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La Nacion.com
23/11/20

Promoción industrial. Los gobernadores del norte piden reeditar la ley de "reparación histórica"

Bernardo Kosacoff, miembro del Consejo de Dirección y profesor de la Escuela de Negocios, opinó sobre las condiciones necesarias para impulsar la promoción industrial.

Por Gabriela Origlia



El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela -quien integra junto a otros nueve mandatarios la Región Norte Grande (NOA-NEA)- adelantó que pedirá al presidente Alberto Fernández una ley de promoción industrial para el norte argentino como la que ya supo existir. "Teníamos ventajas comparativas tributarias que permitieron a las empresas radicarse bajo esas normas", dijo el mandatario.

Quintela hizo referencia concretamente a la ley 22021 que fue sancionada en 1974 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. El Régimen de Promoción Industrial buscaba incentivar, mediante diferimientos y liberación de impuestos nacionales, la radicación de empresas en La Rioja, San Luís, San Juan y Catamarca. Los interesados debían presentar un proyecto de inversión por 15 años. Para ese lapso se establecían exenciones de Ganancias e IVA que variaban desde 100% en los primeros cinco años hasta 15% en los últimos.

En diálogo con AM750, Quintela aseguró que un esquema similar a ese permitiría que las industrias inviertan en el norte del país por impuestos más bajos que en otras zonas. "Fuimos perjudicadas por el unitarismo, pero Alberto [Fernández] está haciendo cosas por el federalismo".

Aseguró que junto a sus pares del el Norte Grande (NEA-NOA) -con quienes se reunió hace unos días- van a plantearle a la Rosada varias alternativas para el desarrollo de la región, así como la reedición de la promoción industrial. "Buscamos una mirada más federal, que haya un criterio de inversión más equitativo, no tratar igual a las provincias que no lo son", expresó.

La ley que apuntó Quintela nació como resultado de un acta de "reparación histórica" de 1973 y se le imputaron cupos fiscales en los presupuestos nacionales. Fue prorrogada por decreto y venció en 2012. No sólo hubo empresas que acudieron a la Justicia, sino que Mendoza fue a la Corte Suprema reclamando que la promoción fuera para todo el país; terminó desistiendo en 2010 después de una serie de promesas de la Rosada. El régimen se interrumpió por el costo fiscal que implicaba: a 2011 se estimaba en unos $8000 millones anuales.

Quintela indicó que, además de la promoción industrial, sugerirán al Presidente un mayor desarrollo de líneas férreas en el norte y la explotación de la salida al Pacífico de aquellos distritos ubicados al noroeste. Los gobernadores que ya mantuvieron la primera reunión virtual fueron, además del riojano, los de Chaco, Corrientes, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Misiones y Formosa.

El economista Bernardo Kosacoff, de la Universidad Torcuato Di Tella, explicó a LA NACION que antes de cualquier decisión se debe hacer una "profunda evaluación social" porque transferir recursos debe apuntar a "mejorar la eficiencia y el bienestar" de la gente "si no es agravar más los problemas".

Sugirió que si se analiza la posibilidad de una promoción industrial se debe estudiar qué problemas y aspectos positivos tuvo la de hace más de 40 años. "El objetivo fue promover zonas rezagadas pero no hay que cometer los mismos errores; el contexto hoy es muy diferente. Siempre es complicada la situación general porque los recursos son escasos", describió, y alertó que los resultados de aquella ley no fueron iguales para las cuatro provincias. "San Luis fue diferente al resto", enunció.