Expertos en derecho consideraron "inconstitucional" la creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Vicentin, que ayer se aprobó en el Senado por mayoría simple, y que tendrá la facultad de realizar allanamientos, secuestrar información, acceder a las causas judiciales y citar a testigos, llegando incluso a hacerlo por la fuerza pública.

Consultados por LA NACION, opinaron Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez y Roberto Gargarella. Para Sabsay, por la forma en que se aprobó, la creación de la Comisión es "nula". Gil Domínguez coincidió sobre ese punto y planteó, además, que no le corresponde a las comisiones investigadoras del Congreso ordenar medidas de prueba. Gargarella, en cambio, consideró que el problema es la forma en que se aprobó, por mayoría simple y no con el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara.

Hay un antecedente relacionado con las facultades de las comisiones investigadoras. En 1984, la comisión parlamentaria a cargo de investigar la compra de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad por parte del Estado ordenó un allanamiento en el estudio Klein & Mairal. El estudio presentó un amparo y lo ganó en las primeras instancias. La Corte Suprema, finalmente, consideró que la cuestión era abstracta.

El constitucionalista Andrés Gil Domíngez consideró que la Comisión Bicameral Investigadora de Vicentin es inconstitucional, tanto por su contenido como por la manera en que fue aprobada. "El artículo 18 es muy claro: establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Ninguna comisión puede arrogarse el juzgamiento, así como tampoco las medidas de coacción. La Comisión Investigadora puede investigar, relevar, hacer informes, pero cualquier medida de coacción se la debe pedir al juez", dijo Gil Domínguez a LA NACION.

El jurista Roberto Gargarella consideró que es "perfectamente constitucional" la creación de una comisión investigadora, pero sostuvo que el procedimiento no cumplió con el reglamento del Senado.

"Las comisiones parlamentarias de investigación son perfectamente constitucionales. Originadas en el parlamentarismo inglés en el siglo XVII, están reconocidas en una mayoría de constituciones europeas, en particular desde mediados del siglo XX", dijo Gargarella a LA NACION. Y agregó: "En el país tenemos una práctica bastante extendida en la materia. En todo caso lo importante es evitar que tales comisiones quieran interferir con la labor de la justicia, o reemplazarla en la decisión de una causa. Sin embargo, una sociedad democrática tiene el derecho de investigar, a través de sus representantes, sobre los asuntos de interés público que crea pertinentes".

Cuestionó, en cambio, la forma en que se aprobó la creación de la Comisión en el Senado: "Las comisiones, obviamente, deben organizarse conforme a lo que establecen los reglamentos de cada cámara, y la comisión designada ayer viola lo establecido en el artículo 88 del reglamento del Senado", dijo Gargarella. Se refiere a que el proyecto de creación de la comisión que se votó ayer fue aprobado por mayoría simple, mientras que el Artículo 88 de la Constitución establece que para la creación de comisiones especiales, mixtas o bicamerales e investigadores se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara.

Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la Comisión es inconstitucional, tanto por sus facultades como por la forma en que fue creada

El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que no debe sustituirse la labor de la Justicia en el accionar de las comisiones. "Las comisiones investigadoras de ninguna manera pueden sustituir a la jurisdicción competente. Lo que lleva a la eventual imputación de delitos de las personas o su eventual condena es competencia exclusiva de la Justicia. Las comisiones no tienen que tener un fin político ni persecutorio."

Sabsay consideró, además, que la forma en que se aprobó es violatoria del reglamento. "Es una decisión inválida ya que no se reunió la mayoría requerida por el reglamento. Los jueces nunca se han metido a revisar decisiones de las Cámaras. Pero en este caso no sería revisar el contenido, sino la forma, ver si se respetó o no el procedimiento establecido por el reglamento del Senado".

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