Políticas de seguridad con aval científico

Casi el 30% de los latinoamericanos cree que la inseguridad es el principal problema que afecta su vida, más que la desocupación, la inflación o la calidad de la salud y la educación. Seis de cada diez en las principales ciudades de la región están convencidos de que el delito se ha incrementado en los últimos cinco años. Y, en el terreno de la ocurrencia efectiva de los delitos -a pesar de lo problemáticas que son estas cifras, por subregistro, confiabilidad y difusión por parte de los gobiernos-, la tasa de homicidio promedio en América latina es superior a la de todas las regiones del mundo en los últimos años (28 por 100.000 habitantes entre 2009 y 2011). La tasa de victimización en los países latinoamericanos ha fluctuado entre 30 y 40% entre 2000 y 2010.

"El importante crecimiento del delito y la violencia en muchos países de América latina en los últimos años no sólo ha implicado altos costos económicos y sociales, sino que ha comprometido la gobernabilidad democrática y la legitimidad del Estado al socavar la confianza de los ciudadanos entre sí y en las autoridades", apunta el Reporte de Economía y Desarrollo 2014 producido por el Banco de Desarrollo de América latina (CAF), del que provienen las cifras citadas, dedicado a explorar "una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito". El informe se presentará mañana, a las 17, en una conferencia organizada por la Universidad Torcuato Di Tella ( UTDT ), en la que participarán académicos de la UTDT y de CAF, y responsables de Seguridad de distintas provincias (como Raúl Lamberto, ministro del área de Santa Fe, y Guillermo Montenegro, de la ciudad de Buenos Aires).

El reporte señala lo que es conocido entre muchos expertos en políticas de seguridad: la necesidad de trabajar en el largo plazo -intervenciones en nutrición, educación, políticas de juventud y de empleo- pero también en el corto plazo -mejoras en los espacios públicos, control de la venta de alcohol, estrategias de control policial focalizadas-. Y señala al menos tres condiciones para que todas estas intervenciones tengan impacto positivo: tener mediciones confiables de la incidencia del delito; que exista control y evaluaciones de impacto sobre las políticas públicas que se implementan, y que existan burocracias estatales entrenadas y con recursos para hacerse cargo de estas políticas. Tres puntos conflictivos, por decir lo menos, en la Argentina.

¿Cuál es el rol de las estadísticas confiables para reducir el delito? "¿Cuál es el rol del oxígeno para mantener la vida humana?", responde Lawrence Sherman, criminólogo, profesor de la Universidad de Cambridge y fundador y director ejecutivo del Center for Evidence-Based Policing, un centro de investigación y entrenamiento que trabaja con fuerzas policiales de distintos países, e intenta conectar las políticas de seguridad con el análisis científico -empírico y experimental- de esas políticas. Sherman, que también será orador mañana, responde desde Montevideo, donde el centro está entrenando a expertos y autoridades policiales. "Las estadísticas sobre delito son de vital importancia. Ningún país puede controlar el delito hasta que se lo mide de manera confiable. Aunque lo hicieran, ¿cómo lo sabrían de otro modo? El retorno de la inversión de auditar las estadísticas sobre delitos es sustancial y se justifica hasta si fuera necesario crear una agencia independiente para hacerlo", afirma.

SIN TEORÍAS NI IDEOLOGÍAS

El otro extremo de la política pública de seguridad tiene que ver con evaluar su aplicación. "La mejor manera de conocer el impacto de cualquier política es evaluarla rigurosamente, usando métodos experimentales -explica Sherman-. Ésa es la idea central del trabajo policial basado en la evidencia, un nuevo movimiento social entre profesionales de la policía de 35 países, en el que unos 2000 policías están apoyando el trabajo policial basado en hechos, no sólo teorías o ideologías."

Sherman cita algunos ejemplos, como el uso de sistemas GPS para seguir el tiempo de patrullaje y enviar patrullas a lugares de alta concentración de delitos en menos tiempo -que en algunos países, como Trinidad y Tobago, han logrado reducir la tasa de homicidios-, o la utilización de cámaras con micrófonos que algunas fuerzas de policía llevan para grabar las entrevistas con víctimas y testigos de un delito.

El informe de CAF coincide: "En el corto plazo, las intervenciones con mayor potencial de frenar la situación de crisis en la que se encuentra la región son las que se vinculan con las oportunidades criminales. Es necesario generar diagnósticos de calidad sobre la distribución espacial del crimen y determinar si las intervenciones geográficamente focalizadas tienen potencial o no".

¿Puede el sentimiento de inseguridad atacarse con las mismas políticas que intentan controlar la ocurrencia del delito? "No con frecuencia -dice Sherman-. Dar seguridad a quienes tienen miedo de ser víctimas de un delito sólo puede hacerse combatiendo el desorden en áreas de control social débil. Es necesario balancear los costos de dar seguridad a la mayoría para mantener la legitimidad de una fuerza policial que presta servicios a todos, y al mismo tiempo dedicarse a desarrollar diferentes estrategias contra los delitos de mayor violencia o los grandes fraudes", explica Sherman.

Ante los reclamos de "mano dura" o el "neopunitivismo" que algunos expertos ven ganar espacio en muchos países de la región, Sherman es categórico: "El Estado y la policía tienen que ganar legitimidad cada día, trabajando para prevenir los delitos usando la fuerza en la menor medida posible. Más aún, la policía debe ser vista cada vez más como respetuosa y dando trato igualitario a todos los ciudadanos, aunque sean pobres, violentos o irrespetuosos".

En efecto, el reporte habla de "seguridad ciudadana" y no "seguridad pública", lo que implica una mirada incluyente sobre víctimas y victimarios: "En la medida en que el Estado no sea capaz de garantizar este derecho a todos, la vida estará restringida por las posibilidades de cada quien de procurar para sí mismo esta seguridad", lo que terminará agudizando "la segregación social y debilitando la legitimidad del Estado como garante del contrato social"..

Por Raquel San Martín