La Argentina declina en relación al resto del mundo desde mediados del siglo XX, y con especial intensidad desde 1974. Hasta ese año, nuestro país era todavía relativamente rico e igualitario. Casi medio siglo más tarde es bastante más pobre que Chile, Uruguay o Panamá, y de los muy pocos que no ha logrado doblegar la inflación. Casi sin parangón en el mundo, su tasa de pobreza ha aumentado drásticamente desde los ’70. A pesar de sus obvias potencialidades, de las promesas de la democracia, y de algunos episodios de recuperación, la historia reciente del desarrollo socioeconómico argentino es la de un persistente fracaso.

Buena parte de la explicación yace en una compleja y peculiar economía política nacional. Estilizadamente, en la Argentina convive un sector productivo moderno y dinámico, que agrega valor, exporta y paga impuestos, con otros de paupérrima productividad, que reciben mucho más en subsidios de lo que contribuyen impositivamente, y que no agregan valor ni exportan. Se trata de empresas contratistas del Estado, subsidiadas o monopólicas, de trabajadores que producen poco, nada, o incluso destruyen valor (por ejemplo, los maestros que adoctrinan o los policías que delinquen), y de provincias rentísticas que viven de los abundantes subsidios que reciben vía coparticipación, y que gastan mayormente en empleo público de abismal productividad. Súmense, entre otros, cientos de miles de jubilados de 50 o 55 años y de pensionados por invalidez ilegítimos.

Estilizadamente, en la Argentina convive un sector productivo moderno y dinámico, que agrega valor, exporta y paga impuestos, con otros de paupérrima productividad.

Estos dos sectores difieren de sus pares en otras partes del mundo en dos dimensiones clave. La primera es que, debido a las recurrentes crisis, a la altísima presión impositiva, y a la propensión de nuestro Estado a conceder prebendas y privilegios, el sector productivo se ha achicado, mientras que el improductivo ha crecido desmesuradamente. Hay hoy muchos más votantes que dependen del Estado vía salarios, jubilaciones, pensiones, planes sociales y beneficios clientelares, que votantes que trabajan, producen y son contribuyentes netos al fisco.

La solución a este desequilibrio ha sido la creación y aumento de algunos de los peores impuestos de la Tierra. Destaco aquí las retenciones a las exportaciones (prácticamente inexistentes en el resto del mundo) y el impuesto inflacionario, que acerca abundantes recursos al fisco a costa de privar a los argentinos de una moneda, de complicar su vida económica, y de empeorar la distribución de sus ingresos. Si alguien pensara que estos impuestos antidesarrollo son necesarios para financiar políticas como la Asignación Universal por Hijo, debería recordar que financian en mucho mayor medida los subsidios al consumo de servicios públicos “pro-ricos” (Guzmán dixit), las irritantes jubilaciones de privilegio (como las dos millonarias de Cristina Kirchner), el no pago de Ganancias por parte de los empleados judiciales, y el enriquecimiento de funcionarios, empresarios y sindicalistas corruptos. También financian las mencionadas jubilaciones sub-60 (mayormente de empleados públicos provinciales), las de muchísimos adultos mayores pudientes que entraron en la moratoria previsional, y a un ejército de familiares de políticos conchabados en Nación, provincias y municipios.

La segunda característica de nuestra dualidad es que los votos del sector improductivo están concentrados en las provincias legislativamente sobrerrepresentadas, esto es, en las demográficamente más pequeñas. Las trece menos pobladas tienen sólo el 14% de los votantes pero eligen al 54% de los senadores (e, inconstitucionalmente, al 27% de los diputados), y por tanto pueden bloquear cualquier ley. Estas trece provincias incluyen a todas las más rentísticas del país: las que viven no de la producción, sino mayormente de las transferencias federales. Así, en provincias como Catamarca, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Santa Cruz hay, insólitamente, muchos más empleados públicos que privados. Las empresas y trabajadores productivos, en cambio, se concentran en sólo cinco o seis provincias (básicamente las pampeanas y Mendoza) que están muy subrepresentadas en el Congreso.

A pesar de sus muy diferentes orientaciones, ambas coaliciones tienen enormes dificultades para revertir la persistente decadencia nacional.

Esta economía política se completa con una “superestructura partidaria”, que consiste en dos coaliciones que, a grandes rasgos, representan a la argentina productiva (Juntos por el Cambio, potente en la “franja amarilla” central del país) y a la improductiva (Frente de Todos, más fuerte en el norte azul y el conurbano empobrecido). Y ocurre que a pesar de sus muy diferentes orientaciones, ambas tienen enormes dificultades para revertir la persistente decadencia nacional.

La coalición peronista tiene pocos incentivos para hacerlo. Su resiliencia electoral se basa, en buena medida, en su exitosa protección de los privilegios, distorsiones y subsidios que sostienen a la Argentina improductiva. Es notorio que el peronismo postmenemista carece de una estrategia de desarrollo, más allá de sus gastados eslóganes proteccionistas y estatistas. Desde 2002 se ha limitado a, primero, cebar la economía fiscal y monetariamente, luego a repartir recursos consumiendo stocks (sean de reservas internacionales, fondos de las AFJP, hidrocarburos o vacas) y, últimamente, a imponer parches y corsets que ayuden a llegar a la siguiente elección en decadencia pero sin estallido.

JxC sí cuenta con un modelo técnicamente viable de desarrollo, basado en un capitalismo menos oprimido por regulaciones e impuestos y más integrado al mundo, y que incluye la promoción de algunos sectores como la agroindustria, la aviación comercial o las energías renovables. Ese modelo, sin embargo, resulta políticamente inviable debido no sólo a los obstáculos que encuentra en la opinión pública, el Congreso y los sectores y provincias subsidiados, si no, más aún, a las expectativas (cumplidas en 2019) de un regreso al poder de la otra coalición. Así, la inversión privada real se mantuvo durante 2015-2019 en los muy bajos niveles de los años anteriores. ¿Por qué los inversores argentinos y extranjeros no respondieron a la llegada de un gobierno amigable con el capital? A la histórica propensión argentina a las crisis y al cambio y violación de reglas, se sumó en 2015-2019 la perspectiva del regreso del populismo macroeconómico kirchnerista. De hecho, quien hubiera hundido capital en Argentina en esos años, habría enfrentado desde fines de 2019 más y nuevos impuestos, crecientes restricciones al comercio exterior, y límites al acceso al mercado de divisas.

No invertir en la Argentina resultó una decisión acertada. Sospecho que aun frente a un regreso al poder de la coalición “productiva” en 2023, buena parte de los potenciales inversores se mantendrán reticentes. No faltan países en desarrollo con macroeconomías saludables, reglas estables, incentivos a la inversión, y sin perspectivas de giros populistas en el horizonte (Uruguay por ejemplo, que viene atrayendo a muchos empresarios argentinos).

No hay duda de que para revertir la decadencia argentina hacen falta tasas de inversión (privada y pública) mucho más altas que las de los últimos 20 años y una economía más abierta (contra los estereotipos, la Argentina está entre los países más cerrados del mundo: importa y exporta muy poco en relación a su PBI). Ilustro con el caso de las exportaciones: aumentarlas sostenidamente requiere eliminar las retenciones, liberalizar las importaciones y establecer un tipo de cambio estable y alto. Pero una de las dos coaliciones principales rechaza estas políticas, y la otra tiene dificultades políticas para implementarlas y para garantizar su sostenibilidad temporal.

Los resultados del domingo cambian poco lo aquí presentado: aun en su peor derrota el peronismo sobrerrepresentado conserva el bloque más numeroso en ambas cámaras.

Estos hechos estilizados predicen una larga repetición del período 2011-2019: estancamiento económico, inflación alta, pobreza en aumento, y rotación de coaliciones en el gobierno que, a pesar de sus diferentes improntas, caen electoralmente bajo el peso de su fracaso en reencauzar el proceso de desarrollo argentino.

¿Hay alternativa a esta deprimente repetición, y a otras tres o cuatro décadas de decadencia? Seguramente, porque en política siempre hay espacio para la agencia, la estrategia y la contingencia (y muchos políticos y académicos ya están pensando en la cuestión). Pero el modelo estilizado que presento sugiere perspectivas muy negativas. Los resultados del domingo cambian poco lo aquí presentado: aun en su peor derrota el peronismo sobrerrepresentado conserva el bloque más numeroso en ambas cámaras. En la medida en que siga dominado por un liderazgo y una mentalidad populista, conserva su incapacidad para impulsar el desarrollo cuando gobierna, y su capacidad para impedirlo cuando no.