En los medios

Revista Ñ
9/09/22

Acuerdos y desacuerdos sobre la justicia

El profesor de la Carrera de Abogacía y de la Maestría y Especialización en Derecho Penal propuso razones para reformar el Poder Judicial.

Por Roberto Gargarella


El Presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz es incorporado como Académico Número en Academias Nacional Ciencias Morales y Políticas. Participan ceremonia los Ministros Juan Maqueda Horacio Rosatti. Fotos Emmanuel Fernández.


Una amplia mayoría de personas, en nuestro país, parece estar de acuerdo con la necesidad de reformar el Poder Judicial. Ello así, a la luz de décadas de un funcionamiento judicial demasiado imperfecto. Sin embargo, y a la vez, esas mismas personas parecen encontrarse en profundo desacuerdo respecto de cómo cambiar a la justicia. Según entiendo, tales desacuerdos se deben, particularmente, al hecho de que disentimos acerca del diagnóstico de los problemas en juego.


El Presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz es incorporado como Académico Número en Academias Nacional Ciencias Morales y Políticas. Fotos Emmanuel Fernández

El Presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz es incorporado como Académico Número en Academias Nacional Ciencias Morales y Políticas. Fotos Emmanuel Fernández.


A continuación, quiero proponer dos tipos de razones para impulsar cambios en el Poder Judicial –razones filosóficas y políticas– que nos permitirán, a su vez, dejar de lado otras inapropiadas alternativas de cambio, basadas en diagnósticos, a mi juicio, desacertados.

Las razones filosóficas en las que pienso son comunes a todas las sociedades occidentales que optaron por un sistema judicial similar al adoptado por los Estados Unidos, en el siglo XVIII. Ocurre que, desde aquel momento, el diseño de ese Poder Judicial apareció demasiado marcado por una injustificable visión elitista.

El diseño jerárquico y vertical del Poder Judicial; el distanciamiento entre jueces y ciudadanos; la ruptura de puentes entre los magistrados y la “conversación democrática,” no tienen que ver con “patologías” sino con elecciones de diseño, basadas en sentimientos de desconfianza hacia la ciudadanía: la certeza de que, si se conectaba a la decisión judicial con la discusión pública, sólo podía esperarse irracionalidad.

Tales criterios podían ser esperables, y aún comunes, en el siglo XVIII, pero hoy resultan inaceptables, aunque sigan siendo sostenidos por algunos de nuestros juristas más liberales y prominentes (i.e., Luigi Ferrajoli o Raúl Zaffaroni).

En todo caso, para quienes defendemos el valor del debate público, el modelo alternativo a seguir no es el de la justicia plebiscitaria, sino otro, que reconecte a la discusión colectiva con la decisión sobre el contenido y alcance de los derechos.


Buenos Aires 31 enero 2022 Palacio de Tribunales la calle Talcahuano 
foto Rolando Andrade Stracuzz

Buenos Aires 31 enero 2022 Palacio de Tribunales la calle Talcahuano. Foto Rolando Andrade Stracuzz.


Buenas pistas

Al respecto, quienes consideren utópico un objetivo semejante, particularmente en América Latina, harían bien en pensar en las buenas “pistas” que encontramos en la región, aún en marcos institucionales muy frágiles: las décadas de debate sobre derechos humanos en Uruguay; el debate sobre el aborto en la Argentina; el debate constitucional ciudadano, impulsado por el Gobierno de Michelle Bachelet en Chile.

Las razones políticas para la reforma judicial son diferentes de las anteriores, y apuntan a otro tipo de cambios, en todo caso, consistentes con los recién sugeridos. Pienso en reformas motivadas por ciertos desarrollos políticos preocupantes, agravados en nuestro tiempo: una grave crisis que afecta al sistema representativo, y que auspicia la “erosión”, desde adentro, y por las propias autoridades constituidas, de los mecanismos de control del poder (el famoso sistema de checks and balances).

Tales desafortunados desarrollos facilitan y alientan los ataques, pactos y “favores cruzados” entre las instituciones, los grupos, y las elites dirigentes.

Dados los amplios márgenes de maniobra de que dispone la dirigencia, y las dificultades de la ciudadanía para responsabilizarla por sus acciones, omisiones y delitos, quienes están en el poder (funcionarios del ejecutivo, legisladores, jueces, entre ellos) se enfrentan a veces, o se protegen mutuamente cuando lo necesitan, con casi total independencia de las críticas o reclamos que puedan recibir desde la sociedad civil.


Cristina Kirchner hace desde el Congreso su descargo tras el alegato del fiscal Luciani.

Cristina Kirchner hace desde el Congreso su descargo tras el alegato del fiscal Luciani.


Un triste testimonio

La histórica impunidad de que han gozado nuestros dirigentes, a lo largo de siglos, es un triste testimonio de lo señalado.

A la luz de este tipo de problemas políticos, la reforma judicial de ningún modo puede dirigirse a reforzar o agravar esa situación de “alienación” del gobierno.

Por ejemplo, una reforma de la Corte que, simplemente, se dirija a aumentar el número de sus miembros o, mucho peor, una que ponga la designación de sus integrantes en manos de cuestionados gobernadores (“una Corte de 25 miembros”), previsiblemente, va a agravar antes que resolver los problemas en juego.

La sugerencia entonces, y otra vez, es contraria a la prevaleciente entre miembros de la elite de gobierno: se trata de desvincular a los funcionarios judiciales de la dirigencia en el poder, y de volver a tender puentes entre la ciudadanía y la administración de justicia.


Roberto Gargarella retratado por Constanza Niscovolos.

Roberto Gargarella retratado por Constanza Niscovolos.