¿Cuántas detenciones (digamos) “arbitrarias” tolera una democracia? ¿Cuándo una violación de los derechos individuales deja de ser un lamentable hecho aislado para transformarse en el modus operandi habitual de un régimen represivo? ¿Cuándo una democracia deja de estar “funcionando mal” y pasa directamente a dejar de ser una democracia? Estos interrogantes no tienen fácil respuesta. La frontera definitiva es imposible de determinar.

Lo que los analistas políticos intentan entonces es identificar una serie de señales de alarma que anticipan una posible amenaza a la continuidad democrática. Cuando fue electo Donald Trump en noviembre de 2016 Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos académicos estadounidenses, publicaron un influyente libro titulado “Cómo mueren las democracias” donde repasan varios de estos deslizamientos hacia el autoritarismo en la historia e intentan identificar estas señales.

La elección de Trump, con sus habituales faltas a la verdad, sus esfuerzos por polarizar el debate público, sus amenazas a que no reconocerá una eventual derrota electoral, sus ataques a la prensa, su utilización de los poderes estatales para investigar a sus oponentes y su creencia de que el Presidente se encuentra por encima de la ley inquietó a varios analistas.

Efectivamente, Trump parecía estar llevando la praxis política estadounidense a extremos inéditos. Por supuesto, más allá de la elogiada versión que tiene de sí misma, la democracia estadounidense no estuvo exenta de problemas en el pasado, con la tolerancia de la esclavitud y la segregación en el sur y los habituales problemas de racismo policial. Pero es cierto que la política “nacional” se conducía dentro de límites bastante autocontenidos. Levitsky y Ziblatt señalaron que Trump efectivamente parecía ser una amenaza a la democracia.

Esta hipótesis parece confirmarse. Hasta estos días los excesos de Trump parecían exageraciones de politólogos. Pero este último mes el gobierno estadounidense ha cruzado una línea roja. En junio de 2020, la administración Trump creó mediante orden ejecutiva una nueva fuerza federal a la que se le permite intervenir en los estados sin su permiso.

Durante julio esta fuerza actuó mediante vehículos sin patente y oficiales no identificados en varias ciudades tales como Portland o Seattle. Aunque esto generó indignación nacional, el presidente Trump amenazó con futuros despliegues en ciudades gobernadas por “demócratas”.

Grupos vinculados con la defensa de las libertades civiles (tales como la American Civil Liberties Union) manifestaron su preocupación por la inconstitucionalidad de estas medidas. Sin embargo, el martes 28 de julio circuló un video de un civil detenido por agentes no identificados y subido por la fuerza a una camioneta anónima, esta vez en la ciudad de Nueva York.

Estados Unidos ha cruzado una línea. Y esto está lejos de ser un detalle histórico en un país ajeno al nuestro. Un eventual descenso al autoritarismo en aquel país tendría efectos geopolíticos importantes en la región, especialmente fortaleciendo a los adláteres regionales de Trump y legitimando ese tipo de acciones. Tenemos que estar más alertas que nunca para prevenir sus efectos en nuestra región.

Juan Negri es politólogo (UNSAM-UTDT)