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Clarín
9/03/23

Narcos en Rosario: ¿han ganado?

Rut Diamint, profesora de las Licenciaturas en Estudios Internacionales y en Ciencia Política y Gobierno, opinó sobre el empleo de las fuerzas armadas en problemas de seguridad interior.

Por Rut Diamint


Rosario, 8/3/23. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, reciben un refuerzo de efectivos de Gendarmería. Foto EFE/ Franco Trovato Fuoco


La frase del ministro Aníbal Fernández “"Los narcos han ganado” refiriéndose a la inseguridad en Rosario, expone una situación que se agrava al incluir a las fuerzas armadas en el intento de revertir este problema.

La ley de Defensa, de 1988 (N° 23.554), estipula claramente que la función de las fuerzas armadas de la Nación es su empleo en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo (art.2).

Por medio del Decreto 727, la ministra de Defensa Nilda Garré reglamentó dicha ley en el año 2006, reafirmando que “las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro Estado” (art 1.) Contravenir las disposiciones legales va contra el Estado de Derecho y debilita la democracia.

En nuestro país hay antecedentes de movilizar a los militares en tareas de seguridad desde el año 2002. Sobre el tema, el actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, sentenciaba, una semana atrás, el 3 de marzo, que “las Fuerzas Armadas no están adiestradas para combatir el crimen organizado”. En efecto, Taiana, en diciembre sostenía que “…a lo largo de la historia [se] demuestra la importancia de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía, la libertad y la independencia de nuestro país”, así como también remarcaba en noviembre que la finalidad del instrumento militar es “garantizar la integridad de la población y la soberanía de su sociedad”, ahora modifica su visión. Acepta que el Ejército colabore en combatir la delincuencia en Rosario.

Si volvemos la mirada a las experiencias latinoamericanas de involucrar a militares en temas de seguridad interior, ya sean narcotráfico y otros tráficos ilegales, terrorismo, contrabando, corrupción, comprobamos que, sin excepción, fueron un fracaso.

La seguridad pública no ha mejorado ni en México, ni en Ecuador, ni en Haití, ni en El Salvador. Sucede que las fuerzas armadas se preparan para otras misiones, su equipamiento tiene otros fines, su logística recurre a métodos diferentes, su entrenamiento y reglas de procedimiento son muy distantes de la obligación policial de hacer cumplir la ley.

Cuando las fuerzas armadas son desplegadas para llevar a cabo tareas internas terminan no solo incentivando la militarización de la sociedad, sino que al comprometerlas en tareas relacionadas con la inseguridad pública se contribuye a erosionar la especialización de las diversas instituciones del Estado.

No parece un escenario estimulante para combatir el narcotráfico. Más bien, esta convocatoria de incorporar a militares a la seguridad pública es una demostración más de la precariedad de las políticas públicas y la improvisación de sus responsables políticos.