El apoyo brindado por la mayoría de las fuerzas opositoras en el Congreso a la expropiación de Repsol YPF abrió un interrogante hacia el futuro: ¿es éste el primer eslabón de una cadena que culminará en el voto favorable a una declaración de necesidad de reforma de la Constitución? Esta es, evidentemente, la intención del oficialismo cuando agradece la cooperación opositora en YPF y cuando, de manera sorpresiva, coloca en la agenda de la Cámara de Diputados los proyectos opositores de introducción de la boleta única.

El mensaje implícito en esos gestos podría leerse de este modo: si ustedes cooperan en lo que al oficialismo le importa, tendrán algo de lo que a la oposición le importa. Quid pro quo aquí y allá, todos ganan: la oposición consigue sus reformas preferidas; el oficialismo consigue neutralizar la agenda opositora al aprobarlas, y gana la legitimidad para solicitar, de manera no divisiva, el apoyo a la reforma constitucional.

Esta estrategia implícita del oficialismo supone que las fuerzas opositoras prefieren la realización de sus ideas y principios a la conquista del poder político. Este supuesto sería plausible en lo que respecta a las que integran el Frente Amplio Progresista: se trata de partidos o agrupaciones pequeñas, territorialmente acotadas, con preferencias lejanas en varias cuestiones a las del votante medio, por todo ello estructuralmente incapaces de convertirse en competitivas en una elección presidencial. Otro tanto cabe conjeturar respecto de la Coalición Cívica, cuyo tamaño, ubicación ideológica y asiento territorial se redujeron al extremo en los últimos años.

El supuesto oficialista sería, en cambio, más difícil de sostener respecto de PRO, el Peronismo Federal y la UCR. El PRO es una agrupación pequeña y territorialmente acotada, pero su ubicación ideológica es –en varias cuestiones– más cercana a la del votante medio y en la elección pasada mostró capacidad de crecer fuera de Buenos Aires. Ha sido, además, la única fuerza claramente opuesta a la expropiación de YPF y decididamente lanzada a representar a la opinión pública contraria a esa decisión. No obstante, sólo controla el Gobierno porteño, y carece de facultades suficientes para desplegar su propia política de seguridad, endeudarse en el exterior, y repeler los intentos del oficialismo nacional de cargar su presupuesto con nuevos gastos (subte, colectivos, procesamiento de basura, etc.). Acorralado por estas dificultades, ¿no podría cambiar su apoyo a la reforma constitucional por una pax que le asegure supervivencia en el único distrito que gobierna?

Como el PRO, el Peronismo Federal es una fuerza chica, tiene la flexibilidad ideológica para sintonizar con el votante medio y ha mostrado capacidad para desplegarse en el territorio. Sin embargo, sólo gobierna San Luis y controla minorías legislativas aquí y allá. Su potencial electoral parece acotado por la falta de un liderazgo nacional con capacidad de tracción. Ninguna de sus figuras promete generarlo, sus intentos de acercamiento a Macri no han prosperado, y sus candidatos probablemente preferidos (Scioli, Massa) se inscriben por ahora en el campo oficialista. Incapaces de progresar en una fuerza sin motor, ¿no podrían sus líderes más promisorios cambiar su apoyo a la reforma constitucional por cargos o lugares en las listas legislativas de un peronismo reunificado bajo el liderazgo presidencial?

La UCR es hoy una fuerza territorialmente cada vez más acotada, sin control sobre provincias electoralmente importantes, sin interés en desarrollar la flexibilidad programática necesaria para sintonizar con el votante medio. Posee algunas figuras aptas para constituirse en líderes nacionales, pero están limitadas por disputas o prejuicios ideológicos, o por restricciones presupuestarias de los distritos que gobiernan. En estas condiciones, como en 1994, ¿no podría cambiar su apoyo a la reforma constitucional por cambios institucionales y fiscales que le permitan permanecer como principal oposición a un peronismo implícitamente aceptado como hegemónico?

Si la respuesta a estas preguntas fuera afirmativa, la estrategia continuista del vértice oficialista marcharía sin pausa a la victoria: la abdicación colectiva de la oposición sería así la partera de la hegemonía kirchnerista. Pero esa abdicación colectiva no depende sólo de la debilidad de cada fuerza opositora, sino también de su falta de coordinación. Esa coordinación podría ser activa, por coalición de fuerzas con recursos complementarios (PRO-UCR, PRO-PF, UCR-FAP), o pasiva, como reacción a las disidencias en el oficialismo (Scioli, Massa, Urtubey, De la Sota). Para la coordinación activa, hacen falta cambios programáticos y desarrollo de líderes en la UCR; para la coordinación pasiva, toma de riesgos en el peronismo no kirchnerista. En 1994, una UCR resignada habilitó a un peronismo disciplinado la reelección de Menem; en 1998, una UCR revitalizada por su alianza con el Frepaso y un duhaldismo rebelado contra Menem bloquearon la segunda reelección. El futuro, aún, no tiene dueño.