto en las sustancias. Eso lo vimos en Estados Unidos, en Uruguay y está en los debates en Brasil, Chile, Colombia o Guatemala. Es un debate muy significativo. Eso obedece a que todos esos países conocen las consecuencias de ser duros contra las drogas. No hay hoy candidato en Estados Unidos que se embandere en políticas punitivas. Por su parte, Argentina expresa una tentación de mano dura, cuando la actualidad del problema admite largamente políticas alternativas.  

APU: ¿Por qué cree que Argentina está tan retrasada en esa discusión?

JGT: Primero, porque se trata de un fenómeno que nos llega de manera tardía. En los 70 había problemas vinculados al narcotráfico en Colombia, en los 80 hizo explosión en los Andes; en los 90 fue el turno de México y en los 2000, en Centroamérica. En segundo lugar, estamos en un país donde se da una brecha muy grande entre la situación objetiva de inseguridad, que ha empeorado en los últimos años, y la percepción de inseguridad. La población se siente mucho más insegura de lo que los datos dan cuenta de una problemática cotidiana. No quiero decir que no haya un problema de inseguridad. Hay una propensión social a pensar en la mano dura como posibilidad.

APU: ¿Qué opina de la propuesta de Massa de involucrar a las fuerzas armadas?

JGT: En los países que entre mediados de los 70 y principios de los 80 abrieron una leve ventana para la introducción de las fuerzas armadas en esta materia, la situación fue catastrófica. No hay ningún buen antecedente. La experiencia regional nos muestra claramente que es un peligro sumar a las fuerzas armadas. Tenemos el ejemplo nefasto de México, donde las fuerzas participaron en el ámbito urbano. A ellos se les escapó el (líder narco) Chapo Guzmán, lo que demuestra que además tampoco son eficaces. En Argentina, hay un problema adicional que tiene que ver con la legislación, que da cuenta de una clara separación entre lo civil y lo militar. En este tema en particular, son los civiles los que hablan de un involucramiento de los militares. Los militares no hablan de eso, porque saben que cuando falle, como pasó en toda la región, van a ser culpados de todos los males.

APU: En relación a otro candidato, Scioli: ¿qué opina de su gestión bonaerense sobre la cuestión?

JGT: Hay muchas políticas en Buenos Aires que han sido ineficaces. Hay un informe de 2014, de la Procuraduría de Narco-Criminalidad, que alerta sobre lo que se llamó la desfederalización de la lucha contra las drogas. Buenos Aires, Salta y Córdoba se sumaron a la desfederalización, creando figuras específicas de persecución y niveles de sanción de acuerdo a las realidades provinciales. Los casos probados por la Procuraduría muestran que en Buenos Aires hay un número sin precedentes de población carcelaria, en su inmensa mayoría jóvenes y pobres. Mientras los niveles de desmantelamiento efectivo de grandes bandas brillan por su ausencia. No hay elementos en PBA para sugerir que lo que se ha venido haciendo tenga eficacia y deba ser emulado a nivel nacional.

APU: Tanto Scioli como Aníbal Fernández en el caso de la provincia de Buenos Aires, hablan de la posibilidad de crear "agencias" para luchar contra el narco. ¿Cuál es la especificidad de una agencia?

JGT: Primero, hay que hacer una comparación mundial. En muchos países existen agencias. Hay un abanico de experiencias distintas, alguna más interesante que otra. Por ejemplo, es interesante la experiencia de la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña. Después de muchas revisiones se trata de una agencia muy sofisticada y dotada tecnológicamente. Con mucha capacidad de prevención. Lo que hay que tener en cuenta, es la permanente revisión y el control de la agencia. Nadie cree que no se puedan contaminar por la propia capacidad que tiene el crimen organizado. Por eso es necesaria la evaluación y revisión periódicas.     

Por Enrique de la Calle