El profesor de la Escuela de Derecho Roberto Gargarella fue entrevistado por Pablo Rossi en Radio Mitre sobre la intervención que el presidente Alberto Fernández decretó en la empresa cerealera Vicentin.

“La posibilidad de la expropiación está prevista por la Constitución Nacional en el artículo 17, pero requiere de una ley. Segundo, si esto se va a hacer a través de un DNU también hay un problema porque los DNU están habilitados solamente cuando circunstancias excepcionales hacen imposibe que el trámite se haga por las vías normales”, explicó el abogado constitucionalista y recordó que en este momento el Congreso puede funcionar. Además, agregó que existe una intervención judicial: “No se entiende la intervención del Poder Ejecutivo sobre la intervención judicial”.

Luego alertó sobre problemas con la “cuestión procedimental” del caso: “Conviene ser muy cuidadosos con los modos. No estamos jugando a los dados”.

Gargarella aclaró que él no tiene prejuicios a favor o en contra de la expropiación: “Es una institución constitucional prevista para situaciones excepcionales, si se la lleva adelante por las vías adecuadas”. Pero aclaró que en este caso se descuidaron los procedimientos constitucionales.

Reclamó la necesidad de buscar consensos en la toma de decisiones, rechazó que se proceda “a las apuradas, improvisadamente” y dijo que así el gobierno “mina su propio camino, su propio objetivo”. Aclaró que él habría estado de acuerdo en ser persuadido con argumentos sólidos de la necesidad de la expropiación.

El abogado recordó que la pandemia demandó una limitación grave de derechos y que en ese contexto la ciudadanía estaba dispuesta a hacer esa concesión cuando se le explica bien el problema, ve que el gobierno tiende puentes con la oposición y se siguen los canales adecuados. “Pero si eso no se hace es porque tal vez en realidad no se quiere concretar la medida –se la anuncia pero no se la quiere llevar adelante-, o hay razones inconfesables públicamente y entonces hay que salir a encubrirlas”.

Para Gargarella el gobierno tenía una alternativa a mano, democráticamente sensata y procedimentalmente válida en términos constitucionales. “Que no se sigan esos caminos invita a una pregunta que no sé si el gobierno puede responder fácilmente”, dijo, y consideró que las vías que tomó el gobierno ponen en riesgo el objetivo que se pretende alcanzar.

“El apuro sugiere que hay razones no transparentes”, concluyó.