Desde hace décadas, el sector universitario sostiene una expansión constante. Si se toma el período comprendido entre 1974 y 2018, hubo un crecimiento del 280% en la matrícula de las universidades nacionales, que pasaron de tener 431.781 a 1.640.405 alumnos. Ese crecimiento exponencial, sin embargo, no estuvo acompañado de una inversión que siguiera sus pasos y mucho menos de un sistema que premiara los buenos resultados.

En los últimos 45 años, Argentina mostró una expansión del 3,1% anual en promedio. Cuando en 1974, apenas tenía 17 estudiantes cada mil habitantes, hoy ostenta 37 cada mil; más del doble. No obstante, el gasto por alumno se desplomó: en valores actuales, pasó de 180 mil pesos anuales en 1974 a 73.000 pesos en 2018.

Los datos surgen del informe “Financiamiento Educativo Universitario. Estudio sobre la evolución histórica del presupuesto universitario nacional en la Argentina (1974-2019)”, del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Marcelo Rabossi (Universidad Torcuato Di Tella), Víctor Volman y Federico Braga.

“En Argentina el financiamiento de las universidades nacionales, año a año, se define a través de lo que se conoce como modelo incremental. Sobre la base del año anterior, se pacta un aumento de un X por ciento y en relación a las disponibilidades financieras del Estado. Digamos, no existe ningún mecanismo que premie a las universidades que han cumplido mejor su tarea u objetivos. No hay premio por resultados. A las más y a las menos eficientes se las recompensa de la misma manera”, explicó a Infobae Rabossi, autor del informe y especialista en el sector.

Evolución de la matrícula en las universidades nacionales

Presupuesto por alumno en pesos de 2019

Una de las principales razones que explican el alza en las matrículas es la implementación del ingreso irrestricto en 1983. Desde entonces, las universidades no pueden imponer exámenes de ingreso ni otras instancias que funcionen como filtros.

Por otro lado, lo que en gran parte explica la pérdida de en la inversión real son los períodos hiperinflacionarios primero e inflacionarios después. Entre 1983 y 1992, por ejemplo, solo el presupuesto creció un 38%. “Actualmente, para mantener la misma proporción de fondos por alumno del ’83, habría que duplicar en términos reales el presupuesto, situación absolutamente inviable dada la deteriorada condición económica del país”, advierte el informe.

El documento destaca que parte del ajuste se pagó con el régimen de contratación docente. El incremento de cargos docentes se produjo casi en su totalidad en la categoría denominada “simple”, con una dedicación horaria de hasta 10 horas semanales. En total, hoy representan el 70% de la plantilla docente. Esta modalidad es menos costosa, sobre todo para las instituciones que no priorizan la investigación en sus facultades. A modo de ejemplo, en universidades internacionales de investigación intensiva como Harvard o Princeton, menos del 20% de los docentes son de dedicación simple.

Sin premios a la eficacia

En países de la región como Colombia o Chile el presupuesto se asigna a partir de una fórmula que premia los resultados. Es decir, da más dinero si la universidad aumentó de año a año la cantidad de profesores con posgrados o el número de publicaciones en revistas internacionales o cuántos estudiantes extranjeros inscriben. Es el Estado quien incentiva los logros. En Argentina eso no sucede. Da lo mismo si se trata de la institución más o menos eficaz.

Hasta 2015 existía un mecanismo para alentar la eficacia, pero la reforma de la Ley de Educación Superior, que encabezó la ex diputada Adriana Puiggrós derogó el artículo. “Para gran parte de la comunidad académica, la competencia entre instituciones está mal vista. Es este un aspecto cultural que atraviesa no solo a la educación sino a varias dimensiones de la vida económica y cultural del país”, planteó Rabossi.

El experto hizo foco en un modo de financiamiento que se conoce como “double track” o doble carril. Ese mecanismo implica que las universidades, si bien son inicialmente gratuitas, comparten el costo con sus estudiantes. En general, les cobran a los alumnos que no aprueban determinada cantidad de materias o que se demoran más de la cuenta para recibirse. En teoría, el modelo genera incentivos para que el joven se dedique de lleno al estudio, aunque también termina castigando a los estudiantes que provienen de los sectores más pobres, con menor capital educativo de base.

“Para el caso argentino, es muy difícil implementar mecanismos de incentivos financieros para hacer más eficiente la operatoria de las universidades dado su sistema de libre ingreso. Además, tampoco existe algún tipo de orientación de la demanda para desalentar la superpoblación de alumnos en ciertas carreras. Ya de entrada, en el primer año, casi 4 de cada 10 estudiantes abandona. Digamos, armás una estructura enorme para recibir a 430.000 alumnos nuevos cada año, y antes de terminar el segundo cuatrimestre perdiste a unos 170.000. Esto no resulta ni muy eficiente ni muy equitativo”, añadió.

Para Agustín Claus, especialista en economía de la Educación en FLACSO, también hacen falta incentivos financieros para mejorar el rendimiento de las universidades: “Se debería incorporar la lógica de los mecanismos de asignación de los fondos según carreras y condiciones del acceso, permanencia y egreso de los estudiantes, e incorporar criterios objetivos que contemplen las necesidades de los estudiantes y las carreras para imprimir mayores niveles de justicia a la distribución de los recursos entre las distintas universidades nacionales”, sugirió.