La pandemia forzó a los gobiernos a gestionar en terreno desconocido y los enfrentó a decisiones imposibles ex ante, con medidas que se implementaron contrarreloj bajo la presión de una crisis sanitaria sin precedentes y apuntaron a intentar minimizar costos que en cualquier caso iban a ser muy elevados. En última instancia, se apuntó a buscar un balance entre salud, economía y libertades individuales en un entorno de alta incertidumbre y con elevadas probabilidades de que muchas decisiones se probaran erróneas ex post.

Sin embargo, las condiciones iniciales para responder no fueron las mismas para todos los países. Las economías avanzadas, con bajos niveles de informalidad (lo que facilita el acatamiento de las medidas de restricción) y amplio espacio de respuesta fiscal y monetario (demanda de dinero e historial crediticio), pudieron implementar considerables paquetes de apoyo a familias y empresas, mitigando los impactos sobre la estructura productiva y los indicadores sociales.

En la Argentina, la pandemia se sumó a una realidad económica y social compleja. Entre 2010 y 2019 la economía transitó su “Segunda Década Pérdida”, con muy bajo crecimiento del PIB per cápita (+1,6 por ciento en todo el período) y aceleración de la inflación con una demanda de dinero muy deteriorada.

En 2020, el país implementó medidas de gasto extraordinario por 3,4 por ciento del PIB (en línea con el promedio de emergentes, pero lejos de la media de 15 por ciento del PIB en las economías avanzadas), lo que junto al desplome en los ingresos contribuyó a llevar el déficit primario a 6,5 por ciento del PIB (desde 0,4 por ciento del PIB en 2019). Si bien la suba transitoria en la demanda de pesos (contracara de una caída en la velocidad de circulación del dinero consecuencia del shock de oferta) permitió que las medidas dieran aire a los sectores más afectados durante el año pasado, la paulatina flexibilización del ASPO llevó a que los pesos aceleraran su velocidad de circulación, presionando tanto sobre bienes y servicios (la inflación pasó del 1,5 por ciento mensual en abril y mayo de 2020 a un promedio de 4,1 por ciento entre diciembre y marzo) como la brecha cambiaria, “compensando” los efectos positivos iniciales sobre la actividad con un impacto sobre el poder adquisitivo de jubilaciones, salarios y programas sociales y restricciones a las importaciones (en muchos casos insumos para la producción).

Frente a la segunda ola de la Covid-19, y a pesar de la virulencia de los números de la curva de contagios, el margen económico/social para implementar restricciones generalizadas es significativamente menor al de marzo/abril de 2020. Esto puede explicar la implementación de medidas más acotadas que las del año pasado, en un país donde la elevada informalidad dificulta el acatamiento de limitaciones que apunten a las actividades laborales. Asimismo, las disposiciones anunciadas hasta el momento, como el bono de 15.000 pesos para perceptores de asignaciones, el bono de 6.500 pesos por 3 meses para personal de salud, la ampliación del REPRO y la asistencia al sector gastronómico, representan un monto muy inferior al IFE o el ATP original. Mientras entre abril y agosto del año pasado los gastos extraordinarios vinculados a la pandemia promediaron 0,5 por ciento del PIB mensual, las medidas anunciadas durante esta semana tienen un costo estimado de poco más de 0,1 por ciento del PIB, que se suman a un gasto Covid que promedió 0,1 por ciento del PIB mensual entre febrero y marzo.

En un contexto de alto riesgo país, balance del BCRA muy deteriorado (relación pasivos en pesos/reservas netas) y demanda de dinero débil, seguir exigiendo al financiamiento monetario para financiar un mayor déficit arriesga presionar sobre la brecha cambiaria (con impacto en la oferta neta de divisas) y la inflación. Resulta fundamental incrementar el espacio de respuesta fiscal/monetario para disponer de mayor capacidad para proteger a los sectores más vulnerables y comenzar a revertir el deterioro en los indicadores sociales. Para ello, es condición necesaria una mejora en las expectativas sostenida en un programa de estabilización macroeconómico con consenso amplio de la política, y en el marco de un acuerdo con el FMI que despeje definitivamente la incertidumbre.

(*) Director de Eco Go y profesor de la Maestría en Finanzas de UTDT.

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