Opinión

Desde una perspectiva democrática, digamos clásica, la movilización del 8-N no puede ser vista sino como un fenómeno de participación política. Un sector de la población salió a la calle para hacer conocer su malestar, respondiendo a una convocatoria motorizada desde las redes virtuales. Los que se tomaron la molestia de participar -que fueron muchos y en distintos rincones del país- lo hicieron a título individual y por razones diversas. No eran representantes de nadie, tampoco se sentían representados: dejaron planteadas en crudo sus propias demandas a la espera de tener eco en el Gobierno y en la oposición.

No estaban allí para ofrecer una alternativa, no era su objetivo ni su tarea. En una democracia representativa éste es el papel de los liderazgos, no de la gente de a pie. Su presencia en las calles no se limitó a hacer conocer sus demandas; puso en primer plano la necesidad de rehabilitar el pacto entre gobernantes y gobernados a partir de la pertenencia a una misma comunidad política. En términos simbólicos, esto se expresó a través del único cántico generalizado: las estrofas del Himno que, por definición, incluye a todos, a los que estaban y a los que no estaban.

Tanto el Gobierno como parte de quienes lo apoyan han preferido pasar por alto ese mensaje. Sus reacciones han sido dictadas por el encuadre amigo-enemigo. Desde esa perspectiva, por una exigencia lógica - y no porque la realidad provea la materia prima- la sociedad debe dividirse en dos. Para muchos, entonces, la movilización marca finalmente la llegada a la Argentina de la escisión entre derecha -quienes se manifestaron- e izquierda -el Gobierno y quienes lo respaldan-. Para otros, la sola crítica a la gestión presidencial es señal de que allí se esconden las artes manipuladoras del enemigo; en consecuencia, las demandas de quienes quieren hacer política en las calles no deberían desviar la atención del Gobierno de sus objetivos principales.

Esta forma de ver las cosas refleja una visión excluyente de la política y, por lo tanto, menos democrática. Una visión inclusiva contempla tanto a la mayoría como a la minoría, lo que la hace más democrática. Pero para ello sería necesario reconocer la existencia de un suelo común, algo inadmisible si el presupuesto de la acción política es la exacerbación de los antagonismos. Los riesgos de este modo de entender la política es que presa de él el Gobierno sea ciego a otras opciones disponibles para hacer frente a los problemas existentes. Así, puede que termine erosionando su propia representatividad por mirar a la sociedad a través de líneas divisorias cuya productividad comienza a exhibir grietas.