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Así como no sorprendieron las primeras estimaciones de la inflación de marzo (7% según la consultora C&T y 7,2% para EcoGo), tampoco llamaron la atención que el nivel de pobreza que mide la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC arrojara 39,2%. La razón es que todas las proyecciones para este semestre (el período que toma en cuenta para la medición el organismo estadístico) afirman que pasará holgadamente el 40% y para fin de año podría estar más cerca del 45%.

Dinámica. A los efectos noticiosos, el número sirve para verificar una percepción, pero ya es viejo. El economista Martín Rozada, investigador de la Universidad Di Tella y autor del estudio Nowcast de la pobreza, que monitorea con estimaciones y sobre la base de la encuesta del EPH, explica que, si bien la cifra dada a conocer es un promedio del semestre, el cuatro trimestre de 2022 ya se estima en 40,7. “Terminamos arriba 2022 y lo que ya se vio del primer trimestre de este año en que la canasta básica alimentaria aumentó 110% interanual mientras que los ingresos familiares crecieron menos, por lo que la pobreza estará por encima del último trimestre”, agrega Rozada. Así, la tasa de la pobreza de este semestre que publicará el INDEC en septiembre ya tiene un piso del 41%. “No hay indicios de que se pueda controlar de alguna forma la inflación, pero sí los hay de que la actividad económica se desacelera y entramos en una recesión de 2023. Y si viene una devaluación, implicará más inflación y malas noticias para la pobreza”, agrega.

Es un movimiento de pinzas que tiene como víctima la situación de 11,5 millones de personas (sobre un total de 29,3 millones de los habitantes de aglomerados urbanos) que en el último semestre estaban bajo el umbral de la pobreza y 2,9 millones sobre 9,9 millones de la encuesta (29,6%).

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA viene midiendo la pobreza, entre otras carencias sociales, desde hace más de 20 años. Pero la cifra que va monitoreando es siempre más alta que la del EPH porque incluye más variables y no sólo la de los ingresos. Su director, Agustín Salvia, también avala la proyección que, entre la suba de la canasta básica alimentaria y la total, por sobre el índice general, pero también con la desaceleración de la actividad económica, la pobreza seguirá creciendo durante todo el año. “El problema es que el empleo también se estancó a fin del 2022 por lo que la generación de puestos de trabajo tampoco se pudo compensar como ocurrió anteriormente (se utilizaba para ello con más horas trabajadas o más trabajo, formal e informal)”, señala.

Salvia cree que resulta impredecible cómo termina 2023, depende de si se desmadran o no las variables macroeconómicas. Pero, si no, se estabilizaría en 44 o 45% que equivalen a los niveles de pobreza que estábamos con la pandemia. Al respecto, Salvia destaca que estamos frente a una dimensión estructural de la pobreza que tiene que ver con la calidad de los empleos que genera la economía. “El 49,5% de empleos en Argentina se llevan a cabo en el mercado informal, por lo que sus relaciones no se enmarcan en negociaciones entre sindicatos y empleadores ni en un diálogo sectorial, sino por la competencia en el mercado informal que es muy despiadado y eso lleva a  las remuneraciones a la baja”, concluye. Esto explicaría en buena medida

el largo proceso de empobrecimiento argentino: la coexistencia de un sector competitivo con otro de muy baja productividad que ni siquiera alcanza a obtener los mecanismos de regulación en materia laboral que les permita compensar y actualizar ingresos y van por debajo de la inflación.

El freno. La economía argentina se fue recuperando de la pandemia tan rápido como fue su brutal caída durante 2020. Pero para el tercer trimestre de 2022 la actividad económica comenzó a mostrar signos de desaceleración que se convirtieron en estancamiento a fin de año. Todo indica que con el bajón del primer trimestre del año, técnicamente la economía haya acumulado dos trimestres de caída: entrar en recesión. La gran responsable de esto fue la crónica escasez de divisas que, aún en un año con exportaciones con récord nominal histórico no generó los dólares suficientes para abastecer la demanda de un mercado cambiario plagado de controles y distorsiones. Por lo tanto, la única herramienta a mano fue el cepo y con ello, el ingreso dificultoso (tardío y caro) de insumos de todo tipo.

A esto se le sumó una proyección de un escenario pesimista para la segunda mitad del año por los efectos de la sequía, que por tercer año consecutivo se abatió sobre la producción agropecuaria y por lo tanto sobre los saldos exportables. Jorge Vasconcelos, economista jefe de IERAL, en el último informe de la entidad estima que “la producción de los principales cultivos de verano se contraerá al menos entre un 35%-45% y que el valor total de los 7 cultivos principales del país (incluyendo tanto granos de verano como invierno), a precios de mercado actuales y proyectados para próximos meses, se estará reduciendo en una cifra cercana a los US$20.900 millones (-38% interanual), un retroceso equivalente a 3,3 puntos del PBI”. Pero además de las consecuencias externas, también se afectará los ingresos fiscales, en buena medida dependientes del pago de retenciones que agobia al sector. Se estima que podrían seguir cobrando US$5.300 millones, casi US$4.500 millones menos que lo embolsado en 2022. Justo cuando el Estado precisa de una política social anticíclica que le insumiría fondos. Un mazazo que todavía es difícil de estimar con precisión.

Jaque al trabajo. La coyuntura de una economía estancada y en un camino pavimentado hacia una contracción muy fuerte en medio de un año electoral (cuando hay presiones para desandar caminos de ajuste fiscal o monetario) podrá impactar en una variable que hasta ahora no había sufrido la crisis de otras y que resulta decisiva a la hora de entender lo que pasa con la pobreza: el empleo. En la opinión de Manuel Mera, director de Protección Social de CIPPEC, este proceso se da en un contexto donde los salarios no alcanzan a la inflación: en 2022 fue de 94,8% (IPC-INDEC) pero los salarios del sector privado registrado aumentaron un 93,8%. “En el caso de los no registrados la situación es aún peor, según el último dato disponible (julio de 2022), el aumento interanual de la inflación para ese mes había sido de 71% y el Índice de salario solo había variado un 59%”, subraya. Pero también observa que la negociación salarial (en este caso, con la urgencia de ganarle a la inflación) es aún más difícil en sectores informales e independientes (formales e informales), que no están cubiertos por una paritaria formal y no tienen aumentos garantizados. Y precisamente, son estos tipos de empleo que vienen creciendo en los últimos años y han modificado drásticamente la composición del mercado laboral, haciendo más vulnerable todavía a la inflación la posición de un porcentaje creciente de la base de la pirámide.

El paquete del azar, pero también de los resultados de mala praxis en la gestión de la economía durante muchos años se potencia para arribar al gran fracaso de la política social argentina. “En los últimos 20 años la pobreza pudo mantenerse debajo del 30% por más de un año solo desde el tercer trimestre de 2012 al cuarto trimestre de 2013 y del primer trimestre de 2017 al tercer trimestre de 2018”, interpreta Mera. Una lección que con o sin el FMI se deberá asimilar para el diseño de las futuras políticas económicas: no recalentar la actividad, generar reservas para aplicarlas cuando el ciclo se revierte y no tomar como permanentes las situaciones favorables. Los vientos también pueden soplar en contra, como estamos viviendo en este año.