Marcelo Rabossi, profesor investigador del Área de Educación de la Escuela de Gobierno, fue entrevistado en el programa Bipolares sobre su ensayo en el libro “Pospandemia” respecto a los problemas financieros que enfrentarán las universidades. El libro es una compilación de 53 ensayos con propuestas de especialistas en diversas áreas editado por el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE). “Es un acercamiento a pensar la política pública pero con datos más duros, empíricos y análisis centrados en observación científica”, dijo, y agregó: “Busca cuáles serían las políticas o las alternativas para ir pensando estratégicamente hacia donde debería ir el país”.

En su ensayo, Rabossi escribió sobre la educación superior. “Mi idea fue tener un primer panorama de manera amplia y comparada con lo que venía ocurriendo en el mundo, no solamente concentrarnos en Argentina porque no hay país que haya podido estar por fuera de este fenómeno”, comentó. Aún así, en Argentina el impacto en el caso de las universidades fue grande: “El sistema universitario argentino cuenta con 150 instituciones públicas y privadas que movilizan a 2 millones 200 mil estudiantes y unos 300 mil entre docentes y personal administrativo. De la noche a la mañana, hubo que movilizar 2 millones y medio de personas y reconvertirlas de la modalidad presencial a la remota, y eso provocó algún tipo de turbulencia”. A pesar de los conflictos, el especialista afirmó que “tuvo una reacción bastante rápida y eficiente como para poder reconvertirse”. 

Aún así, Rabossi explicó que va a enfrentar conflictos, siendo uno de ellos la fragilidad financiera que se extenderá tanto a universidades públicas como privadas. Sobre las públicas, dijo que estas “dependen del erario público en prácticamente un 85% de sus ingresos”, por lo que “estamos pensando en un recorte bastante grande del presupuesto”. Sobre las privadas, explicó que “dependen en un 90%, 95% del cobro de aranceles” por lo que no poseen ningún tipo de ayuda financiera “más allá de que están constituidas como fundaciones”. “Se está esperando una caída en la cantidad de alumnos y de ahí surge el temor de que algunas enfrenten problemas financieros, lo que es un problema sobretodo para los alumnos que ya tienen por ahí uno o dos años de cursada”, dijo. 

Para ver el lado positivo, Rabossi señaló que las universidades privadas “han sido bastante reguladas por el Estado desde su nacimiento en 1958, donde se aprobó la ley de educación superior privada”. “Cuando el estado o el ministerio ha dado, a partir de una reglamentación, la apertura de la universidad privada, ha tenido muy en cuenta la solvencia financiera”, remarcó.