Ilustración: Daniel Roldán

En julio de pasado se llevó a cabo la XV Conferencia de Ministros de defensa de las Américas con la participación de 22 países del hemisferio. En Brasilia se acordó incorporar la nueva propuesta de Estados Unidos. Su Estrategia de Defensa Nacional sustenta el concepto de disuasión integrada. El ministro de Defensa estadounidense, Lloyd Austin III, aclaró que a la defensa tradicional, incorpora la presión diplomática, la aplicación de la ley internacional, la profundización de alianzas y la acción geoeconómica.

El documento final de la XV Conferencia aprobó “Su reconocimiento de que la disuasión integrada proporciona un marco para mantener la paz y la estabilidad en el Hemisferio Occidental”.

Dos gobiernos plantearon su reserva: “En relación con la disuasión integrada, los Ministerios de Defensa de Argentina y de Chile se limitan a considerar el estudio del tema en mayor profundidad por la JID, para una posterior valoración”. Es decir, antes de incorporar esta Declaración, solicitaron un análisis de la propuesta a la junta militar.

La constitución de un sistema de defensa hemisférico, alcanzado en septiembre de 1947 en Río de Janeiro fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Su herramienta diseñada en Estados Unidos fue la Junta Interamericana de Defensa, de 1942 e incorporada posteriormente –de forma irregular- a la Organización de Estados Americanos (1948). La estructura del sistema interamericano nace de un acuerdo militar, antes que de un acuerdo político.

La democratización en América Latina consideró primordial afianzar el control civil democrático de las fuerzas armadas. Sin embargo, el éxito de la subordinación militar a las autoridades electas fue desacertado. Mantuvieron altos grados de autonomía. La conducción democrática viene sufriendo un nuevo revés con la militarización de los gobiernos latinoamericanos. Esta nueva militarización advierte sobre la creciente participación de las fuerzas armadas en los asuntos políticos de América Latina.

Asignar a la JID la evaluación de la noción de disuasión integrada, es otro sesgo de la militarización de la región. No se pide la evaluación del concepto a la Secretaría de Seguridad Multidimensional de OEA, o a su Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH). No se especifica que los representantes de misiones diplomáticas ante la OEA definirán, con asesoramiento técnico de JID, los alcances de esa propuesta estratégica.

La misión encomendada a la JID se suma a otras irregularidades como que de 34 países miembros de la OEA, que financian a la JID, sólo 22 son miembros activos de ella. Recordemos también sólo nueve de los ministros de Defensa son civiles en América Latina.

En tiempos en que varios mandatarios recurren a los uniformados para sostener su poder, con militares que se ocupan de la seguridad pública escrutando a sus propios ciudadanos, la ausencia de un firme reclamo para potenciar la voz del sector civil, profesional y democrático, es preocupante.

La JID no puede actuar en forma independiente de los lineamientos políticos. Entonces, es válida la pregunta: ¿Se trata de desidia de los funcionarios de los ministerios de defensa que no trasladan al órgano político hemisférico ante el cual responde la JID? ¿Es un caso de ignorancia de los esfuerzos para encuadrar a la JID bajo la OEA? ¿Es una nueva sumisión de las autoridades electas al poder militar? El resultado de esta imprudencia es un empoderamiento militar asociado a un deficitario control civil .