En los medios

La Nación
25/06/22

¿Una bisagra en la historia judicial del país?

Héctor Guyot, profesor de la Licenciatura en Ciencias Sociales y de la Maestría en Periodismo de LN/UTDT, escribió sobre la investigación iniciada a partir de los cuadernos de Oscar Centeno y su implicancia en la historia judicial del país.

Por Héctor M. Guyot

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López, acusados en la causa Vialidad. Archivo.


Una tarde de enero de 2018, Diego Cabot me chistó desde la puerta del aula de la maestría en Periodismo de La Nación y la Universidad Di Tella, donde ambos enseñamos. Adentro estaban Candela Ini y Santiago Nasra, dos alumnos de la camada en curso, hoy periodistas del diario. Sobre una mesa había una pila de cuadernos. Diego tomó uno y me lo extendió. “Mirá”, dijo expectante, sin agregar más. Lo abrí al azar. Me encontré con una descripción de desplazamientos, de bolsos con sumas de cinco o seis ceros traídos y llevados por funcionarios kirchneristas, con nombres de empresas y empresarios, todo apuntado con una objetividad pasmosa, sin comentarios ni juicios.

–¿Qué es esto?

Diego me explicó. Sentí que el cuaderno me quemaba las manos, pero al mismo tiempo resultaba inverosímil. ¿Qué clase de maníaco sería capaz de apuntar, a lo largo de siete cuadernos y un anotador, día tras día, diez años de recaudación ilegal? ¿Quién consignaría, con precisión obsesiva y durante tanto tiempo, las variaciones de un solo argumento? No había allí otra cosa: los funcionarios recogen bolsos llenos de dólares en los sótanos de edificios respetables y llevan el botín a Olivos, al departamento del matrimonio Kirchner en Recoleta o a la Casa Rosada. ¿Cabía en solo una década de gobierno un flujo de coimas semejante? Parecía demasiado.

–¿Sabés si esto es verdad? –le preguntó dos meses después el fiscal Carlos Stornelli a Diego, que en ese primer encuentro le llevó fotocopias de algunas páginas de los cuadernos.

Diego había corroborado, con la ayuda de Candela y Santiago, mucho de lo apuntado por Oscar Centeno, el chofer escribiente. Lugares, registros, itinerarios. Incluso había confrontado, con los datos chequeados, a muchos empresarios. Aunque a priori inverosímil, esa matriz brutal de corrupción descrita en la letra tomaba cuerpo en los hechos.

–Es todo verdad –le dijo a Stornelli.

A partir de allí, la investigación se judicializó. Tanto el periodista como el fiscal –cada cual desde su lugar– trabajaron con el más absoluto sigilo.

–Si se conoce esto, te matan –le advirtió Stornelli ese primer día.

Unos meses más tarde, Diego me confió que aquellos cuadernos que me había mostrado muy pronto iban a producir un terremoto judicial y político de enorme magnitud. Así fue. El 1° de agosto, la detención de Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido, marcó el despegue de una causa que involucró a más de 40 empresas y a más de 100 funcionarios y empresarios, muchos de los cuales confesaron sus delitos, engrosando un expediente que hoy, en base a la prueba reunida, es una radiografía del corporativismo mafioso argentino llevado a su máxima expresión, con un nivel de corrupción que hace inviable cualquier proyecto sano de país.

A partir de allí, la vida de Diego Cabot no volvió a ser la misma. Recibió premios y reconocimientos merecidísimos, pero también fue blanco de ataques y campañas arteras de descrédito. Stornelli, que sabía lo que era investigar al poder, le había hecho una segunda advertencia en aquel primer encuentro:

–Al principio te van a felicitar y palmear la espalda. Pero tenés que tener en claro una cosa: en seis meses estás solo, se fueron todos. En un tiempo, cuando todo empiece a temblar, te van a acompañar unos pocos.

Los premios pasaron. Los ataques y las amenazas, no. Al contrario, recrudecieron, ahora que la causa cuadernos y el juicio de Vialidad cobran impulso. Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta y del Presidente, le dijo por tuit que lo desplumaría y lo dejaría sin un peso por “calumniar” a la expresidenta. Carlos Beraldi, también abogado de Cristina Kirchner, dijo que Cabot había encabezado un “grupo de tareas”. Horacio Verbitsky y Rodolfo Thailade se encargan también de difamarlo. Y detrás de todos ellos, un buen número de militantes anónimos.

Cabot, que prefiere dejar hablar a los hechos, optó por no responder. A fin de cuentas, la munición de estos ataques es el supuesto lawfare que la Corte Suprema acaba de desestimar esta semana, cuando rechazó todos los recursos que la vicepresidenta había presentado en la causa Vialidad, donde está acusada de liderar una asociación ilícita y de administración fraudulenta.

Su defensa es puro relato. Lo dijo, en otras palabras, la Corte.

En agosto de 2018, la mañana en que se destapó todo, Diego recibió un mensaje de “un lector anónimo” del diario. Tras agradecerle por su “patriotismo, sentido de responsabilidad cívica, conciencia institucional y paciencia”, el lector compartía un anhelo: “Quiera Dios que esta sea una bisagra para la historia judicial de nuestro país”.

¿Lo será? Podría serlo, si los jueces prestan menos atención a los vientos de la política que al reclamo de una sociedad que exige justicia. Para que esto ocurra, esa exigencia se tiene que hacer sentir. Mantenerla vigente sería el mejor modo de reconocer y acompañar a los periodistas y funcionarios judiciales que, como Diego Cabot, lo han arriesgado todo para sacar a la luz los crímenes de una corrupción endémica.