Roberto Gargarella, profesor de la Escuela de Derecho, fue entrevistado en Radio Mitre por Pablo Rossi sobre la existencia de presos políticos en la Argentina, el lawfare y la Causa de los cuadernos.

“No hay presos políticos. Hay impunidad”, se apresuró a responder Gargarella. Precisó que se considera a alguien como preso político “cuando ha sido detenido sin ninguna conexión con un delito efectivo; cuando no tiene doble instancia; cuando la única motivación es la decisión política no judicialmente realizable”. Sin embargo, consideró que nada de eso existe en la Argentina. “Lo que sí existe es impunidad”, aclaró.

Con respecto al funcionamiento de la justicia, dijo que “funciona mal”. Pero no sólo por cuestiones de demoras, sino por sus vínculos con el poder. “Hay muchas decisiones muy contaminadas”, dijo, y advirtió que ese problema fue creado por la clase política porque necesita referencias judiciales cercanas para poder obrar más tranquilamente.

“Se dice que hay presos políticos para embarrar las causas de corrupción contra funcionarios del kirchnerismo”, opinó, aunque matizó: “Eso no quita que la justicia en la Argentina sea mala”.

Consultado sobre el lawfare, su opinión fue tajante: “Es una pavada, una tradición de teorías conspirativas que se han querido abrazar desde la derecha y desde la izquierda”. Agregó que la idea del lawfare es un “invento al que no hay que darle ninguna entidad”. Explicó que su origen también es espurio y proviene de la ultraderecha norteamericana preocupada por el activismo de los derechos humanos.

Sin embargo, consideró que en la Argentina sigue funcionando un sistema de revisión de causas, de respeto básico de garantías. Aunque, en referencia a la llamada Causa de los cuadernos, advirtió: “Es difícil que volvamos a tener la oportunidad de poner en juicio al poder empresarial y político, que ha estado haciendo negocios a espaldas nuestras. Eso lo sabe todo el mundo. Hay testimonios como nunca los ha habido”.

Agregó que en esta causa se obtuvieron niveles de prueba excepcionales. Con respecto a la Ley del arrepentido, Gargarella la calificó como “completamente legítima”. Explicó que es un “modo desesperado”, pero completamente adecuado al derecho.

Además dijo que en la Argentina ha habido” buenos y malos usos” de las prisiones preventivas. Pero la consideró una herramienta ajustada al derecho, que ha sido sujeta a revisiones permanentes y que ha dado la oportunidad de enfrentar “un problema gravísimo con una cantidad de pruebas que no vamos a volver a tener nunca”.

Por fin, alertó: “La clase empresaria tiene que saber que la historia no pasa en vano y que las sociedades se vienen poniendo de pie”.