El anuncio presidencial sobre los precios de los servicios públicos se enfrentará a resistencias de parte de los prestadores.

Mientras avanza hacia el camino de habilitar los incrementos de transición para este año, y que estarían en torno al 10%, el presidente Alberto Fernández resaltó que esas actualizaciones en los servicios públicos deben tener en cuenta los ingresos y que tendrán que estar “definitivamente” desanclados del valor del dólar.

Para eso, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, anunció el envío de un proyecto de ley para declarar en emergencia a los servicios públicos, pero dos días después del anticipo aún no hay detalles sobre el contenido de ese texto. En ese marco, TN.com.ar se contactó con varios especialistas para preguntar cuáles serían los principales obstáculos de llevar a la práctica la desdolarización de tarifas.

Contratos rotos

Uno de los puntos fundamentales es el perjuicio a las prestatarias que, luego de más de un año de congelamiento en sus ingresos, ahora tendrán una mejora pero no será en línea con el movimiento de la divisa. “Habría que cambiar contratos de empresas que hundieron inversión y se financian en el mercado, con lo cual, eso abre litigios y tiene un impacto en el costo de financiamiento de esas empresas. Es una señal complicada de cara a la inversión de las empresas”, explicó Federico Furiase, director de Eco Go.

La reacción del mercado fue elocuente. Este martes, en la primera rueda completa luego de los anuncios, los papeles de las energéticas cerraron en rojo. YPF se hundió 5,3%; Ternium bajó 4,7%; Transportador de Gas del Sur cayó 3%; y Transportadora de Gas del Norte retrocedió 2,5%. Las caídas más moderadas fueron para Edenor y Pampa Energía, que perdieron 0,5% cada una.

Costos en dólares

“Si el Gobierno lo decide, es viable. Seguramente haya alguna protesta en el medio pero, si es una decisión tomada, se hará. Ahora bien, los costos de la generación y parte de la distribución energética están en dólares. Entonces, eso puede ser un problema para las empresas, sobre todo teniendo en cuenta las inversiones en Vaca Muerta y el aliento que se le quería dar a esas inversiones”, agregó Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

El Gobierno ya convocó a una audiencia el 16 de marzo para definir la nueva tarifa de gas. (Foto: José Luis Perrino/NA).Por: José Luis Perrino/NA

Uno de los argumentos fundamentales para mantener las tarifas relacionadas con el tipo de cambio es, precisamente, que los costos de la generación de energía están dolarizados y los productos energéticos, también. “Argentina importa gas. Es un precio dolarizado en todo el mundo, como también lo son los granos, por ejemplo”, apuntó Guido Lorenzo, director ejecutivo de LCG.

De todos modos, afirmó que todavía no se conocen los detalles del proyecto del oficialismo y agregó que “resta ver cuál será el criterio de desdolarización o si se va a establecer un precio máximo o de referencia”.

Dólar planchado e inflación creciente

Rajnerman, en tanto, sostuvo que el impacto de la desdolarización en los ingresos de las compañías podría ser acotado este año si el Gobierno mantiene el dólar sin saltos abruptos y ata las tarifas a la evolución del resto de los precios. “Según lo que plantea el Gobierno, no se va a disparar el dólar oficial. En ese marco, no sería un problema desdolarizar las tarifas en el corto plazo”, consideró.

En ese sentido, el economista indicó que, al menos en 2021, los problemas para las prestadoras estarían contenidos porque el tipo de cambio, según ha declarado el propio Martín Guzmán, quedaría debajo de la inflación, ya que el Presupuesto estima una devaluación de 24% contra un índice de precios al consumidor de 29%. “El Gobierno parece muy empeñado en que en 2021, que es un año electoral, el dólar oficial no suba mucho. Y también parece muy empeñado en que ciertas importaciones esenciales, entre las cuales posiblemente entren las energéticas, se hagan al oficial”, sostuvo.

Así como perjudica a las empresas ante un salto cambiario, la desdolarización de las tarifas también evita que una devaluación brusca tenga un impacto muy grande en los bolsillos y en los subsidios estatales a las empresas. “El Gobierno busca esto para que una devaluación no genere presión en el aumento tarifario requerido para mantener los subsidios como porcentaje del PBI”, afirmó Furiase.

El Gobierno abrió la discusión tarifaria para este año, luego de varios congelamientos. (Foto: Adobe Stock Center).

Es que, si bien los aumentos de tarifas se realizan siempre con autorización oficial, si el Gobierno opta por modificar el esquema tiene que asumir un mayor costo fiscal. “Si no aumentan, se empieza a agotar la cuenta de subsidios. La decisión de hacer un tarifazo o no significa asumir un costo fiscal y, por lo tanto, un déficit más alto. Si realmente quieren cerrar la brecha fiscal, van a tener que aumentar tarifas”, indicó Lorenzo.

Para empezar a recorrer ese camino, el Gobierno convocó para el 15 y 16 de marzo a las audiencias públicas para definir los incrementos que tendrá el servicio de gas natural por red, en tanto se esperan el llamado para la energía eléctrica, para la que días atrás Energía resolvió quitar subsidios por $35.000 millones y aumentar 50% las tarifas para los grandes usuarios industriales y comerciales.

En año electoral, y mientras se esperan detalle sobre la idea oficial de segmentación de los aumentos según la capacidad de cada hogar, en el sector energético se habla de que el Ejecutivo autorizaría aumentos en torno al 10% en el esquema de transición para este 2021, por debajo de los costos de las empresas indican.