En septiembre, cuando esperaba un triunfo electoral nacional y una victoria holgada en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno recibió un baldazo de agua helada. Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no resultaron como lo habían previsto. Los cuatro puntos de distancia en favor de la oposición en territorio bonaerense y los casi 10 en todo el país los dejaron en una posición incómoda.

Las elecciones generales del 14 de noviembre cambiaron un poco el panorama. La diferencia en el distrito más poblado del país -que el oficialismo vivió como la madre de todas las batallas- se achicó a apenas 1,3 puntos porcentuales. Pese a los números desfavorables, la derrota se vivió como una victoria. Poco importaba que el Frente de Todos perdiera dos diputados y que por primera vez desde 1983 el peronismo hubiera quedado sin quorum propio en el Senado. La remontada era motivo de festejo. Un "triunfo", según las palabras del propio presidente Alberto Fernández.

Lo cierto es que el Gobierno afrontará la segunda mitad de su mandato con un escenario complicado y al que el kirchnerismo no está acostumbrado. Sus números en el Congreso lo fuerzan a negociar la sanción de leyes. Y tras dos años en los que la economía se deterioró está obligado a mostrar resultados con rapidez.

"El Frente de Todos tendrá que pagar más caros los votos que le faltan para sancionar leyes", opina Lucas Romero, de Synopsis Consultores

"Si se miran los resultados de noviembre, la gobernabilidad parecería estar asegurada. El oficialismo perdió, pero aún retiene la primera minoría con 118 diputados, dos más que Juntos por el Cambio. En el Senado está a solo dos votos de la mayoría. Es cierto que hubo un retroceso, pero va a haber diputados y senadores dispuestos a negociar", dice Lucas Romero, director de Synopsis Consultores.

De hecho, Fernández sale ganando si se compara su situación después de las elecciones de medio término con la que tenía Mauricio Macri en el mismo punto de su mandato, en términos de fuerzas en el Congreso. El Frente de Todos tiene hoy 11 senadores y 10 diputados más que Cambiemos en 2017. La diferencia, apunta Romero, está en que esos votos que el Gobierno necesitará para negociar leyes en los próximos dos años le van a costar más caros.

OBLIGADO A NEGOCIAR

"Efectivamente va a tener más dificultad para sancionar leyes, pero no veo riesgo de parálisis legislativa. Tendrá que negociar más de lo que está acostumbrado el kirchnerismo, pero a la larga los votos los va a tener", dice Romero.

Lo que sí queda claro es que hay pocas posibilidades de avanzar en temas que vienen trabados hace tiempo, como la Ley de Semillas. Son asuntos que requieren un consenso que hoy difícilmente se logre.

Con este panorama sería lógico esperar que Fernández no tenga mayores sobresaltos para llegar a 2023. Sin embargo, el principal problema que hoy tiene el oficialismo es interno. En un país hiperpresidencialista como la Argentina, la toma de decisiones parecería no estar enteramente en poder del presidente.

"Lo que se vio en estos dos años que pasaron es que hay un mecanismo de doble conforme. Todas las medidas tienen que tener el visto bueno de todas las fuerzas de la coalición y eso provoca lentitud. A eso se le debe sumar una tendencia a la procrastinación y que las áreas de gobierno están compartimentadas para conservar la cohesión. Todo eso complica la rapidez en la acción, que es justamente lo que hoy se necesita", agrega Romero.

Para dar un ejemplo, el principal desafío que tiene por delante Fernández es cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hoy el Gobierno parece estar apurando el paso, pero desde el 12 agosto de 2019 que sabía que tenía que hacerlo y sigue todo igual.

El principal motivo de inacción, especula Juan Negri, director de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, está relacionado con las diferencias que generan las negociaciones con el FMI en el interior de la coalición. La postura dura del kirchnerismo en cuanto a un entendimiento que implique un ajuste les ponía freno a los tímidos intentos de avance.

"El plan del Gobierno es el ‘vamos viendo 2.0' y ahí es donde aparecen parches como los controles de precios por un fin de semana", señala Fabián Calle, de la Ucema

"Los viajes de Guzmán a Washington dejaron en claro que no había un plan. Y ahora están apremiados por llegar a algún acuerdo, que será lo más liviano posible. Esto es consecuencia de una falla de origen del FDT, que fue concebido solo como un frente para ganarle a Macri las elecciones de 2019. No hay acuerdos programáticos", opina.

La reaparición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras las elecciones de noviembre no hace más que confirmar esta disfuncionalidad de origen de la alianza. Los desacuerdos, lejos de ser conversados al interior del espacio político, se ventilan en público mediante cartas abiertas.

¡CARTA DE CRISTINA!

Como los apóstoles a los primeros cristianos, la vicepresidenta elige la vía epistolar para dirigirse a sus fieles. A ellos les habló en las tres misivas que escribió para diferenciarse de las políticas adoptadas por Alberto Fernández en los primeros dos años de gestión.

"Con el texto que se dio a conocer el domingo 28 de noviembre Cristina intenta mantener su base electoral, que es lo que más le preocupa. Señala la inevitabilidad del acuerdo con el FMI, pero juega a darle un mensaje a su núcleo duro, como para mantener el prestigio de ser alguien que nunca votó una política de ajuste", agrega Negri.

"Con sus cartas, Cristina intenta mantener su base electoral, que es lo que más le preocupa", dice Negri, de la UTDT

En su opinión, la vicepresidenta se pone a sí misma en un rol ambiguo. No está en el día a día del Gobierno, pero es el poder de veto final. Con ella hay que consultar todas las decisiones serias y de magnitud. Y hasta que no se pronuncia sobre un tema espinoso, nadie quiere dar el primer paso. Entonces, se fomenta la inacción y las demoras en la gestión.

El problema es que el panorama hacia adelante no es alentador para la cohesión del FDT. Los desafíos que hay por delante son explosivos para un gobierno que se pretende nacional y popular.

"Posiblemente 2021 va a ser el mejor año económico para Alberto Fernández. Y aunque un ala del Gobierno quiera hacer parte de los deberes y ordenar la macroeconomía, un sector no menor no está dispuesto a acompañar un ajuste. En estas condiciones es muy difícil pensar en un nuevo período para esta coalición", señala.

A esto se le debe agregar que se da un hecho inédito para el kirchnerismo, que se acostumbró a gobernar con una oposición débil y dispersa. Por primera vez hay un polo no peronista organizado y que desde 2017 saca el 40 por ciento de los votos.

"Se trata, además, de una coalición que tiene recambio. Hay muchas figuras que pueden jugar en primera. Eso es bueno para la democracia, pero le complica la gobernabilidad al oficialismo", dice Negri.

CAMBIO DE PLANES

El resultado de noviembre trastocó los planes del kirchernismo, dice Fabián Calle, politólogo profesor de la Universidad del CEMA y de la Universidad Católica Argentina. El oficialismo apostaba a un amplio triunfo en la provincia de Buenos Aires y a un empate nacional. Con ese capital político en mano, avanzaría en reformas modestas y buscaría la reelección en 2023.

"La derrota de las PASO fue un golpe muy duro. Y la respuesta que encontró el oficialismo fue agudizar las distorsiones macroeconómicas que ya eran un problema en agosto. Su plan ahora es el ‘vamos viendo 2.0' y ahí es donde aparecen los controles de precios por el fin de semana, trabajar sobre listados de productos que no existen más y otras desinteligencias", explica.

Todo esto se da, agrega, en un contexto en el que el oficialismo está convencido de que las reglas económicas no se le aplican. Acostumbrado a la bonanza de las commodities durante el mandato de Néstor Kirchner -que en Santa Cruz fue un férreo guardián del superávit fiscal-, al kirchernismo le quedó en el ADN que 2+2 no es 4.

El otro dato que dejaron las elecciones es que se quebró el mito de que el peronismo unido es invencible. Pero, sobre todo, de que Cristina Fernández de Kirchner tiene un 30 por ciento del electorado bonaerense.

"El 30 por ciento de la provincia de Buenos Aires la saca el peronismo sin importar quién sea el candidato. Todos decían que los votos del conurbano son de Cristina, pero todos los candidatos sacaron esa cantidad de votos. Y lo que vemos es que es decreciente, el peronismo perdió la provincia en 2015, 2017 y 2021", explica.

Con este contexto, la posibilidad de que el Gobierno se recueste en el ala más radicalizada parece alejarse. Hoy la provincia de Buenos Aires está virtualmente intervenida por los intendentes, que son los que quieren un acuerdo con el FMI y una estabilización.

Sin embargo, es posible que sigan las peleas internas. Y que cuando se cierre la negociación por la deuda el kirchnerismo salga a hacer ruido, algo que la carta de la vicepresidenta anticipa.

"Es un escenario muy complicado, similar a lo que pasó en el gobierno de Raúl Alfonsín entre 1986 y 1989, por eso el libro de Juan Carlos Torre (N. de la R. Diario de una temporada en el quinto piso, sobre la política económica de los 80) está tan de moda. Es posible que haya atrasos en los pagos con el FMI, un ‘incumplimiento amistoso' y después se irá viendo. Y a todo esto la inflación en 2022 será superior a la de 2021. La buena noticia es que la oposición no va a apostar a la caída de Alberto Fernández", cierra Calle. 

El texto original de esta nota se publicó en el número 336 de la revista Apertura